Carlos Andrés Ascaíni, el vecino de Villa Cañás apuntado por ser un importante narcotraficante del sur provincial que actuaba bajo la protección de la policía santafesina al mando del comisario Hugo Tognoli, fue apresado en su casa de esa localidad del departamento General López. Hasta allí llegó la mañana de ayer una comitiva de la Policía Federal con una orden librada por el juez federal Carlos Vera Barros, el mismo que dos días antes lo había notificado para que se presentara mañana en su despacho a fin de ser indagado en el marco de la misma causa por la que el jueves fue apresado el ex jefe de la policía santafesina. La acusación por la que ambos están presos ahora es la de ser "coayotres de tráfico de drogas en la modalidad de tenencia para la comercialización, agravado por el concurso organizado de tres o más personas". En el caso de Tognoli, la acusación se agrava por "su calidad de funcionario destinado a reprimir esos delitos". Para el fiscal, ambos son parte de una "empresa criminal conjunta" de la que también habrían participado otros dos policías ya procesados: el comisario Néstor Fernández y el cabo Carlos Quintana, ambos en libertad.
Cuando la mañana se sacudía con la novedad de que el juez federal Vera Barros había citado a El vasco Ascaíni para indagarlo por la misma imputación por la que ya dejó preso al ex jefe de la policía santafesina, el timbre de la casona de Ascaíni en Villa Cañás sonó insistentemente. "¿Usted es Carlos Andrés Ascaíni?", le preguntaron al hombre que abrió la puerta. Cuando respondió afirmativamente, uno de los agentes federales le comunicó que quedaba detenido. Ascaíni llamó entonces a su abogado, el penalista rosarino Paul Krupnik, y marchó preso a la delegación de la Federal en Venado Tuerto. Desde el 6 de noviembre gozaba del beneficio de prisión domiciliaria con permisos laborales. Fue tras ser liberado bajo fianza después de estar seis meses preso en la cárcel de Piñero en otra oscura causa por tenencia de drogas (ver aparte).
Es político. "Es imposible no pensar que todo ésto tiene un trasfondo político serio", dijo ayer el abogado Paul Krupnik. "No dudo que la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, bajó una orden al fiscal federal Juan Murray para que le imprimiera cariz político al expediente que se inició en 2009 pero se activó por una publicación periodística tres años después. Pero bueno, Murray es el fiscal y debe hacer su trabajo. Pero que el juez Carlos Vera Barros se preste a eso me parece un despropósito", indicó el abogado de Ascaíni. Y adelantó que recusará al magistrado porque "no brinda las mínimas garantías al derecho de defensa" (ver página 40).
Krupnik también se mostró sorprendido por la figura jurídica utilizada por el fiscal para imputar ahora a su cliente y al comisario Tognoli. "La figura de la «empresa criminal conjunta» es tan rebuscada que sólo recuerdo que haya sido utilizada en el juicio que el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, que funcionó en La Haya, hizo contra el ex presidente serbio Slobodan Milosevic. Pero a Milosevic (quien murió en medio del juicio) lo acusaban de genocidio", indicó Krupnik.
Cambio de orden. Otra de las sorpresas de las que habló el abogado de Ascaíni fue de cómo se dio la detención de su cliente. "El jueves a la mañana, tal como ustedes publicaron hoy en el diario (ayer), Ascaíni recibió una citación del juez Vera Barros para presentarse en el juzgado el lunes a prestar declaración. Ante eso yo me constituí ante el secretario del juzgado el viernes a la mañana y asumí su representación. Entonces me dijeron que estaba ligado a la causa por unas supuestas escuchas en las que mi cliente habló con la comisaría de Villa Cañás para que le averiguaran de quien eran los dos autos que lo seguían. Y digo supuestas escuchas porque el teléfono desde el que se hizo esa llamada no es de mi cliente y, que yo sepa, sólo hay transcripciones de esas escuchas pero no están los casetes donde se pueda comprobar que la voz en cuestión es de Ascaíni", indicó Krupnik.
La denominada "causa Tognoli" estalló con la publicación de una nota en el diario Página/12 el 19 de octubre de 2012. Bajo el título "La delgada línea blanca" se revelaba una investigación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) del año 2009, es decir tres años antes de la publicación, en la cual el comisario Hugo Tognoli brindaba protección a Ascaíni para que realizara sus narconegocios. Al momento de la pesquisa Tognoli era jefe de la ex Drogas Peligrosas, pero al momento de la nota era el máximo responsable de la policía provincial.
Las pruebas. En la investigación de la PSA hay dos pruebas que vinculan a Ascaíni y Tognoli. Una es un intercambio de mensajes de texto entre Nilda L., dueña de un prostíbulo de Venado Tuerto, y el comisario mayor Oscar La vaca Ledesma. En el cruce de textos la mujer le pide asesoramiento al uniformado para vender cocaína en su local. Y en respuesta, el comisario hoy retirado, le indicó que debía pagarle 30 mil pesos a Tognoli y que la droga debía comprársela a Ascaíni, en Villa Cañás. El juez Vera Barros procesó a La vaca Ledesma por "incumplimiento de los deberes de funcionario público", pero el fiscal no lo asoció a la supuesta "empresa criminal conjunta".
La otra prueba es una llamada que, según la PSA, realizó el propio Ascaíni el 29 de noviembre de 2009 a la comisaría de Villa Cañás para solicitar que le averiguaran de quien eran los dos vehículos que lo perseguían (una camioneta Isuzu y una Fiat Fiorino) y que luego se comprobó eran de la PSA. Así, tras la detención de Tognoli en octubre pasado, fueron detenidos el comisario Néstor José Beto Fernández, quien en 2009 era jefe de la brigada antinarcóticos con asiento en Venado Tuerto y usuario de la clave alfanumérica con la que se averiguó en el Registro Nacional de Propiedad Automotor la pertenencia de los dos vehículos que perseguían a Ascaíni; y el cabo Carlos Alfredo Quintana, numerario de la comisaría de Villa Cañás que recibió el pedido del supuesto narco. Estos dos uniformados fueron procesados por el juez Vera Barros, pero esperan el devenir de la causa en estado de libertad.
Otra lectura. El 5 de noviembre del año pasado el juez Vera Barros dispuso la falta de mérito de Tognoli y ordenó su libertad tras 15 días de detención. La fiscal Liliana Bettiolo, quien por entonces investigaba la causa, no apeló la medida y eso no cayó bien en las esferas políticas de la Capital Federal. Así, los primeros días de diciembre la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, ordenó el desplazamiento de la funcionaria y su reemplazo por Juan Patricio Murray, a quien acompaña Federico Reynares Solari en carácter de fiscal ad hoc para intervenir en forma conjunta o alternada en representación del Ministerio Público Fiscal en todas las causas en las que interviene la Fiscalía Federal 2 de Rosario.
Una de las primeras medidas adopatadas por Murray fue llamar a declarar, el 6 de diciembre pasado, a Jorge Likerman, responsable del Departamento de Servicios Informáticos de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios a la cual se consultó por la pertenencia de los vehículos que seguían a Ascaíni. Los dichos del perito fueron valorados por el fiscal para cambiar la acusación contra Tognoli y Ascaíni, a quienes acusa de conformar una "empresa criminal conjunta".
Lo que Likerman dijo es que Tognoli "validaba" las averiguaciones que sus subordinados hacían en el RNPA para saber a quien pertenecían los autos investigados. Aunque esa validación es cuestionada por la defensa del ex jefe policial (ver página 40). Y, en ese marco, el fiscal dice que "Ascaíni traficaba con estupefacientes, Tognoli suministró la clave del RNPA a sus subordinados y convalidó las consultas ilegales realizadas por éstos, el comisario Fernández y el cabo Quintana utilizaron la clave para saber quienes seguían a Ascaíni y decírselo. Y eso le permitió a Ascaíni intentar evadir la investigación y la acción de la Justicia y continuar con el tráfico de estupefacientes con cuyas ganancias también se benefició la fuerza dirigida por Tognoli".
El juez Vera Barros aceptó el cambio de imputación y no sólo indagó a Tognoli y Ascaíni sino que también los detuvo. Ahora tiene 10 días hábiles para decidir la suerte procesal de ambos. Claro que la situación política parece ser muy distinta a la que imperaba en los últimos meses del año pasado.
