El artículo publicado la semana pasada por el doctor Gabriel Ganon ha tenido amplísimas repercusiones aunque, a mi parecer, por razones equivocadas. Ganon expresa su preocupación por la irracional reacción social ante “el brutal asesinato de Leandro Zini” y por la ineficacia, perversidad e inconstitucionalidad del procedimiento que se le aplicara al menor inimputable presuntamente autor del crimen. Ante estas expresiones los comentaristas de la noticia saltaron sobre el cuello de Ganon como si él mismo hubiera sido el portador del arma homicida o hubiera reclamado por la irrestricta libertad del autor de esa muerte absurda. No fue eso lo que pidió, cuestionó el mecanismo institucional por el cual se concluyó que el menor inimputable era el autor. Tal vez ese menor sea el autor del “terrible crimen” (así lo califica el defensor provincial), o tal vez no, lo cierto es que el procedimiento utilizado le cierra las puertas a un pronunciamiento judicial válido, y esto es así por cuanto el mismo se contrapone con nuestra Constitución nacional y con tratados internacionales que se han incorporado a ella. También reaccionó el Colegio de Magistrados, pero en vez de recoger el guante en lo relativo a la cuestión central que se planteara, lo hizo respecto de las formas utilizadas por el defensor cuando expresara que “… el niño ha caído en la trampa que le tendieron jueces, fiscales y asesores”. Ningún lector avezado puede interpretar de buena fe que las palabras de Ganon, así lo entiendo, iban dirigidas a jueces, fiscales o asesores con nombre y apellido, o que los calificaba de tramposos en lo personal. Quienes desde hace años recorremos diariamente los juzgados penales sabemos que, efectivamente, el sistema es “tramposo”, sin perjuicio del respeto que en lo personal nos merezcan sus operadores. La fuerte reacción del Colegio de Magistrados tal vez se explique, no lo sé, por la formación civilista de quien la formula en su representación, pero lo cierto es que desplaza el eje de la discusión de aquello que verdaderamente importa. Otro defensor, eventualmente, hubiera elegido palabras más corteses que las utilizadas por el doctor Gabriel Ganon, pero los penalistas sabemos que el núcleo de su artículo responde rigurosamente a la verdad. Quiero terminar con una verdad de perogrullo: nadie está exento, justa o injustamente, de ser acusado por algún hecho delictivo y todos, en ese supuesto, desearíamos contar con la asistencia de un defensor de confianza, y en mi caso, si ese día me llegase, no dudaría en elegir a un defensor al que le falte cortesía pero le sobren convicciones y coraje.
