Quiero dirigirme al director de Atención Primaria de la Salud de la ciudad de Rosario, Ignacio Gómez, y al director provincial de Políticas de Géneros e Interculturalidad (¿qué será esto último?) para expresarles públicamente que algo no está bien en cuanto al uso (abuso) del Protocolo para la Atención Integral de Personas Víctimas de Violaciones Sexuales. En un matutino del 21 de abril pasado publicaron una extensa nota de la cual voy a tomar algunos párrafos textuales porque creo que merecen un análisis sociocultural. “En la ciudad tenemos un protocolo de aborto no punible desde 2007, fuimos la primera Municipalidad en contar con este instrumento”. ¡Qué adelantados! “La Municipalidad compra oficialmente misoprostol, la droga que en la Argentina se comercializa como Oxaprost, con uso indicado para úlceras gástricas”. “Hasta las nueve semanas no tenemos dudas, se utiliza misoprostol”. Y ahora quiero ocuparme directamente de las cifras expresadas que acá es dónde queda evidenciado que el protocolo está siendo burlado y sólo sirve para ocultar el delito, porque no debemos olvidarnos que el aborto es un delito según nuestra Constitución. Dice el artículo que en 2013 se realizaron 350 abortos dentro del marco del protocolo, o sea violaciones. Voy a comentarles a ambos que hay estudios realizados por diversas universidades en el mundo que han estudiado las posibilidades que hay de que una mujer quede embarazada en ocasión de una violación, y lamento decirles que son mínimas. Es más, en el peor de los casos es un 0,6 %, en otros la posibilidad es casi nula, y detallan por qué es casi nula. Por todo esto es que me propuse ver matemáticamente de cuántas violaciones estaríamos hablando si hubo 350 embarazos. Y la cuenta es fácil, nos da que más o menos en 2013 se produjeron unas 64.000 violaciones, algo así como 5.333 violaciones por mes, ó 175 por día, más de siete violaciones por hora. Señores Ignacio Gómez y Daniel Teppaz, algo huele muy mal, ustedes son responsables de las muertes de individuos inocentes bajo un manto de mentiras. Esto es simplemente matemáticas, ni siquiera pongo en tela de juicio que el protocolo aleja a la ley del delito, que ese debate creo debería darse para determinar que el protocolo es inconstitucional, como ya se determinó en la provincia de Córdoba. Espero también que algún fiscal, abogado o juez, pueda actuar de oficio con todos estos datos aportados.
