La noche del 15 de septiembre del año pasado Santiago Pérez, conocido como "el Gordo", fue acribillado de seis balazos cuando manejaba un auto importado en San Juan y Larrea. En sus movimientos iniciales, la pesquisa del homicidio trató de definir la manera en que Pérez, que no era un contribuyente inscripto ante la Afip, había adquirido ese Peugeot 308 convertible de origen francés. Entre los datos marginales de esa investigación iniciada hace once meses se corrobora ahora que un policía de reiterada exposición pública, el oficial Juan José Raffo, poseía una tarjeta azul del vehículo en el que mataron a Pérez, lo que le permitía conducirlo.
El policía en cuestión, actualmente en disponibilidad, es un oficial de perfil controvertido, que a la vez que ha denunciado a camaradas por hechos de corrupción ha sido objeto él mismo de imputaciones diversas en causas penales. Y asimismo señalado reiteradamente en acusaciones recogidas por los medios de prensa, que le atribuyen tener lazos con personajes del hampa (ver aparte).
Dos juzgados. En momentos en que las conexiones entre empleados de las fuerzas de seguridad con individuos vinculados al delito impregnan el debate público, el dato de que el oficial Raffo sea portador de una tarjeta azul del auto en el que Pérez fuera ejecutado a mansalva llamó la atención en dos juzgados. En el que tiene el expediente por el homicidio de Pérez, a cargo de María Luisa Pérez Vara, y también en el que investiga las relaciones entre distintas bandas criminales, impulsada por Juan Carlos Vienna.
De 35 años, Pérez era al momento que lo mataron un hombre con antecedentes penales por amenazas calificadas y robo a mano armada. El tenía la cédula verde como poseedor del Peugeot 308 cabriolet negro y Raffo la cédula azul, documento que permite su uso con el consentimiento de quien figura como titular.
La compra. Entre las múltiples medidas adoptadas con el fin de aclarar el asesinato de Pérez, el fiscal Enrique Paz remitió a pocos días del hecho oficios a distintas reparticiones oficiales para averiguar detalles sobre la adquisición del auto que manejaba cuando lo fulminaron de seis balazos calibre nueve milímetros. "Queremos saber cómo pudo justificar Pérez la compra de un vehículo de 160 mil pesos", afirmaban fuentes tribunalicias a este diario hace casi un año.
Para transferir un vehículo usado de valor superior a los 30 mil pesos el vendedor debe completar ante la Afip el denominado formulario Ceta, que es el certificado de transferencia de automotores, donde se consignan los datos del comprador. En este caso lo que se investigaba el modo en que una persona no inscripta fiscalmente, como era el caso de Pérez, había realizado la operación.
En el marco de esa pesquisa una consulta a la Dirección Nacional Registro Propiedad Automotor (DNRPA) establece que el Peugeot 308 importado dominio IQA 269 a nombre de Santiago Adolfo Pérez, titular absoluto del vehículo, tiene una cédula asociada para autorizado. Esta tarjeta lleva el número 10194133 y está a nombre de Juan José Raffo. El legajo está radicado en el registro Nº 18 de Rosario. Ahora está pendiente que al DNRPA remita esa carpeta para incorporarla al expediente del juzgado de Instrucción Nº 5.
El pago. El hecho de tener una tarjeta azul del vehículo de una persona asesinada no genera para Raffo, ni para nadie, ningún tipo de afectación legal. Pero en esferas medias y superiores del Poder Judicial el dato de que el oficial Raffo tenga una cédula azul del vehículo de Pérez no pasó desapercibido. En Tribunales se proponen establecer si este policía fue quien realizó en persona el pago del vehículo en la concesionaria Aupesa, más allá de que el titular inscripto haya sido el malogrado Pérez.
Empleados de varias concesionarias fueron requeridos por el juzgado de Vienna hace dos semanas. Este juez investiga a una asociación ilícita con tres grupos diferenciados dedicados a delitos como homicidios por encargo, acopio de armas y extorsiones. Su hipótesis es que estos delitos se encuadran en el accionar económico del grupo. Por eso le interesa establecer qué destino dieron al dinero obtenido, que derivaron, en casos numerosos, a propiedades inmobiliarias y vehículos.
Investigaciones posteriores a su muerte corroboran que Santiago Pérez tenía muy estrecha relación con Esteban Alvarado, una hombre joven residente en la zona oeste de Rosario que poco antes del homicidio de Pérez fue detenido por orden de un juzgado de garantías de San Isidro. Actualmente Alvarado espera un juicio oral y público tras haber sido procesado como jefe de una organización ilícita que robaba autos en el norte del conurbano bonaerense y los traía a Rosario para ser revendidos o desguazados.
Denunciante de cajas negras y condenado
El último destino del oficial Juan José Raffo fue como secretario del jefe de Inspección 3ª, el área que abarca el estadio de Newell’s, razón por la cual tenía conocimiento de los protagonistas de la barra brava rojinegra.
Pero estaba en funciones cuando su nombre tuvo relevancia pública. El 9 de enero de 2006 el dueño de una pensión de Zeballos al 1000 denunció la sustracción de una puerta de dos hojas de la pieza que ocupaba Atilio T., quien desapareció debiendo un año de alquiler. El inquilino fue detenido a los dos meses por otra causa (de la que luego fue desvinculado) y dijo que le había entregado la puerta a Raffo para que lo favoreciera en ese sumario.
En la casa de Raffo se secuestró una puerta de esas características. El policía sostuvo que se la había comprado a un comerciante, quien respaldó su relato, y un carpintero declaró que la había achicado. Por este caso el juez Julio Kesuani lo condenó a un año de prisión. La Cámara Penal confirmó la sentencia.
Desplazado. En febrero de 2009, Raffo fue puesto en disponibilidad tras una serie de denuncias anónimas que no prosperaron. Cuando se defendía de esas acusaciones, al declarar en la misma Jefatura, optó por un buen ataque: reveló mecanismos de recaudación ilegal en la Inspección de zona 3ª, donde él trabajaba. Dio nombres, cifras y datos de aportantes a la red a la Dirección de Asuntos Internos.
Se inició en base a su relato una investigación por la que varios de sus superiores fueron relevados. Y reveló la protección de jefes policiales a barras de Newell’s.
Esa denuncia finalmente fue archivada en la Justicia.
Raffo había argumentado que las denuncias en su contra eran una venganza de ex camaradas luego de haber incriminado a un hijo del jefe barrabrava Roberto “Pimpi” Caminos, que en ese momento estaba prófugo, en el asesinato de Sebastián Galimany ocurrido en la zona sur.
Por aquel momento el abogado de Caminos, Carlos Varela, señalaba que Raffo embestía contra su cliente porque estaba vinculado al sucesor de “Pimpi” en la barra rojinegra, Diego “Panadero” Ochoa, y que junto a este pretendía quedarse con el manejo de la seguridad de Newell’s.
