La crisis económica en desarrollo ha disparado una serie de problemas que como una verdadera catarata inunda y avasalla a nuestra sociedad en el día a día. Asistimos absortos a la formulación de los reclamos más disímiles y variados, siempre en defensa de supuestos derechos amenazados, sobre todo cuando de intereses meramente económicos de determinados grupos se trata. Es así que el turno ha llegado al ahora controvertido Código Urbano que al parecer lejos estaba de haber sido “digerido” por los empresarios y financistas de la industria de la construcción. A esta actividad que ha crecido desmesuradamente en las últimas décadas a la sombra del boom agro-sojero, poco le ha importado el tema del respeto a normas mínimas de urbanización, de cuidado del ambiente, de la factibilidad de armonizar y compatibilizar la provisión de servicios esenciales, etcétera. La extrema concentración de las inversiones en zonas densamente pobladas de la ciudad así como la proliferación de los barrios cerrados dotados de fastuosas construcciones muestran a las claras la inversión desordenada destinada a satisfacer la demanda de la clase acomodada. A la anarquía hubo que anteponerle el mentado Código Urbano que ha sido discutido y consensuado. Si se observa la realidad en materia de vivienda hay un déficit monumental y dramático: millones de familias viven en condiciones harto precarias por no decir miserables sin que se avizore en las plataformas políticas tan siquiera un párrafo dedicado al tema. Los profesionales (arquitectos, ingenieros) no aventuran una opinión al respecto. El gremio de la construcción, como furgón de cola de los inversionistas, apoya la movida de los empresarios supuestamente en defensa de las fuentes de trabajo. ¿Habrá hecho el gremio de la construcción un censo destinado a saber cuántos afiliados al mismo gozan de una vivienda digna? El gobierno nacional, rápido de reflejos para asistir a General Motors con créditos millonarios para apuntalar la fabricación de automóviles, sólo destina créditos hipotecarios de dudosa accesibilidad para una clase media cada vez más diezmada. Tenemos una ciudad rodeada por espacios enormes para urbanizar correctamente. La solución estaría en legislar con miras a presionar sobre los inversores obligando a destinar un gran cupo de sus enormes recursos a la construcción de viviendas sociales bajo el control y con la garantía del Estado, cooperativas, gremios y organizaciones de los propios interesados. Se aseguraría así trabajo para los obreros y profesionales de la construcción y se paliaría el déficit habitacional. ¿Qué es más prioritario: un nuevo modelo de automóvil o la vivienda digna para nuestros ciudadanos?
