El Vaticano abrirá el lunes un juicio al informático Claudio Sciarpelletti, acusado de complicidad con el ex mayordomo del Papa, Paolo Gabriele, en la filtración de documentos confidenciales del pontífice a la prensa, mejor conocido como el escándalo de Vatileaks.
Sciarpelletti, de 48 años, que trabajaba para la Secretaría de Estado, gobierno central de la Santa Sede, será juzgado por "receptación" por la autoridad judicial del Vaticano.
Sin embargo, las autoridades eclesiásticas consideran que su papel ha sido "marginal" en el escándalo, según adelantó el vocero de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi.
Pese a que el Vaticano minimiza su papel, el juicio podría aportar elementos sobre las verdaderas razones que llevaron al mayordomo de Benedicto XVI a traicionar su confianza y si ha sido manipulado por sectores internos o externos a la curia romana.
El juicio al ex mayordomo papal, condenado en octubre a 18 meses de cárcel por "robo agravado", no llegó a abordar esos aspectos y dejó más interrogantes que certezas.
Durante la primera audiencia del juicio, el pasado sábado 29 de septiembre, los jueces establecieron que el papel de Sciarpelletti había sido marginal ya que se había limitado a transportar o conservar sobres cuyo contenido no estaba ni siquiera clasificado.
El juez presidente del tribunal, Giuseppe Dalla Torre, ordenó ese mismo día separar el caso de Sciarpelletti del de Gabriele y celebrar un segundo juicio, el cual se abrirá mañana.
Gabriele ha sido convocado como testigo y hay muchas expectativas sobre su exposición.
Conocido como "Paoletto", el ex mayordomo del Papa trabajaba en el apartamento papal desde 2006, tras haber estado al servicio del prefecto de la Casa Pontificia, James Harvey, recién designado cardenal.
El mayordomo formaba parte de la llamada "Familia pontificia" y era considerado además como un hijo por Benedicto XVI, quien podría decidir otorgarle la gracia.
Sciarpeletti, en tanto, es un laico experto en informática, involucrado tras el descubrimiento en un cajón de su escritorio de un sobre en el que se leía "personal P. Gabriele" (ver aparte).
Las versiones sobre la relación que mantenían los dos funcionarios han sido contradictorias y si para uno se trataba de una simple amistad, para el otro era un colega de trabajo, aunque las familias se conocían y solían salir juntas.
La fiscalía vaticana resolvió por lo tanto acusarlo de complicidad.
El informático, que no asistió al juicio contra Gabriele, negó toda complicidad y se declara inocente.
Su abogado subrayó que no ha intentado desviar las investigaciones ni cubierto a Gabriele y que él mismo señaló al mayordomo como posible autor de las filtraciones.
Preocupa la imagen. Presentados como una apertura del Vaticano, los juicios públicos e inéditos resultan una manera de limitar los daños a la imagen de la jerarquía de la Iglesia católica, desacreditada grandemente en los últimos años por los escándalos y luchas internas por el poder.
Para la Secretaría de Estado la sentencia contra Gabriele "pone punto final a un asunto doloroso" e inclusive antes del fallo resaltó que las investigaciones han demostrado que "no existe algún complot" contra el Papa y sus asistentes.
No obstante, un informe interno elaborado por tres cardenales y entregado al Papa en julio no ha sido empleado ni citado por la autoridad judicial, lo que genera mucho desconcierto.
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