Vicentin, expropiación y qué viene después

El Estado estuvo ausente desde el 4 de diciembre pasado cuando la empresa dejo de pagar por la mercadería entregada. En 7 meses nadie acerco una solución porque esto tenía que encarrilarse en el sector privado. Ahora propone la expropiación, soberanía agroalimentaria y un cambalache jurídico.

Vicentin dejo de pagar sus deudas el 4 de diciembre de 2019, durante los 4 meses anteriores la transición política llevo a que los productores liquidaran sus tenencias en la empresa, porque el nuevo gobierno podría elevar las retenciones. El negocio exportador se caracteriza por una gran cantidad de mercadería que llega a la fábrica en tiempos de cosecha, y sale lentamente en el transcurso del tiempo, en esa fecha se vivió una corrida granaría y toda la mercadería se reclamó en menos de 30 días. Desde el 2018 las tasas de interés crecieron y debido a las elecciones presidenciales sumado a la crisis económica, los bancos cortaron todo tipo de financiamiento, inclusive los bancos oficiales. La empresa, venía sufriendo una suba de impuestos que la ahogaba financieramente y comprometía su capital de trabajo. El final era cantado.

Esto era lo que sucedía en diciembre de 2019, ni el presidente saliente y el electo se ocupaba de este problema. El paso del tiempo profundizo la crisis, productores que sufrían un impago de u$s 350 millones salieron a vender campos, vacas y lo que les quedaba para sobrevivir en esta coyuntura. La cadena de comercialización se resquebrajaba, muchos acopios, cooperativas y casas de corretaje entraban en impagos por el efecto domino de estas medidas.

El Banco Nación le presto a la empresa cerca de $ 18.000 millones, no lo hizo todo en la gestión de Mauricio Macri, sería bueno repasar cuanto le prestaron en anteriores gestiones, hubiera sido necesario asistir a la empresa con más dinero o bien ayudarlo a encontrar una salida sin caer en la cesación de pagos que complico el funcionamiento de toda la cadena comercial.

Lejos estuvo el Estado de salir a buscar ayuda a este sector de la economía, la empresa Vicentin dejo de funcionar, aunque pago religiosamente los salarios de los trabajadores. Nadie se acordó que la empresa tendría que volver a funcionar, los dueños salieron a buscar un acuerdo preventivo extrajudicial, pero las mayorías no eran fáciles de conseguir, con lo cual todo cayo en un concurso de acreedores, en donde nadie tiene fecha cierta de cobrar nada, porque la empresa durante todo este período no pudo funcionar.

Pasados 7 meses desde la salida de mercado, aparece el Estado con una solución mágica, expropiar la empresa. Los argumentos son falaces, ya que confunden la empresa bajo concurso preventivo, y el grupo económico en que esta inserta. La empresa se dedica a comprar granos, procesarlos y exportarlos, nada más alejado de la mesa de los argentinos. Cuando hablan de soberanía agroalimentaria, se nota que no leyeron la misión de la empresa, no saben lo que producía, y desconocen que el argentino medio no come soja, y tampoco la utilizamos para la producción de proteína cárnica como hacen otros países.

Expropiar la empresa es aceptar que el Estado se hará cargo de una deuda de u$s 1.300 millones, más las cotas de los abogados intervinientes, un gran negocio para los profesionales del derecho. No parecería una prioridad ingresar en semejante problema, máxime cuando hay otros grupos empresarios que desearían ingresar en este negocio, y los problemas económicos quedarían entre privados.

Por otro lado, hay miles de productores que esperan una solución, ya que su futuro depende de cobrar lo que honrosamente produjeron, entregaron y fueron estafados al no poder cobrar sus acreencias.

El Estado tardo 7 meses en darse cuenta que era una prioridad ocuparse del tema, a esta altura los productores ya se fundieron o bien están sorteando el problema como pueden, hoy su mirada esta puesta en poder volver a sembrar para licuar perdidas, y del gobierno reciben el trato de especuladores que no venden su mercadería, cuando en verdad están sobreviviendo ante la crisis sistémica del sector, que no fueron ellos los que la generaron.

El productor vive en un escenario de imposición fiscal en permanentes cambios. Sus balances no pueden ajustarse por inflación, con lo cual pagan toneladas de impuesto a las ganancias, y como son muy eficientes para producir el Estado les coloca un impuesto a las retenciones de fácil recaudación que opera como una piedra en el cuello de los productores, quitándole buena parte de la rentabilidad del negocio.

El 75% del campo se trabaja bajo la modalidad de arriendo, el 25% restante lo trabajan dueños, que para poder sobrevivir alquilan campos. La atomización es muy alta, quien vive de la renta no es un dueño de 5.000 hectáreas, son familias que han heredado 200 o 300 hectáreas y las dan en arriendo porque ya no es negocio producir una escala tan pequeña.

Quien hoy tiene una acreencia con Vicentin ve la llegada del Estado a la empresa como una salvación, en 7 meses no encontró respuestas, y la salida más probable era comenzar a cobrar a partir del 2022. Los probables compradores de la empresa no contaban con los mejores antecedentes, y no eran pagadores seriales. La expropiación en muchos sectores es vista con una buena salida a poder cobrar en algún momento.

Los ciudadanos ven en la expropiación una perdida no menor a u$s 1.500 millones, esto implica más impuestos, emisión monetaria e inflación. ¿Por qué tengo que pagar yo el problema de otro? Por otro lado, una señal como la intromisión del estado en la economía ponen en alerta a los acreedores del país, ¿hablan de que no tienen dinero, pero se cargan una empresa exportadora como quien va al kiosco a comprar un alfajor? La reestructuración de la deuda pública venia difícil, y ahora se ponen más difícil.

La empresa del Estado que se haría cargo de la operación es YPF agro SA, una gran empresa a la que el propio Estado le carga una piedra lunar como Vicentin que empañará los buenos indicadores con que cuenta en esta coyuntura.

El propio Estado no se ocupó de este problema hace 7 meses atrás, y hoy sale a querer solucionar todo con una medida de dudosa legalidad, cuando en realidad el Estado debería arbitrar los medios para que la opinión pública sepa porque la empresa cayo en este problema, que responsabilidad tienen los dueños en el presente financiero de la compañía, y como poder ayudar a sobrellevar el problema a aquellos que están involucrados en este conflicto sin responsabilidad alguna.