En un escenario turbulento, donde ya no se puede esconder la inflación bajo la alfombra, el gobierno empezó a dar señales esta semana de por dónde rumbeará su plan para controlarla.

En un escenario turbulento, donde ya no se puede esconder la inflación bajo la alfombra, el gobierno empezó a dar señales esta semana de por dónde rumbeará su plan para controlarla.
Aunque en las últimas semanas surgió una nueva disputa al interior de la administración de Cristina sobre las fórmulas para frenar la suba de precios que enfrentaban las posiciones del titular del BCRA, Martín Redrado _partidario de un dólar bajo y el mantenimiento de tasas altas_ y el ministro de Economía, Carlos Fernández _quien insiste en profundizar el modelo K sustentado en un dólar competitivo y mayor carga fiscal hacia los sectores de mayores ingresos que impulsan el consumo_ parece que la presidenta optó por una fórmula mixta y reclamó que sus funcionarios limen asperezas públicamente.
Así, esta semana el gobierno avanzó en la reducción del mínimo no imponible para el pago de ganancias de la cuarta categoría (los asalariados), que se elevó a $4.015 para los empleados solteros y a $5.554 para los casados con dos hijos.
La suba del mínimo permitirá que dejen de tributar 242.000 personas y entre los que sí lo harán, unos 330 mil están en relación de dependencia. "Significan el 5 por ciento de los trabajadores comprendidos en los convenios colectivos de trabajo", justificó el ministro de Trabajo, Carlos Tomada.
Sin embargo, este ingreso que es retroactivo a enero y que las empresas deberán devolver a los trabajadores, apenas representa una mejora promedio de 2 por ciento en los salarios, al tiempo que mantiene vigente la tablita de Machinea que impacta sobre los sueldos más altos.
Todo esto, en un contexto en cual la inflación se prevé superará el 20 por ciento este año y la apertura de una nueva discusión salarial parece congelada. Tal vez, una buena avanzada, pero muy pobre para festejarla.


