Un frente de gremios encabezado por ATE decidió parar el día en que el proyecto se trate en el Senado y realizar protestas en las provincias para presionar a los gobernadores. Este miércoles hay una reunión clave de sindicatos en la UOM
El Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas se reunió en instalaciones de ATE.
El Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, que impulsa la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) , convocó a un paro general para el 11 de febrero, día en que se tratará la reforma laboral en el Senado de la Nación. Además, evalúan realizar medidas en todo el país para presionar a los gobernadores.
La medida fue anunciada por el Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas. “Ir a una huelga general el día que se trate la reforma laboral es absolutamente necesario y obligatorio pero no puede ser una medida aislada”, expresó Rodolfo Aguiar, titular de ATE.
Además de ese gremio, formaron parte de la reunión gremios de las actividades judiciales, de salud, de vialidad, de energía, de telecomunicaciones, jerárquicos bancarios, de PAMI, portuarios, docentes e investigadores universitarios, entre otras, como así también jubilados, abogados laboralistas, ex jueces laboralistas y académicos.
La organización es la primera en anunciar una medida de fuerza para oponerse al proyecto que impulsa el gobierno nacional. La semana pasada, 25 organizaciones entre las que se incluyen la UOM y Aceiteros, comenzaron a evaluar también la posibilidad de ir a un paro. Este miércoles hay una nueva reunión. Mientras tanto, la CGT apuesta por ahora el diálogo con legisladores y mandatarios.
De hecho, Aguiar participará de la reunión que mantendrán sindicatos de la CGT en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) con sindicatos de la CGT.
Aguiar exhortó sus compañeros sindicales a pensar” en un plan de lucha. “Tenemos que salir a la calle antes de que el proyecto comience a ser tratado en el Senado”, dijo.
También propuso realizar acciones en las diferentes provincias administradas por mandatarios que apoyen la reforma. “Debemos hacerles sentir todo nuestro rigor, establecer un cronograma de protestas y movilizaciones en algunas provincias que decidieron ser funcionales a Milei y que nos quieren vender por dos pesos a todos los trabajadores”, señaló.
Dijo que hay que colocarlos dentro de los principales responsables de avalar una legislación que “nos retrotrae más de 100 años en materia de derechos”, disparó.
Por otra parte, La Mesa Sindical, integrada por más de 50 gremios de todo el país, cuestionó duramente la intervención del puerto de Ushuaia que ordenó el gobierno nacional, pese a que la administración corresponde al Estado provincial.
El decreto que establece la intervención por doce meses impidió el normal acceso de los trabajadores a sus puestos de labor.
La organización señaló que “rechaza y repudia la intervención intempestiva y encubierta del Gobierno nacional sobre el Puerto de Ushuaia, un territorio estratégico y sensible para la soberanía nacional”.
“La medida, ejecutada de madrugada mediante una resolución de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) y con presencia de fuerzas de seguridad, avasalla la autonomía provincial y vulnera el federalismo consagrado en la Constitución”, añadió la mesa en un comunicado.
La intervención, denunciaron, transfiere a la Nación los recursos del puerto n pleno récord de operaciones, “perjudicando a la provincia y poniendo en riesgo la estabilidad laboral de los trabajadores portuarios”. También advirtieron que “la falta de información y transparencia genera profundas sospechas en la sociedad fueguina y en todo el país”.
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