Diputados se encaminaba anoche a la aprobación en general del presupuesto 2023 propuesto por el Poder Ejecutivo y con una treintena de cambios importantes que fueron agregados durante el debate previo. La incógnita continuaba abierta en la votación del articulado en particular, en especial respecto del pago de impuestos a las ganancias de todo el sistema judicial Federal (con la Corte Suprema, jueces y fiscales a la cabeza) que, de aprobarse, tendría un impacto decisivo para la ciudad de Rosario. El 30% de ese posible monto nuevo a recaudar (unos 237 mil millones de pesos) por el Estado nacional (que surgen de unos 21 mil agentes del Poder Judicial con sueldos superiores a los 330 mil pesos, que pasarían a pagar ganancias) sería aplicado al combate contra la inseguridad narco en la ciudad de Rosario.
El oficialismo contaba anoche voto a voto para ese artículo, y Juntos por el Cambio (JxC) de Santa Fe, en principio, votaba en contra de que los jueces paguen ganancias.
La sesión, a diferencia del año pasado que la oposición hizo fracasar, y cayó por falta de quorum, este año comenzó sin mayores sobresaltos. La oposición quiso, en esta oportunidad, favorecer que haya Presupuesto. Hubiera sido jurídicamente muy complejo que por segundo año consecutivo el país funcione sin la guía de la ley de leyes.
Carlos Heller, que preside la comisión de Presupuesto por el FdT, fue el miembro informante del oficialismo. Habló de situación global “sombría”, con un escenario “a la baja” de las previsiones económicas que afectan a todo el planeta. Con todo, para el próximo año, la Argentina proyecta crecer un dos por ciento (2022 se prevé un 4,5 %), mientras que Brasil prevé un 1 por ciento, México un 1,2 y Chile proyecta una caída de su PBI en 2023 del 1 por ciento.
Heller recorrió los números positivos de la economía que el gobierno pondera, a la vez que reconoció el grave deterioro que produce una economía altamente inflacionaria. Para 2023, la Casa Rosada aspira a “bajar” la inflación a 60 puntos. Y luego 44 y 33 en los dos años subsiguientes. Para la oposición se trata de números de “ficción” que no se verificarán en la realidad.
Siempre según la mirada oficial, el nuevo presupuesto se basa en cinco pilares: infraestructura, salud, educación, innovación científica e inclusión social.
Por su parte, Luciano Laspina (JxC de Santa Fe) consideró que el nuevo presupuesto que presenta el Ejecutivo nacional “contiene un recorte en el gasto, pero un recorte insuficiente”, que da cuenta de un “final de ciclo” del gobierno kirchnerista, y de una “derrota ideológica” del gobierno. Que, según el dirigente del PRO, asume tardíamente que debe reducir el déficit fiscal a la vez que congelar los ingresos de nuevos empleados al Estado. “El kirchnerismo retomo cierta racionalidad, pero la gente le tiene pánico – no al cambio- sino a que la cosas sigan como hasta ahora”
Laspina fustigó que el 60 por ciento de inflación previsto es “inverosímil” y culminó su intervención exhortando a construir una nueva mayoría “porque somos el cambio o no somos nada”.
Ganancias y lucha contra el narcotráfico
Finalmente, anoche se discutía un agregado clave al proyecto de Presupuesto: el ingreso del pago de impuestos a las ganancias de por parte de jueces, fiscales, funcionarios y trabajadores del Poder Judicial.
Hasta hoy, y con los números proyectados para 2023, por no cobrar ganancias a los miembros del sistema judicial Federal el Estado pierde de recaudar 238 mil millones de pesos, un monto equivalente al 70% del total del Presupuesto del Poder Judicial y el 115% si se lo compara con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. El monto en disputa con el sistema Judicial es, por demás, equivalente al aporte solidario a las grandes fortunas que tanto discutió el Congreso en 2020 y se que se aplicó en 2021.
De aprobarse, la Argentina pasaría a tener un monto similar al que obtuvo en 2021 por el impuesto a las grandes fortunas, en este caso en 2023.
El monto que se plantea recaudar el Estado de los altos sueldos judiciales (mayores a los 330 mil pesos, tal cual sucede con todas las actividades económicas) se aplicará – en el caso de alcanzar su aprobación de manera específica: un 70% al programa “Progresar” (apoyo económico a estudiantes) y el 30% restante a un programa específico para combatir la inseguridad en Rosario.
El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, se manifestó en distintas oportunidades a favor de obtener financiación adicional para perseguir al delito del narcotráfico en Rosario.
De aplicarse el impuesto a las ganancias en el Poder Judicial, de unos 26 funcionarios que componen el universo federal, unos 21 mil estarían alcanzados: son los que tendrán un salario superior a 330 mil pesos en noviembre, cuando aplique el nuevo mínimo no imponible establecido hace pocas semanas.
Los diputados del FdT arguyen el principio de igualdad ante la ley, y “donde hay un privilegio hay una injusticia”, refieren por este caso.
Desde ya, en el mundo judicial no es bien visto este cambio. Aun y a pesar de que tres de los cuatro miembros de la Corte actual se manifestaron a favor de pagar impuesto a las ganancias (desde 2017, rige el principio para los nuevos funcionarios, y no para quienes formaban parte con anterioridad, la abrumadora mayoría de los funcionarios). En especial, Horacio Rosatti manifestó esa postura ante el Senado, cuando fue propuesto por Mauricio Macri a integrar el tribunal superior.
Ya en 2006, en el llamado fallo Gutiérrez, Rosatti integró la Corte como conjuez y dijo en el fallo: “la preservación de la intangibilidad de las remuneraciones como garantía de funcionamiento del sistema judicial no debe encontrarse hoy eludiendo el pago del impuesto a las ganancias”. La Constitución consagra que los sueldos de los jueces no se pueden bajar, son intangibles y que cualquier afectación de los sueldos implicaría un menoscabo de la independencia judicial porque expondría a los jueces a buscarse recursos para vivir de otra manera.
El artículo 110 de la Constitución habla de que no podrá “disminuirse la remuneración – de los jueces y trabajadores judiciales- de manera alguna”. Sin embargo, y lo reconocieron los propios miembros de la Corte, pagar impuesto a las ganancias como lo hacen los todos los empleados estatales y privados de la Argentina, no constituye “una disminución del sueldo”.
El espíritu de la norma Constitucional, aseguran diputados del FdT, apunta a evitar un conflicto entre el Poder Ejecutivo y la Corte, ya que es el Ejecutivo nacional es el que asigna los recursos. Muy distinto es no pagar impuestos como si lo hacen todos los miembros del aparato estatal de los demás poderes. La ley que incluyó a jueces y legisladores al pago del impuesto a las ganancias (ley 24631) fue bloqueada por la Corte con la Acordada de 1996, vigente hasta hoy.
El articulo 102, del proyecto del Presupuesto 2023 dice: "Las sumas que el Estado Nacional perciba, luego de la distribución de recursos coparticipables y de los esquemas específicos para la distribución de los mismos, en concepto del impuesto a las ganancias (articulo 100y 101) se distribuirán 70% para el Progresar e Incentivo docente y 30% para “equipamiento para la fuerzas de Seguridad y creación de un programa específico para combatir la inseguridad en Rosario”.
