Héctor Río
Nunca Más. Los juicios por la Verdad revelaron la sistemática desaparición de dirigentes y trabajadores durante la dictadura.
Considerando, que la memoria colectiva es la forma en que una comunidad recuerda su propio pasado histórico, vale repasar los distintos golpes militares desde el primero del año 30 hasta el del 76, con un eje común: cómo afectaron a la clase obrera y su reacción.
Tras el golpe contra Hipólito Yrigoyen en 1930, Uriburu conformó su gobierno con conservadores y nacionalistas. La cárcel, la tortura, el destierro, el exilio y los fusilamientos fue el destino de muchos militantes gremiales y políticos. Se declaró el estado de sitio y la ley marcial. En Rosario se clausuraron los sindicatos. Fue detenido el obrero Joaquín Penina, quien sin proceso previo fue fusilado, posteriormente en Buenos Aires fueron asesinados Severino Di Giovani y Paulino Scarfó, todos anarquistas. Los ladrilleros decretaron la huelga y fueron disueltos a balazos. Numerosos obreros anarquistas, comunistas y socialistas fueron detenidos y deportados.
Desde el golpe se produjo la ocupación de los locales sindicales por los comandos civiles, y a las posturas conciliadoras del comienzo por parte de Lonardi le sucedió la política de Aramburu, que incluyó: proscripción de dirigentes sindicales peronistas, intervención de la CGT, el Ministerio de Trabajo declaró nula y disueltas las comisiones internas y cuerpos de delegados, se designaron interventores militares en numerosos sindicatos, la ley de asociaciones profesionales fue derogada quedando restringido el derecho de huelga. La represión y proscripción del peronismo, sumado a la ofensiva del capital sobre los/as trabajadores/as, llevo al movimiento obrero a desarrollar una política de defensa de las conquistas y se originó la Resistencia Peronista.
Durante su gobierno la relación con los trabajadores fue de conflictividad social y política en aumento. El gobierno nacional se decidió por la represión y aprobó la ley de organización de la Nación para tiempos de guerra, y en marzo de 1960 decreto la aplicación del Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado), que permitía dividir el país en zonas de operaciones, y a partir de esa fecha los actos de terrorismo y similares ser sometidos a la jurisdicción de los tribunales militares, y el articulo 15, preveía la aplicación de la ley marcial. Hubo más de 2.000 detenidos, 500 condenados, y se registraron numerosos despidos gremiales. Se produjo una depuración de delegados de las fábricas, y comenzaron a circular las listas negras.
Los golpistas tomaron una serie de medidas que afectaron a los/as asalariados/as: la suspensión por cuatro meses del decreto 969/66, dictada por el gobierno radical devolviendo la personería gremial a varios sindicatos que habían sido sancionados, se promulgó la ley 16.936 de “arbitraje obligatorio”, medida duramente criticada por los sindicalistas, ya que limitaba el derecho de huelga, se intervinieron varios gremios .
La política anti-popular que llevó a cabo el gabinete económico, más la represión con lo que se contestó a los reclamos obreros, hicieron añicos el galanteo entre algunos sindicalistas y el gobierno. Luego vendría la lucha anti dictatorial, con el surgimiento de la CGT de los Argentinos, la cadena de “azos”, los gremios clasistas y combativos.
Antes del 24 de marzo de 1976, la barbarie represiva se expresó en cambios en la legislación penal, en la carta blanca a José López Rega para crear una fuerza paramilitar: la “Triple A” y en el mandato a las Fuerzas Armadas para el aniquilamiento de la “subversión”. La ofensiva fue muy fuerte contra las organizaciones gremiales más combativas y clasistas, lo que abarcó desde intervenciones a los sindicatos hasta el paso a la clandestinidad de dirigentes y activistas, detenciones y asesinatos. Luego del gran triunfo de los trabajadores metalúrgicos en Villa Constitución, en marzo de 1974, la represión apareció con toda su magnitud el 20 de marzo de 1975 en dicha ciudad.
El golpe militar del 24 de marzo de 1976 fue clara y contundentemente contra la clase obrera, para restaurar el orden en la producción, disciplina en los lugares de trabajo y desarticular las distintas formas de organización obrera.
Desde 1969, en distintas zonas industriales se fueron dando formas organizativas democráticas, con gran participación de las bases obreras, estableciendo con el tiempo profundas relaciones inter fabriles. A lo que se sumó la intensificación de las relaciones y debates al interior de las fábricas, de las zonas industriales a los barrios obreros. Para frenar ese desarrollo en ascenso, el principal objetivo de la dictadura militar fue destruir y paralizar toda esa organización que se venía gestando.
El primer objetivo de Videla, Massera y Agosti fue desarticular las luchas, la organización de la clase obrera, controlar las demandas y cuestionamientos que generarían el segundo objetivo, que fue la imposición de un modelo económico antiobrero. Su aplicación trajo consecuencias sociales, como el cierre de fábricas, desocupación, deteriorando las condiciones de vida de los trabajadores y de la población.
Las medidas contra la clase obrera fueron: intervención de la CGT y de numerosos sindicatos - entre ellos 27 federaciones y 30 regionales de esa central obrera-, suspensión de la actividad gremial -asambleas, reuniones, congresos-, prohibición del derecho de huelga, separación de las obras sociales de los sindicatos, en 1979, la ley de asociaciones profesionales limitó la cantidad de delegados de fábrica -en el caso de Ford, por ejemplo, se redujo de 300 a 6-, se aprobó la libre afiliación - a pesar que el 95% de los trabajadores ratificaron a sus anteriores sindicatos- se disolvieron las federaciones de tercer grado, se exigieron cuatro años de antigüedad en el empleo para ser elegidos como delegados, además de la infaltable constancia de “buena conducta” de la policía para poder trabajar, entre otras.
Entre las cientos de órdenes que circularon dentro de las Fuerzas Armadas de cómo llevar adelante la represión vale recordar las “Directivas Secretas” (DS) de los comandantes del proceso en las que se reconocía al campo fabril como uno de los ámbitos prioritarios de su “guerra”. El ministro de Trabajo, Gral. Horacio Liendo, expreso sobre la represión en las fábricas que “la subversión en el ámbito fabril se manifiesta por algunos de los procedimientos siguientes: el adoctrinamiento individual y de grupo para la conquista de las clases obreras, colocándose a la cabeza de falsas reivindicaciones de ese sector, la creación de conflictos artificiales para lograr el enfrentamiento con los dirigentes empresarios y el desprestigio de los auténticos dirigentes obreros. Frente a ello el gobierno y las Fuerzas Armadas han comprendido sus medios y su máximo esfuerzo para garantizar el aniquilamiento de este enemigo de todos”.
Muchos años después, el 16 de marzo de 1998 comparecieron ante el Juzgado del Juez Garzón en España los miembros de la comisión directiva de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) para denunciar la represión que padecieron los trabajadores argentinos, en el juicio que se llevaba adelante contar un conjunto de represores.
Dieron cuenta de los testimonios recuperados y la documentación que demuestra la existencia de un número aproximado de 10.000 trabajadores desaparecidos en distintos sectores de la industria y los servicios. Además, marcaron la complicidad de los directivos de muchas empresas con la represión ejercida contra los trabajadores. Indicaron que muchos activistas sindicales fueron secuestrados debido a que eran señalados por aquéllos ante quienes ejercían la represión y que en muchos casos fueron utilizados locales de las empresas para la detención y tortura. Resaltaron que las investigaciones realizadas acreditan que el 67% del total de los detenidos desaparecidos, fueron trabajadores.
Por Mariano Bereznicki
Por Eugenia Langone