La economía tensiona la relación con las provincias.
El proyecto de ley ómnibus que envió el presidente Javier Milei al Congreso no incluyó la reversión del alivio al impuesto a las ganancias sobre los salarios. Todo parecería indicar que esa carta la conservó para negociar con gobernadores, el aumento de la presión impositiva sobre los trabajadores a cambio de apoyo a su megaplan.
La suba del mínimo no imponible de Ganancias afectó la recaudación que las provincias reciben por coparticipación, en un marco en el que Milei recortará también obra pública y transferencias al interior. Mandatarios de Juntos por el Cambio fogonean una restauración de esa presión fiscal para mejorar sus ingresos.
En cambio, la liga de ocho gobernadores peronistas firmaron un comunicado en el que afirmaron que “la reversión del impuesto a las Ganancias no sería el camino adecuado, ya que afecta derechos de los trabajadores”.
De hecho, parte de la bancada de Unión por la Patria presentó un proyecto de ley que propone reeditar una suerte de fondo sojero, como el que funcionó entre 2009 y 2018, por el cual se redistribuía a las provincias parte de lo recaudado por el aumento de las retenciones a la exportación de soja.
El nuevo gobierno debutó con una brusca devaluación que benefició al sector agroexportador, aunque también le aumentó las retenciones a la exportación para distintos complejos.
Para los legisladores que impulsan el nuevo fondo de desarrollo federal, la distribución de parte de esa recaudación sería una alternativa al aumento de impuestos a los trabajadores.
Habrá que ver si los gobernadores no peronistas, que muestran una suerte de alineamiento obligado con el líder libertario, se interesan por la propuesta.
El proyecto de ley ómnibus enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso dispone en uno de sus artículos la transferencia de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) al Tesoro nacional, para atender las cuestiones relacionadas con el manejo de la deuda pública.
La norma está incluida en un capítulo en el cual también se instruye a realizar una consolidación de deuda del sector público nacional, cruzando los pasivos dentro del Estado.
En el artículo 224, el proyecto de ley estipula que en un plazo de noventa días contados tras la sanción de la norma, “las personas jurídicas u organismos comprendidos en el artículo 221 podrán presentarse ante la Oficina Nacional de Presupuesto para manifestar la necesidad de mantener un crédito presupuestario por el equivalente de la deuda nominal a consolidarse de acuerdo con lo dispuesto en la presente”.
A los fines del manejo de la deuda, en el artículo 226 se dispone la transferencia de los activos del FGS, que el nuevo gobierno heredó con activos por u$s 76 mil millones, mucho más que el valor que dejó Mauricio Macri.
El proyecto también dispone las ventas de acciones del Estado en empresas privadas, heredadas de las ex AFJP.
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