La reciente sanción de la prórroga de la ley de emergencia alimentaria nacional hasta diciembre de 2022, por la cual se incrementa en un 50 por ciento las partidas presupuestarias para los programas de alimentación, es para Juan Carlos Alderete, coordinador nacional de trabajadores, desocupados y precarizados de la Corriente Clasista Combativa (CCC) “sólo un paso, insuficiente y tardío”, en el conjunto de los reclamos de organizaciones por derechos tan fundamentales como el del acceso a la alimentación, en medio de una feroz devaluación, pobreza y desocupación. El constante incremento de comensales en los comedores y merenderos escolares y populares marca la urgencia de la implementación de la norma, que a criterio del candidato a diputado por el Frente de Todos requiere seguimiento y control.
El propio texto de la ley sancionada por unanimidad de las dos cámaras legislativas menciona que “la pobreza en Argentina llegó al 32% de las personas al finalizar el segundo semestre de 2018”; “la indigencia, pasó de un 4,8% en el segundo semestre de 2017 a un 6,7% en el mismo período de 2018”; y que además “se estima que al finalizar el presente año es probable que la pobreza afectará al 38% de la población y la indigencia al 10%”. También marca el incremento de “la Canasta Básica Total (CBT), que aumentó 2,5% durante julio 2019 y llegó a $ 31.934,44 para una familia tipo de 4 integrantes como umbral mínimo para no caer en la pobreza”, junto a una inflación estimada para el mes de agosto de 4% y una inflación del 54,5% en los últimos doce meses.
Las banderas de “el hambre no espera” y “el hambre es un crimen”, siguen levantadas y precisamente “la calle es nuestra garantía de que se cumplan los compromisos”, afirmó Alderete, y aclaró que el apoyo que “los cayetanos” (El triunvirato que formaron la Ctep, la CCC y Barrios de Pie) a la candidatura a la presidencia de Alberto Fernández persigue en principio la salida de Cambiemos del poder, pero también exige participación y medidas de emergencia de cuya implementación dependerá la continuidad el apoyo popular.
Previo a un masivo acto celebrado días atrás frente a las escalinatas del Parque España, el dirigente integrante del Comité Central del Partido Comunista Revolucionario (PCR) y presidente del Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP) dialogó con La Capital y comentó cómo continúa la lucha de estas organizaciones de aquí a diciembre.
—¿Cómo califica y considera a la prórroga ley de emergencia alimentaria recientemente sancionada?
—Para nosotros es sólo un paso porque los gobiernos, —éste mucho peor que los anteriores—, cuando se sanciona una ley para favorecer a sectores muy golpeados por la política realmente se demora muchísimo tiempo en ejecutarla, por lo tanto ahora tenemos que hacer un seguimiento. También sucede que se puede ejecutar pero no completamente como ya lo hemos vivido con las dos leyes anteriores nacionales, como emergencia social y la de urbanización de villas y asentamientos en todo el país. Se ha dado un paso muy importante después de una lucha y de tantas descalificaciones de distintos tipos para ocultar una realidad que superó al propio gobierno, que ya no puede esconder que en nuestro país hay hambre.
—¿En sus términos, la norma es insuficiente?
—Es insuficiente y tardía, porque ahora ¿qué hacemos con esos niños, niñas y adolescentes que ya tienen algún grado de desnutrición? Es muy difícil recuperarlos para que tengan igualdad de condiciones con aquellos chicos que comen los nutrientes necesarios. Cada vez son más los chicos que van a los comedores escolares y populares, donde se hizo un ajuste muy grande: antes se les daba carne dos veces por semana y pollo y en los últimos meses eso se redujo a carne picada una vez a la semana. Por eso creemos que es necesario un consejo de seguimiento que propusimos que se implementara a través del gobierno, legisladores, partidos políticos y todas las organizaciones que se quisieran involucrar. Con un decreto hubiera sido suficiente.
—¿Sin un órgano de control oficial, cómo van a fiscalizar el cumplimiento de la ley alimentaria?
—Estamos trabajando con pastores evangelistas y un sector de la iglesia católica, y evaluando cómo vamos a hacer el seguimiento que deberá ser día a día. Si no se llega a cumplir en los próximos días, está previsto junto a todas las organizaciones convocadas, una protesta y actos en todas las iglesias del país. Nos queda trabajar todavía con un sector de la iglesia católica, que no está de acuerdo con ello.
—¿Cómo es la relación de los cayetanos y Alberto Fernández?
—Después de mucha discusión, los cayetanos acordamos que teníamos que derrotar a la política de (Mauricio) Macri en las urnas y para eso era muy necesario ir a una unidad, la más amplia posible, que tuviera la capacidad de derrotarlo. Le dimos un contenido político a los cayetanos, un contenido que no supimos superar en 2017, cuando ya estábamos juntos. Es que para nosotros no es indiferente que pierda o que gane Macri. Tal vez lo sea para algunos que comen todos los días. La plataforma de gobierno del Frente de Todos tiene 28 páginas, de las cuales 12 incluyen aportes de los cayetanos en relación a cuáles deberían ser las medidas de emergencia que se deberían tomar apenas asuma un próximo gobierno, en el caso de Fernández. De allí que nos venimos reuniendo con quienes posiblemente sean los futuros ministros y a todos ellos les hemos pedido claridad en cuanto a que si esta coalición será sólo para ganar las elecciones porque en tal caso se van a equivocar, porque gran parte de la sociedad ya no tiene tiempo de elecciones, del 10 de diciembre y mucho menos después de esa fecha. Todos han manifestado que tiene que ser una coalición de gobierno, y que las organizaciones tienen que ser parte de las soluciones, donde se nos incluya en la mesa de decisión de políticas sectoriales de manera que no sean otros los que decidan por nosotros. Hay buenos signos, pero ese apoyo popular no se le va a dar por mucho tiempo, porque si no se toman las medidas de emergencia en forma inmediata vamos a ser los primeros en estar con los bombos a las puertas de las casas de gobierno, municipios o lo que sea para reclamar nuestros derechos. Porque sabemos también por experiencia que las plataformas no se cumplen. Y la calle es nuestra garantía para que se cumplan los compromisos.
—¿Qué aportes puntuales hacen los cayetanos a la plataforma?
—Organizaciones con experiencia en la construcción, como la nuestra, con el gobierno anterior logramos construir 7.700 viviendas en 18 provincias. Hemos estado en la pequeña y mediana obra pública con muchísimo impacto social. Con los datos que tiene el propio Estado hicimos la propuesta de que rápidamente, apenas asuma la nueva gestión, tiene que anunciar un programa de vivienda popular, para que miles accedan al trabajo de forma inmediata, sin contar la reactivación de innumerables ramas de la producción relacionadas. También planteamos políticas de acceso a la tierra para el campesino que no la tiene, una reforma agraria integral, pero mirando a los terratenientes de más de 5 mil hectáreas, mirando a Benetton, a Lewis, para que no se desarraigue el campesino que va a parar a la ciudad, a villas y asentamientos. También proponemos políticas para los productores de alimentos, una ley de góndola que le permita vender directamente al consumidor, créditos accesibles a las pymes que son las generadoras de trabajo genuino.
