La supuesta implementación de un pacto social deja abierto por estas horas un interrogante, en el ámbito de los trabajadores, en cuanto a qué sucederá son los salarios y con los convenios colectivos de trabajo, y nuevamente la interpretación de cada sector se define según sus propios intereses. Mientras algunos gremios estiman (esperan) que habrá paritarias libres, otros reconocen que “habrá que hacer sacrificios” y otros ya están hablando de la “necesidad” recategorizar algunos sectores en lo que sería una “renovación” de los convenios colectivos de trabajo, en sintonía con los dichos del candidato presidencial Alberto Fernández, quien tras reunirse en agosto último con el CEO de Mercado Libre, Marcos Galperín, se mostró dispuesto a la flexibilización, siempre y cuando sea con el aval de los sindicatos.
“Lo positivo que ha dicho (Fernández) es que acá no es posible ninguna reforma laboral. Lo intentó el gobierno actual, lo sigue reclamando el FMI, pero es absolutamente inviable en la Argentina porque no resuelve nada sino que agrava problemas que tenemos como la precariedad y bajos salarios. Para fortalecer el mercado interno se necesita que los sectores populares tengan capacidad de consumir, alimentarse, viajar, tener una vida digna que va a dinamizar la actividad económica del país y eso no lo permitiría una reforma laboral, tal cual la plantea el Fondo”, consideró el secretario general la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) nacional y secretario adjunto de la CTA Autónoma, Hugo Godoy.
“Desde ese punto de vista compartimos esa idea y la de que hay que fortalecer a los convenios colectivos de trabajo y agrego que es necesario elevar el salario mínimo, vital y móvil, que este mes será de 16.800 pesos, al valor de la canasta básica que está alrededor de 33 mil pesos. Evidentemente lo primero que tiene que hacer el nuevo gobierno es convocar a la Consejo del Salario para establecer un piso de justicia mayor para los trabajadores de menores ingresos y para los jubilados”, añadió el dirigente de los estatales, que este año lograron una paritaria de un 30 a 31% por diversos conceptos, con una inflación estimada de 55%.
En ese sentido, Godoy aseguró que “indudablemente el nuevo gobierno va a tener que atender a esta realidad, al igual que otras tres prioridades principales que los estatales organizados le vamos a plantear a Fernández apenas asuma: la reincorporación de los trabajadores despedidos, el restablecimiento de los programas que tienen que ver con necesidades de sectores populares y nulidad de un convenio trucho que firmó Mauricio Macri con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), por el que da privilegios a 2.500 funcionarios jerárquicos del Estado nacional para darles estabilidad y continuidad laboral en sus puestos, y desde ahí boicotear la futura gestión”.
El caso de los aceiteros
En el sector privado, y en la punta de los logros paritarios está el acuerdo aceitero, que en la última revisión con las cámaras logró que el salario básico del sector llegue a 55 mil pesos, por lo que acumuló un aumento en torno al 54%. “No solamente le ganamos a la inflación sino que sostuvimos el poder adquisitivo, porque uno puede ganarle a la inflación y seguir cobrando como pobre. Tenemos el 50% del país cobrando un salario de pobreza de menos de 55 mil pesos y si obtuvieran el 100%, van a seguir siendo pobres”, advirtió el secretario general de la Federación de Aceiteros, Daniel Yofra.
“Acá el problema grave que tenemos los trabajadores es que no sabemos cuánto tenemos que cobrar, cuánto es el verdadero valor de la fuerza de trabajo. Ahí está la discusión y el objetivo que tenemos que tener los dirigentes en los próximos meses: discutir y después ver quién lo puede conseguir y ver si lo pueden pagar la empresas y si no, que éstas presenten los balances”, dijo Yofra, en alusión al particular mecanismo de cálculo que aplica el sector desde 2004, que se rige por el salario mínimo, vital y móvil, según lo que determina el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo y que contempla asegurar la “alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”.
“El sistema te lleva a pensar que lo único que sirve en la vida es trabajar, sin tener que reclamar absolutamente nada. Por eso ningunean la pelea nuestra y todos miran el salario del aceitero pero ninguno imita nuestra filosofía de trabajo. Nosotros no inventamos nada, peleamos por derechos establecidos por ley. Y si el patrón me lo puede pagar, no veo por qué no lo voy a reclamar. El salario no lo fija el sistema sino la necesidad de los trabajadores. Eso es lo que nos discutimos y se lo hemos llevado a muchos gremios”, concluyó Yofra.