Conflicto portuario: acuerdo entre el Supa y la concesionaria TPR

El Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa) y Terminal Puerto Rosario (TPR) cerraron un acuerdo para dar fin al conflicto laboral que paralizó los muelles rosarinos durante el último mes.

Al cabo de una extensa audiencia en la sede del Ministerio de Trabajo de la Nación, acordaron la reincorporación de 20 de los 25 despedidos durante el conflicto y llevar el aumento salarial anual al 90%, con cláusula de revisión. También se pactó el pago del 65% de los días caídos por la huelga y de los bonos navideños. Además, los eventuales cobrarán sus jornales. El acta incluyó una cláusula que impide los despidos que no sean por cuestiones disciplinarias.

Según explicó el secretario general del Supa Rosario, César Aybar, los estibadores que no serán reincorporados por la concesionaria cobrarán la indemnización “como si fueran despidos sin causa”, percibirán el fondo de desempleo, recibirán capacitación y mantendrán la obra social por seis meses.

La propuesta se discutió en una asamblea frente al gremio y el dirigente gremial aseguró que el acuerdo ya está vigente, de modo que el lunes el puerto reabrirá sus puertas y “se volverá a trabajar”.

La negociación, de todos modos, dejó heridas entre los estibadores que protagonizaron este largo mes de lucha, con posiciones de disconformidad que se hicieron sentir durante una asamblea caliente.

La posición más dura contra el acuerdo fue la de los obreros que no serán retomados por TPR, aunque también encontraron solidaridad de otros compañeros. Desde ese grupo aseguran que la postura de no ingresar hasta que no se reincorporen a todos los trabajadores fue mayoritaria en la asamblea y que seguirán la huelga y la protesta. “El lunes podrán abrir las puertas pero eso no quiere decir que se vaya a trabajar”, dijeron desde este sector.

El lunes, en tanto, también debe firmarse el acta por la nueva paritaria. Precisamente, el conflicto se desató cuando, en medio de la discusión salarial, la concesionaria despidió a 25 trabajadores, descontó salarios y exigió extender la jornada laboral de 6 a 8 horas.

A partir de ese momento, los estibadores llevaron adelante una medida de fuerza que se convirtió en una de las más duras y prolongadas del año 2022. A pesar de la intervención de los Ministerios de Trabajo de Santa Fe y la Nación, la empresa conformada por la chilena Ultramar y Vicentin se mostró intransigente. Según el gremio, apuntaba a plantarle un conflicto al gobernador Omar Perotti para conseguir la extensión del contrato de concesión. Esa puja todavía no se zanjó, pese a la tregua alcanzada ayer por el Supa y TPR.

Mientras tanto, quedaran retenidos en el puerto unos mil contenedores, según denunció la Unión Industrial Argentina (UIA). La central fabril y su entidad afiliada santafesina, Fisfe, se pronunciaron en las últimas horas a favor de que el Estado fuerce una resolución y libere esas cargas que incluyen insumos demandados por las fábricas. Ayer se sumó un grupo de cámaras que incluye a los empresarios agropexportadores nucleados en Ciara-CEC, a los de fertilizantes y agroquímicos agrupadas Ciafa y a los que participan del negocio portuario representados por Capyma y CPPC.