Alivian sanciones a empresas con empleados en negro

Con el proyecto de reforma laboral empantanado, el gobierno nacional recurrió a un decreto para aliviar las sanciones a empresarios que no registraron a sus empleados, incluso cuando hubieran obstruído la labor de inspección.

Como parte del megadecreto de necesidad y urgencia para la "desburocratización y simplificación" de diversas áreas del Estado, el presidente Mauricio Macri firmó el decreto que recorta el tiempo en el que una compañía infractora se incluye en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal).

Ese registro fue creado como parte de una ley sancionada en 2014 para combatir el trabajo en negro. La permanencia de un empresario en ese registro le impide acceder a una serie de beneficios fiscales y financieros.

MIentras permanece en esta suerte de "veraz laboral", el empleador no puede acceder a los programas, beneficios o subsidios del Estado nacional, ni a líneas de crédito otorgadas por las instituciones bancarias públicas. Tampoco celebrar contratos de compraventa ni participar concesiones de uso de los bienes del dominio público. Y menos participar en obras públicas, concesiones de obras públicas, concesiones de servicios públicos y licencias.

Con estas modificaciones, en los casos en que el empleador sancionado por tener personal en negro acredite la imposibilidad fáctica o jurídica de cumplir con la regularización de la conducta que generó la sanción, la permanencia en el Repsal pasa de 90 a 30 días corridos contados desde la fecha de pago de la multa.

En otro artículo de la ley que creó el registro se extendía por 180 días más esa cuarentena para las empresas que obstruyeran la labor de inspección del Ministerio de Trabajo. Macri también derogó ese punto.

"El DNU obligará al Repsal a dar una respuesta más rápida. Esto permitirá a las empresas sancionadas regularizar su situación con más velocidad", señaló el Ministerio de Producción a través de un comunicado.

En el Ministerio de Trabajo justificaron la relajación de los parámetros del Repsal en la necesidad de facilitarles a las empresas una vuelta a la normalidad lo antes posible una vez saldada su deuda de aportes y contribuciones por haber mantenido personal no registrado.

Una amplia amnistía a los empresarios con trabajadores en negro está contemplada en el proyecto de reforma laboral que el gobierno intentó impulsar en diciembre y que ahora fue postergado hasta el final del verano, como consecuencia de la conflictividad que se disparó con la reforma previsional, los tarifazos y la ola de despidos.

Una porción de los beneficios que Mauricio Macri pretende darle a los empleadores qen situación irregular fue incluida en la reforma tributaria que sancionó el Congreso. Se trata de la reducción gradual de aportes patronales hasta llegar a un mínimo imponible de 12 mil pesos en cinco años.

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