La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) rechazaron la investigación que abrió realizó la Dirección General de Aduanas sobre siete cerealeras a las que acusa de sobrefacturar importaciones de porotos de soja. Y denunció que forman parte de una “persecución al sector” que, además, condiciona al próximo gobierno.
El domingo la Aduana difundió un comunicado de prensa informando que había abierto una investigación sobre la importación de poroto de soja de Paraguay, por parte de siete cerealeras, que fue “refacturada” por intermediarios radicados en otros países. La exportación documentada con intermediarios en Suiza, se hacía a u$s 473 la tonelada de poroto de soja que salía desde el país vecino, pero se importaba a Argentina para procesarse a u$s 625.
"Nada puede explicar la comisión mayor al 30% que cobra el intermediario respecto de la mercadería adquirida en Paraguay”, explicó el organismo, que entiende que se trató de una maniobra para fugar divisas obtenidas a valor oficial. “En total hay más de 3.000 operaciones bajo análisis”, señaló. La diferencia entre el valor declarado total y el real, señaló la Aduana, es de u$s 4 mil millones. Los fiscalizadores le apuntan a Aceitera General Deheza, Bunge Argentina, Cargill SA, Cofco International, LDC Argentina SA (Louis Dreyfus Company), Molinos Agro SA (Molinos Río de la Plata) y Viterra Argentina SA.
Ciara y CEC rechazaron la acusación y resaltaron que la importación de soja se enmarca en el decreto 1330/2004 que establece condiciones para la importación temporaria de mercaderías destinadas a recibir un perfeccionamiento industrial, con la obligación de exportarlas para consumo a otros países. “Este régimen permite a Argentina importar soja en momentos de escasez local, procesarla con empleo industrial argentino y exportar al mundo productos con mayor valor agregado, una estrategia clave para nuestra economía”.
Señalaron que los cuestionamientos de la Aduana “carecen de base, sin constancia en las empresas exportadoras. Los valores declarados se ajustan a las condiciones normales de mercado en el país de origen y de procesamiento”, indicaron.
“Inventar investigaciones contra empresas que invierten, generan empleos y divisas genuinas solo genera incertidumbre y pone en riesgo puestos de trabajo y flujos de exportación. Es inaceptable que se siga persiguiendo a la agroindustria, pilar del país y parte central de la transformación productiva y exportadora que necesita Argentina”, dijo Gustavo Idígoras, presidente de la entidad. Agregó: “En lugar de sembrar dudas, apoyemos a sectores clave para el desarrollo económico del país”.
Para aprovechar ventajas impositivas, las exportadoras no tienen sus oficinas dedicadas al comercio exterior en los mismos países en los que tienen sus plantas de procesamiento. Sus "traders", para decirlo en la jerga a las empresas que compran los productos en países de origen y los venden en los países que lo demandan, están instalados en naciones de baja tributación, como Uruguay y Suiza, para que todos los movimientos comerciales tengan menos costo impositivo. Por eso, una operación entre países limítrofes aparece intermediada por un broker europeo.