Vecinos y organizaciones ambientalistas de San Nicolás llevarán en los próximos días ante la Justicia federal una denuncia contra la empresa Atanor SCA por contaminar el ambiente a través de enterramientos de sustancias químicas en la planta que la compañía posee en esa ciudad. La causa, que desde hace siete años tramita en el fuero provincial y según los denunciantes permanece estancada será llevada al ámbito federal por la competencia que le otorga la afectación del cauce del río Paraná por el desecho de sustancias químicas.
El objetivo de los vecinos es que Atanor realice tareas de saneamiento en el predio ubicado en el barrio Química, sobre la margen del río Paraná, en el que según sus estadísticas se produjeron unos 300 fallecimientos en los últimos años, que vinculan a la contaminación ambiental que a su vez atribuyen a los efluentes y desechos químicos de la planta en cuestión.
Hace siete años. Todo comenzó en 2007 cuando los delegados gremiales de la productora química denunciaron episodios de contaminación a través de accidentes como fuga de gases, derrame de líquidos y descarte de desechos sin tratamiento previo, que atentaban contra la salud de los obreros.
Ante esta situación los directivos de la compañía tomaron la decisión de generar una contraofensiva jurídica y denunciaron a un representante sindical por calumnias e injurias. En esta causa el gremialista resultó absuelto en primera instancia, en la Cámara de Apelaciones y en la Corte Suprema de Justicia.
En 2009 este último tribunal ordenó a la Cámara Penal de San Nicolás una investigación por el enterramiento irregular de residuos tóxicos en la planta que la compañía posee en esa ciudad. "A partir de allí y durante los tres años siguientes el expediente se cajoneó, no aparecía por ningún lado y, a pesar de los reclamos, las distintas reparticiones negaban su existencia", narró a este diario el abogado Fabián Maggi, representante legal de la ONG Protección Ambiental del Río Paraná, que ahora impulsa la causa.
"Por la presión ejercida por los vecinos el expediente apareció, aunque faltaban numerosas fojas, y se reanudó su trámite. Se realizaron los primeros allanamientos para llevar adelante una serie de pericias en el lugar", explicó Maggi.
Según contó el abogado poco tiempo después el fiscal general "apareció intempestivamente ordenándole al fiscal que entiende en la causa que celebre un acuerdo de resolución alternativa de conflicto. En otras palabras una mediación penal, que es una figura jurídica prevista para delitos menores o correccionales".
Para el letrado la medida es inaplicable ya que la causa que se tramita está caratulada como "Atentado contra la salud pública" y además hay vecinos que relacionan muertes y enfermedades como consecuencia de la contaminación. "El acuerdo de mediación se celebró plagado de irregularidades. Sólo participaron el fiscal y la empresa Atanor. A través de ese paso se dejó la investigación y el proceso de saneamiento en manos de la compañía, sin ningún tipo de control", señaló el abogado, y añadió "que no estuvieron representadas en la mediación las partes afectadas o el Ministerio de Salud en defensa del interés público".
Ahora la causa está casi paralizada y las diligencias sobre el tema son lentas, con estudios insignificantes y desconociendo los análisis realizados sobre la salud de los vecinos, entre otros. "El fiscal está completamente cerrado. Logramos la intervención del Ministerio de Salud y de la Defensoría del Pueblo, pero hasta a estos organismos les ponen trabas desde la Justicia", se quejó Maggi. "Lo único válido que obtuvimos fue un estudio electromagnético realizado por geólogos que reveló la composición del subsuelo y detectó cuerpos extraños enterrados en la planta de Atanor, tal como lo habían denunciado los numerosos testimonios de los trabajadores. Ese estudio fue incorporado a la causa bajo todas las formalidades que requiere la ley y es lo único auspicioso", explicó.
Pericias. Estas pericias, ordenadas por la procuradora General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo, y coordinadas desde la Unidad Funcional de Instrucción 6 del Departamento Judicial de San Nicolás, a cargo del fiscal Darío Giagnorio, fueron realizadas por personal especializado de la Universidad Tecnológica Nacional bajo la supervisión de la Policía Ecológica de Buenos Aires, el Ministerio Público, la Defensoría Oficial, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires e ingenieros de la empresa acusada. También participaron testigos que apuntaron los lugares críticos en los que se habrían realizado los enterramientos.
Para el abogado Maggi la razón por la que se sepultaron los químicos obedece a una situación que según sus palabras se da en muchas otras empresas: "Es el medio más económico de deshacerse de estos materiales altamente contaminantes. Porque de lo contrario requerirían tratamientos muy costosos. Por ejemplo hay filtros usados en la compañía que luego del final de su vida útil deberían ser desechados bajo normas de preservación del ambiente ya fijadas. Pero ese proceso es tan costoso que optan por almacenarlos en contenedores que luego entierran para ocultarlo de las inspecciones", explicó el abogado. Además aseguró que “en los días de lluvia liberan contaminantes líquidos sin ningún tipo de tratamiento al cauce del Paraná”.
Mapas. Al igual que en el barrio Ituzaingó anexo de Córdoba, donde los vecinos plasmaron en un mapa las viviendas con personas afectadas con las fumigaciones agrícolas, en barrio Química de San Nicolás se confeccionó un registro similar en el que se demuestra la cercanía de las casas de personas que fallecieron o sufrieron enfermedades que relacionan con la fábrica de agroquímicos de Atanor. Ese mapeo no fue incorporado a la causa.
Tanto el Ministerio de Salud como la Defensoría impulsaron la concreción de un estudio estadístico que clarifique la situación pero según sostuvo Maggi, “inexplicablemente el fiscal se opuso a esa iniciativa. Ocurre que con la excusa del proceso de mediación y la preservación de la fuente de trabajo, sospechosamente el organismo que tienen la función de acusar como órgano jurisdiccional para investigar, se convirtió en defensor de la compañía cuestionada”, consideró.
Qué fabrica. Según consta en la página web de la compañía la planta de San Nicolás es la única productora y formuladora de triazinas del Mercosur. Permite satisfacer la demanda del mercado doméstico y genera saldos exportables. Las triazinas son herbicidas de amplio espectro, usados para el control de malezas de hoja ancha como de gramíneas. En la década del 70 los usuarios y ciudadanos afectados de EEUU, Canadá y Europa lograron restricciones de uso preocupados por la rápida resistencia de algunas hierbas, la escorrentía y la contaminación de aguas subterráneas.
La fábrica produce también trifluralina, un herbicida de presiembra para cultivos oleaginosos y formula MCPA e insecticidas como la cipermetrina, el clorpirifos y el dimetoato. El MCPA es un herbicida sistémico hormonal para aplicaciones post emergentes para el control selectivo de malezas de hoja ancha en diversos cultivos. La planta tiene además un sector de producción de ácido salicílico (materia prima para fabricar aspirina y salicilatos). Allí trabajan más de 100 personas.
Antecedentes. Atanor registra hechos de conflictos por contaminación ambiental en esta y otras plantas ubicadas en otras regiones del país. En el caso de una sede emplazada en Vicente López la fábrica estuvo clausurada preventivamente por el municipio. Recientemente la empresa fue denunciada por un episodio ocurrido en San José de la Esquina en el que el accidente y vuelco de un camión ocasionó el derrame de 18 mil litros de 2,4-D, un poderoso herbicida que Atanor sintetiza en la planta de Río Tercero.
