Los docentes de nivel medio estamos preocupados por la manera en que se llevará adelante el régimen de titularizaciones, ya que la reciente experiencia en los niveles inicial y primario obligó a muchos colegas a presentar recursos de amparo, que luego les han sido favorables. Es por ello que, frente a la inminencia del concurso para cubrir cargos en media, solicitamos al Ministerio de Educación de nuestra provincia se tenga en cuenta la antigüedad en escuelas públicas, sean éstas de gestión oficial o privada. Resultaría impensable que la misma institución que reconoce y certifica la antigüedad en el cargo para el pago de haberes -hecho verificable en cualquier recibo de sueldos- la desconociese en esta instancia. Por otra parte, es bien sabido que durante estos años y a través de todos los gobiernos se nos ha exigido una capacitación profesional permanente, las más de las veces fuera de los horarios de trabajo y haciéndonos cargo de los costos. ¿Es posible que ahora su valor se diluya? ¿De qué hablamos cuando decimos "excelencia" o "calidad educativa"? ¿Qué crédito se otorga al escalafón que debemos actualizar anualmente para ser sometidos a la calificación de la Junta? Tampoco coincidimos con los dos años requeridos como antigüedad en el cargo. Solicitamos a los gremios que nos representan unifiquen su energía para salvar estos inconvenientes: los docentes no pertenecemos a distintas clases ni nos comportamos frente a los alumnos de manera especial por trabajar en escuelas de gestión pública o privada. Es bien sabido que las oportunidades laborales no se dan como quisiéramos, sino como se van presentando, a lo que se suma la incertidumbre de un futuro siempre sujeto a los vaivenes políticos. La educación es un derecho amparado constitucionalmente y delegado por la Nación a las provincias cuya responsabilidad es la de garantizar la igualdad de condiciones tanto para quienes aprenden como para los que enseñamos.
