Un festival que puso ruido y color frente al Palacio Vasallo justo el día en que sesionaba el cuerpo buscó ayer reinstalar el tema del derecho a la vivienda en el centro de la escena. El lugar elegido no fue producto del azar, sino del hecho de que el Concejo aún no ha comenzado a discutir ninguno de los dos proyectos que el ex candidato a edil Sebastián Artola presentó en diciembre pasado. Uno, para que se cree la Defensoría Pública del Inquilino y se introduzca un marco de regulación en el mercado inmobiliario. Otro, para que las propiedades ociosas por más de seis meses empiecen a pagar una tasa.
Las propuestas apuntan a achicar la brecha que existe entre los 70 mil inmuebles vacíos hoy en Rosario (la ciudad con mayores índices de construcción en Sudamérica) y la misma cantidad de familias sin techo. Una relación elocuente que pinta la estructura social.
A media tarde, ayer el Primer Festival por el Derecho a la Vivienda desplegó una radio abierta en la que opinaron distintos especialistas y hubo una muestra de fotos, cartelería, actividades participativas (como firma de adhesiones) y música en vivo.
Con la movida, Artola buscó actualizar los planteos que ya había sostenido a lo largo de su campaña como aspirante a una banca por la agrupación Rosario para la Victoria y que, al no obtener suficientes votos, decidió finalmente presentar como particular en diciembre pasado.
Bajo la consigna "La vivienda es un derecho, no un negocio", la actividad volvió a poner la lupa sobre una cuestión que aparece como muy paradójica: mientras más de 300 mil personas (unas 70 mil familias) tienen vulnerado en Rosario su derecho constitucional a un techo digno, en la ciudad se censó esa misma cantidad de inmuebles ociosos, es decir, vacíos y fuera del mercado de venta y alquiler.
El fenómeno, según Artola, se debe a "la actual desregulación del mercado inmobiliario, la ausencia del Estado municipal y la inexistencia de políticas públicas que promuevan el acceso a la vivienda".
"Creemos que los dos proyectos que presentamos, y que todavía no fueron tratados por los concejales, apuntan a resolver esa problemática", contó el dirigente, buscando "equilibrar las relaciones entre oferta y demanda en materia habitacional".
Básicamente, la Defensoría Pública del Inquilino está planteada como "una herramienta con funciones no sólo de asesoramiento, sino también de sanción, control y, llegado el caso, mediación entre inquilinos, propietarios y administraciones, con facultad incluso para impulsar demandas procesales" en favor de los locadores.
Artola también dijo que el organismo debería poder fijar "el tipo y la cantidad de garantías exigibles" para un alquiler, de forma de terminar con las arbitrariedades que se dan actualmente al momento de firmar un contrato.
En cuanto a la tasa, se trataría de un pago "equivalente al 1 por ciento de la valuación fiscal de la parte edificada, tal como aparece en la TGI, cuando un inmueble permanezca más de seis meses consecutivos ocioso", explicó Artola. La tasa pasaría al 1,5 por ciento si la propiedad lleva entre seis meses y un año deshabitada, y al 2 por ciento de allí en adelante.
"Es una tasa que se cobra en grandes ciudades con el fin de promover que esos inmuebles se vuelquen al mercado, ya sea a través de una venta o del alquiler", dijo.
Hasta ahora, las dos propuestas están varadas en sendas comisiones sin que hayan empezado a analizarse: la de la Defensoría espera su turno en Gobierno y la de la tasa, en Presupuesto.
