El crónico hacinamiento de los presos en comisarías de Rosario volverá a ser revisado a partir de un recurso de hábeas corpus colectivo que presentó ayer el Servicio de Defensa Penal. El organismo denunció que la provincia no cumple con el cupo fijado en una sentencia judicial de 2014 y precisó que el mes pasado había 343 personas alojadas en penales policiales con sólo 172 plazas. En su presentación, el defensor regional Gustavo Franceschetti situó en la raíz del problema el aumento de la población en prisión preventiva. Lejos de la reducción que se esperaba, según indicó, esa tasa subió de manera sostenida en los últimos dos años desde la implementación de la reforma penal.
En una audiencia de más de cinco horas, la Defensa Pública denunció que se agravaron las condiciones de vida en los penales de comisarías y delineó su mapa de situación: falta de higiene, malos tratos, alimentación deficitaria y requisas vejatorias en celdas desbordadas. Tras el debate la jueza Mónica Lamperti dispuso una mesa de diálogo, pidió informes sobre problemas edilicios puntuales y dispuso investigar la provisión de viandas y elementos de limpieza.
La realidad. El representante del Ministerio de Seguridad, Ezequiel Brocchi, expuso números que difieren pero admitió el hacinamiento: "No se pudo cumplir con el cupo fijado en 2014. La realidad nos sobrepasó. La población carcelaria se incrementó y eso nos involucra a todos", planteó en la audiencia a la que también acudieron dos fiscales.
En su diagnóstico, Franceschetti fue más allá de lo edilicio e incluyó otra variable que explica el desborde: el número de acusados con prisión preventiva, una cuestión sobre la que tienen injerencia jueces y fiscales. Se trata de personas con presunción de inocencia que no cumplen una pena sino que están presas a los fines del proceso, para que no intenten huir o entorpecer pruebas mientras el caso se investiga.
"No es un problema coyuntural. El hacinamiento fue en aumento con una curva ascendente de la población encarcelada. De febrero de 2014 a hoy hubo un incremento de 220 personas en sólo dos años", precisó el defensor regional, y atribuyó el aumento al "relajamiento de los criterios de procedencia de la prisión preventiva". Mientras que en el primer semestre desde la reforma el índice de presos sin condena era del 58 por ciento del total, en el cuarto semestre trepó al 71 por ciento. "Hay cada vez más personas en prisión preventiva cuando uno de los objetivos del nuevo sistema era que hubiera menos", dijo.
Crítica. Franceschetti consideró que sin una revisión de esos criterios "el hacinamiento va a seguir. La Defensa no pretende más cárceles. Pretende una racionalización de la tasa de encarcelamiento. El número de prisioneros y la duración del encierro es una de las variables del hacinamiento y es responsabilidad de los jueces".
Además dijo no ignorar la saturación de los penales policiales. En el último hábeas corpus discutido en 2014 se estableció que los jefes de comisarías deben comunicar a sus superiores, a la Fiscalía y al Colegio de Jueces Penales si superan su cupo. "Los jueces no asumieron la parte que les corresponde en el control de la sentencia. Las comunicaciones de los policías por exceso de cupo eran rechazadas y no se tomó ninguna acción institucional", cuestionó.
Ese recurso presentado en febrero de 2014 se resolvió en diciembre de ese año. Fijó en 230 el cupo de personas en penales provinciales, se finalizó la Unidad 16 de Pérez con capacidad para 320 internos y se asignaron médicos y enfermeros a presos en comisarías. Un servicio que según los defensores tiene un desempeño aceptable aunque tropieza con dificultades en seccionales donde no les permiten el ingreso, según admitió la médica a cargo.
La Defensoría planteó que desde la sentencia se perdieron 98 plazas por la demolición o inutilización de penales pero se sumaron 44 de construcciones nuevas o módulos transitorios de detención. Esto debería achicar aquel cupo a 172 lugares. Sin embargo, a fines de mayo había 343 detenidos en instituciones policiales. La cartera de Seguridad maneja otros números. Plantea que las plazas nuevas son 88, pero coincide en que hay saturación. Incluso fija un tope más bajo de 152 plazas.
Compromiso. En ese marco Franceschetti pidió "un compromiso innovador" en la mesa de diálogo a crearse entre la policía, el Servicio Penitenciario, la Unidad Regional II, el Ministerio Público de la Acusación, la Fiscalía de Estado, la Defensa Pública y organismos de derechos humanos.
Uno de los ejes sobre los que trabajaría ese equipo es priorizar audiencias con personas en prisión preventiva, la confección de una lista de detenidos sin condena y acelerar los tiempos hacia el juicio. También el control de medidas alternativas al encierro como la prisión domiciliaria, ya que la oficina que lo hacía, con sólo tres empleados, fue desmantelada. A esto que pidió sumar el uso de pulsera electrónica como método de control que evite saturar prisiones.
Anomalías
Tras 183 visitas sorpresivas a penales, la Defensa Pública pidió solucionar anomalías como alimentación insuficiente y problemas edilicios. Citó "constantes referencias de apremios, extorsiones y requisas humillantes con tactos vaginales a las visitas femeninas", además de negar visitas íntimas a las internas de la alcaidía de mujeres, derecho que no se les niega a los presos varones.
