Hace diez años, el ingeniero agrónomo Cristian Perno empezó a trabajar en una multinacional dedicada a la comercialización y distribución de agroquímicos. Su función era hacer repartos y recorrer campos recién fumigados para comprobar que los productos se hubieran aplicado en forma correcta. Perno murió a los 37 años, en 2012, de un tipo de cáncer que afecta a la médula ósea. Poco después, su familia inició una demanda civil que aún se encuentra en trámite contra la firma para la que trabajaba al entender que la enfermedad fue generada por los agroquímicos con los que estuvo en contacto. En mayo pasado decidió interponer también acciones penales por homicidio culposo al considerar que la empresa no proporcionó los elementos de seguridad necesarios para resguardar la salud del hombre. La semana pasada solicitaron convertirse en querellantes.
"La manipulación de químicos se habría realizado sin los elementos de seguridad necesarios para la actividad y bajo órdenes directas del personal de la empresa", dice un fragmento de la solicitud de constitución de querellante presentada por Mariana S., la viuda de Perno, representada por el abogado Aldo Bilbao Benítez.
La causa penal se inició el 22 de mayo pasado, después de que el letrado presentara una denuncia penal en el Ministerio Público de la Acusación al entender que la muerte de Perno fue un homicidio culposo. Recayó en el fiscal Walter Jurado. Bilbao Benítez solicitó, además, constituirse como querellante.
En julio de 2007 Cristian Perno tenía 32 años y empezó a trabajar como dependiente en Agroservicios Pampeanos SA (ASP), una empresa dedicada a la comercialización de semillas, fertilizantes y agroquímicos que pertenece al grupo canadiense Agrium. En Rosario, sus oficinas están en bulevar Argentino 7879, en Fisherton.
De acuerdo con la denuncia penal y con la causa civil que tramita en el Juzgado Laboral Nº 7 desde 2012, a poco de ingresar en la empresa Perno fue trasladado a Estación La California, cerca de la localidad santafesina de Las Rosas. Le dieron el cargo de jefe zonal técnico y una camioneta con la que iba a distintos campos para entregar agroquímicos —como glifosato— que a veces le hacían guardar en su casa durante la noche; asesoraba a los productores y recorría campos recién fumigados para comprobar los efectos de la aplicación de los productos.
"Jamás la empleadora proveyó ropa de trabajo adecuada y elementos de seguridad para proteger su salud (barbijos, guantes, ropa especial), atento el manejo y contacto directo —durante muchas horas al día— con los productos", dice la presentación penal.
Según la causa, en mayo de 2010 fue ascendido a gerente y trasladado a Villa María, Córdoba. El trabajo de recorrer los campos disminuyó y pasaba más tiempo dentro de la oficina, a metros de depósitos de agroquímicos. En agosto de ese año comenzó a presentar problemas de salud y luego de estudios se le diagnosticó "mielodisplasia severa con mielosis megariocítica y aumento de blastos". Se trata de un tipo de cáncer que afecta la médula ósea.
Con ese cuadro, la empresa volvió a trasladarlo a Rosario, adonde comenzó un tratamiento médico que incluyó un trasplante de médula. El 12 de noviembre de 2012, Perno falleció a causa de su afección.
Homicidio
Para Bilbao Benítez, la muerte del ingeniero agrónomo fue un homicidio culposo, y eso es lo que originó la denuncia penal que está en manos de Walter Jurado. El fiscal solicitó al Juzgado Laboral de la 7ª Nominación las actuaciones para evaluar posibles medidas a tomar. Desde el Ministerio Público de la Acusación consideraron que los cinco años transcurridos desde la muerte hasta la denuncia dificultan recolectar nueva evidencia.
"Existe un nexo causal entre la enfermedad y la orden de alguien de la empresa para que Perno trabajara de ese modo, sin protección", sostuvo Bilbao Benítez, quien detalló que la firma sólo le proporcionó una remera y unos guantes de mota.
Para el letrado, de la investigación penal tiene que surgir quién o quiénes dieron la orden de que se trabajara de ese modo, sin tener en cuenta la salud de la víctima. "Es necesario que se investigue para que ésto no le ocurra a otras personas", consideró.
bajo la lupa. El profesional trabajaba para una empresa que comercializaba fertilizantes, semillas y agroquímicos, y asesoraba a los productores.
Un joven profesional que tuvo que someterse a dos trasplantes
Cuando Cristian Perno murió, sus hijos tenían 3 y 5 años. Era 2012 y hacía 18 años que estaba en pareja con Mariana, una ingeniera en sistemas que lo siguió hacia todos los destinos que lo llevó la empresa Agroservicios Pampeanos SA (ASP). Hoy ella vive en Rosario con los chicos, en una casa que alquilan. Hasta hace unos meses, tuvo un trabajo on line para una empresa de Estados Unidos, pero ahora está desocupada.
La vida de la familia Perno cambió en 2010, cuando vivían en Villa María. "En agosto empezó a tener algunos problemas de salud. Se hizo análisis y le dieron mal. Tenía muy bajos los glóbulos rojos, pocas plaquetas", contó Mariana a La Capital.
Con ese panorama, la familia se volvió a Rosario, donde comenzó el tratamiento médico. "Le hicieron una punción en la médula y le diagnosticaron mielodisplacia. El tratamiento requería de quimioterapia y de una trasplante de médula", recordó Mariana. Cristian comprobó su compatibilidad con varios familiares. En 2011, se sometió a un trasplante con su hermana. El año que siguió fue de controles médicos constantes. En 2012 las células cancerígenas volvieron a aparecer. En octubre se sometió a un nuevo trasplante, pero su cuerpo no resistió. En noviembre sufrió una falla multiorgánica y falleció.
Antes de la enfermedad que le quitó la vida y antes de convertirse en ingeniero agrónomo, Cristian había sido futbolista. "Fue antes de que yo lo conociera. Jugó en Newell's, pero a los 17 años tuvo una hernia de disco y tuvo que dejar", contó Mariana, quien recuerda a su marido como un deportista. "Por eso cuando pasó todo esto nos sorprendimos mucho, porque él siempre fue una persona sana que no se enfermaba, que le gustaba hacer deportes. Incluso después del primer trasplante, cuando le dieron el alta, volvió al gimnasio".
Fue Mariana la que decidió iniciar las demandas que hoy se tramitan en la Justicia Laboral y en la Penal. "Siempre tuve el apoyo de mi familia para esto", remarcó.
