Las entidades gremiales que agrupan a los médicos celebraron el avance en la Legislatura provincial del proyecto que prevé condenas de entre 10 y 40 días para hechos de violencia en todas sus manifestaciones contra trabajadores de la Salud. "Es un avance concreto frente a la impunidad y la sensación de indefensión de quienes se desempeñan en centros asistenciales. Reivindicamos que, luego de un trabajo sostenido durante años, pusimos el tema en la agenda del Estado", afirmó Dardo Dorato, secretario general de la Asociación Médica de Rosario (AMR).
Para la titular del Colegio de Médicos, Sonia Martorano, "es una problemática que atenta contra las condiciones laborales y hace vulnerables a quienes se desempeñan en el sector".
"Sabemos que la violencia es un problema que afecta a la sociedad en general y nos compromete a todos y son legítimas las opiniones de todos, pero en salud es creciente y afecta la cotidianidad de los trabajadores. Resultaba necesario una normativa que condene ataques", agregó Dorato.
"La violencia social está instalada y la salud no escapa a eso", afirmó Martorano y valoró "el trabajo conjunto del Colegio de Médicos, la Asociación y Amra (Asociación de Médicos de la República Argentina), a lo largo de los años con talleres, cursos y debates, donde se empoderó a distintos actores sociales".
Consultado sobre los planteos respecto de cierres de efectores ante eventuales casos de violencia, el secretario general de la AMR aclaró: "No debemos propiciar un debate confuso, nuestra preocupación es evitar los casos de violencia y, en caso de que se concreten, tener las herramientas para abordarlos".
"Para eso —siguió— están los protocolos. En cambio, la decisión de un cierre es una medida extrema, que no forma parte de protocolos sino que está en relación con circunstancias muy particulares y que se definen en ese contexto; entonces no es algo que se pueda dejar sentado".
Las entidades elaboraron un anteproyecto de ley, que el pasado 5 de mayo presentaron al senador provincial Miguel Cappiello, que la hizo propia y la presentó en la Cámara alta donde el 22 de junio tuvo voto favorable y espera su aprobación en Diputados.
El proyecto apunta a una reforma en el Código de Faltas, mediante la cual se condene con arresto de entre diez y cuarenta días (siempre que no corresponda una pena mayor según el Código Penal) a quienes agredan, de cualquier forma, a médicos o a trabajadores de la Salud dentro o fuera de los establecimientos asistenciales, tanto públicos o privados.
Por lo general, los hechos de violencia ocurren ante una noticia adversa y, apuntó Martorano, "hay una descarga al momento sobre el sistema, que pone en riesgo a la integridad de los que trabajan".
