Mientras corre el plazo para que el próximo jueves se ejecute el desalojo de un tambo que está usurpado desde hace ocho años en Nuevo Alberdi, el dueño del terreno ofreció prorrogar tres meses la medida judicial a condición de que los usurpadores manifestaran por escrito su voluntad de retirarse. Ese plazo había sido solicitado en la última audiencia judicial por los integrantes de la agrupación política Giros, quienes asesoran al ocupante ilegal de la tierra; pero luego se negaron a firmar esa solicitud, lo que volvió a empantanar el proceso.
El dueño del terreno también ofreció trasladar el tambo y el municipio presentó un proyecto que contempla la construcción de 250 viviendas sociales para los habitantes de la zona. Las medidas habían sido acordadas en encuentros que propuso la jueza que entiende en la causa, con el objetivo de acercar a las partes y destrabar el proceso judicial.
En ese ámbito se había consensuado postergar el desalojo para que Giros trabajara junto al resto de los concejales en una ordenanza integral para la zona. La norma tiene por objetivo definir aspectos puntuales, como el trazado de calles y usos urbanos.
Sin acuerdo, y con la sentencia de desalojo del tambo firme, Giros lanzó una campaña en las redes sociales e instaló mesas en distintos barrios con el objetivo de juntar firmas que avalen la resistencia a la medida judicial.
El proceso. El desalojo es el corolario de un extenso pleito en Tribunales que ya lleva ocho años y en el que ya se expidió un juez de primera instancia, que fue avalado dos veces por la Cámara.
A pesar de que en estas tres instancias la Justicia había determinado la ocupación ilegal de la tierra y ratificado el desalojo, la jueza llamó a audiencias para intentar acercar a las partes.
El Concejo formó una comisión integrada por tres ediles para participar de esas audiencias, a las que se sumaron el dueño del tambo usurpado, funcionarios municipales y concejales de Giros, ya que asesoran al ocupante ilegal. Allí se trazaron las directrices del plan integral para la zona, se consensuó el traslado del tambo y se detallaron soluciones habitacionales para las familias del barrio. Sin embargo, todo volvió a foja cero en la última audiencia.
Radiografía. La historia del tambo y la usurpación del terreno tiene un largo derrotero judicial. Se inició en 1998, cuando —de acuerdo a la información que consta en el expediente— el desarrollador Mario Jáuregui compró el lote en cuestión. El dueño anterior se lo alquilaba en comodato a Oscar Licera y Rufino Rodríguez.
Esos contratos de comodato siguieron siendo rubricados por ambos tamberos, e incluso fueron presentados por Licera ante el Senasa cuando tramitó el registro de productor agropecuario.
El dato no es menor, ya que Licera siempre adujo que lo "engañaron" al firmar esos contratos, que paradójicamente le sirvieron para tramitar su registro en el Senasa.
La autenticidad de la firma en los contratos fue reconocida por el propio Licera en el marco del juicio, de acuerdo a lo que consta en el expediente.
Cuando Jáuregui reclamó la devolución del inmueble, Rodríguez firmó un acta de restitución, pero Licera se negó a hacerlo y continuó trabajando en el lote.
De acuerdo a lo que se acreditó en el expediente, Licera no vive en ese predio, y el lugar sólo se utiliza para una "explotación comercial lucrativa". Enfrente del tambo, Giros alquiló un terreno en el que montó una fábrica de dulce de leche que se provee de la leche del tambo, y que luego comercializa.
Números claros. En el expediente judicial queda claro que el desalojo implica a un lote de 100 metros de frente por 250 metros de fondo, y no un área de 250 hectáreas como remarcan los referentes de Giros.
En esa zona de Nuevo Alberdi muchos rosarinos, básicamente parejas jóvenes, compraron terrenos para vivir en un barrio abierto cuyo desarrollo está trabado desde hace ocho años. Curiosamente, a metros de allí se desarrollaron otros emprendimientos, como Palos Verdes y un fideicomiso de Bauen.
Desde hace ocho años, la explotación comercial del tambo beneficia a Giros, movimiento que saca su rédito de una actividad comercial que se lleva adelante sobre un terreno ocupado ilegalmente.
Mientras tanto, la solución habitacional que pedía el movimiento político para los vecinos de la zona fue plasmado en un proyecto oficial, el propietario del lote donde funciona el tambo ofreció otro predio para trasladar el mismo y hasta aceptó el plazo que pidió Giros para postergar el desalojo; pero la agrupación que lidera el concejal Juan Monteverde finalmente no rubricó estos acuerdos.
Así, el conflicto volvió a fojas cero. Mientras tanto, en las redes sociales se lanzó "la resistencia" al desalojo, una medida que se había acordado suspender pero que Giros parece no acatar.
