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El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, anunció que la isla optó por abrumadora mayoría convertirse en estado de Estados Unidos, en un referendo no vinculante efectuado en medio de una profunda crisis económica que ha causado un éxodo hacia territorio continental estadounidense.
El 97,18 por ciento de los votantes, poco más de medio millón de puertorriqueños, escogió la opción de "estadidad", según la Comisión Estatal de Elecciones de la isla. La consulta contó con tan solo 23 por ciento de participación. De los 2.260.804 habilitados para votar, acudieron a las urnas casi 518.000 ciudadanos. Casi medio millón de electores apoyaron la "estadidad", es decir, la pertenencia plena a Estados Unidos, contra apenas 7.600 que votaron por la libre asociación con independencia y casi 6.700 por la independencia. Varios partidos boicotearon la votación. Por otro lado, es el Congreso de Estados Unidos el que tiene la última palabra.
El gobernador Roselló anunció que seguirá adelante con el objetivo de convertir a la isla en el estado número 51 de Estados Unidos, al declarar que Puerto Rico votó a favor de la "estadidad". El gobernador creó una comisión que buscará que el Congreso valide el resultado.
El referendo se efectuó en el 100º aniversario de la fecha en la que Estados Unidos concedió la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños, aunque no pueden votar para elegir presidente y solo tienen un representante legislativo con poderes de voto limitados.
Muchas personas creen que la condición de la isla ha contribuido a la honda recesión económica que ya dura 10 años y ha causado que casi medio millón de puertorriqueños hayan emigrado a territorio continental estadounidense. Las dificultades económicas derivaron principalmente de un fuerte endeudamiento durante décadas y la eliminación de incentivos fiscales federales. Puerto Rico está exento del impuesto federal sobre la renta de Estados Unidos, pero continúa pagando Seguridad Social, Medicare (cobertura para ancianos), además de impuestos locales, y recibe menos financiación federal que los estados plenos de EEUU.
El municipio envió al Concejo el proyecto para adherir a la ley provincial que prohíbe la actividad de los trapitos. Contempla multas de hasta $907.600, tareas comunitarias e intervención policial para retirar a los trapitos de las calles.
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