Los vecinos de Villa La Ribera y la región viven momentos de incertidumbre. Se va terminando junio y la licitación para construir un ingreso alternativo a los puertos de Timbúes que sortee el cuello de botella de la ruta provincial 91 sigue siendo para ellos una incógnita. Hubo una licitación que se cayó, un nuevo llamado, renegociaciones, pero hasta el momento nada pasó. Por eso, y a través de su representante legal, Fernando Dimase, los habitantes mandaron una carta documento a la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, en la que se le manifiestan la inquietud ante la falta de información sobre los avances de ese proceso. La preocupación se hace más grande teniendo en cuenta una versión que habla de la instalación de un nuevo puerto en Timbúes.
El 22 de noviembre del año pasado, la licitación para construir un by pass que conecte la ruta provincial 91 con las terminales portuarias de Timbúes se convirtió en un hito para la región. Tras años de pedidos, notas, reuniones y hasta cortes de ruta que generaron mucha tensión, los vecinos de Andino, Serodino y Timbúes, pero sobre todo de Villa La Ribera empezaron a vivir lo que esperaban que fuera el principio del fin de una pesadilla. La ruta 91 se venía convirtiendo año a año en un pandemonio de camiones. Los reclamos venían por lo menos desde 2005. Pero ese 22 de noviembre se conocieron las dos ofertas para la obra de acceso del tránsito pesado, con un presupuesto de 3 mil millones de pesos y un plazo de ejecución de 14 meses.
La obra planificada consistía en un atajo que sorteara los tramos urbanos de la ruta 91 y llegara a la ruta nacional Nº 11, más una prolongación hasta la calle Cacique Mongoré (en Timbúes), que es donde abren los caminos internos que conducen a las terminales Renova, Dreyfus Timbúes, Cofco, ACA y Aceitera General Deheza (AGD). La longitud total de la conexión vial será de 6.400 metros, de los cuales 3 mil serán de concreto y el resto de camino granular.
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El 22 de noviembre del año pasado se licitaron las obras. Fue un día histórico.
Tal como lo publicó La Capital en distintas ocasiones, el punto más crítico fue siempre Villa La Ribera, un poblado de unos 700 habitantes y en crecimiento cuya jurisdicción está dividida entre tres comunas: de la ruta 91 al sur depende a Pueblo Andino, hacia el norte, a Oliveros, y cruzando el Carcarañá, tributa a Timbúes. La Ribera está literalmente atravesada por la ruta, y con cada cosecha gruesa los vecinos vienen enfrentando una situación que se volvió desesperante. Con picos de tránsito que han llegado a los 15 mil camiones diarios en las rutas de esa zona, la 91 se convirtió en un cuello de botella por donde pasa el tránsito pesado hacia las terminales de Timbúes.
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En semejante contexto, los habitantes de La Ribera, tanto los residentes permanentes como los que tienen casas de fin de semana o pequeños emprendimientos turísticos, se unieron en un reclamo conjunto. Aunque ya venían haciendo pedidos desde hacía más de 15 años, en abril de 2021 enviaron una carta al presidente de la Nación, Alberto Fernández, pidiéndole una audiencia para buscar soluciones inmediatas. La pandemia, que había paralizado al país en tantos aspectos, no hizo mella en la producción, el problema del tránsito siguió y sus consecuencias generaron reacciones más viscerales. El 16 de junio de ese mismo año hicieron una presentación, con patrocinio legal, en la Defensoría del Pueblo. Advertían allí sobre los peligros y daños personales y colectivos que sufren, tanto los residentes como quienes transitan por la ruta 91, como el impacto al medioambiente, producto de la afluencia del tránsito tanto vehicular como de camiones de carga.
A raíz de aquella presentación, el organismo provincial convocó a una mesa diálogo, que se concretó el 24 de septiembre del mismo año con el objetivo de acordar un camino común de acción para llegar a una solución. Esa reunión resultó crucial, porque convocó a autoridades, legisladores, representantes de los gremios y de las cámaras empresarias. Los habitantes se fueron conformes por la convocatoria, aunque algo escépticos respecto de los resultados.
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El 24 de septiembre de 2021 se llevó a cabo una reunión trascendente convocada por la Defensoría del Pueblo.
Pero el 7 de abril de 2022, a comunidad de Serodino se vio conmocionada por una tragedia que se cobró la vida de dos vecinos de esa localidad. Ese día, a las 18.30, el Renault 19 en el que viajaban Eteban Cardozo, de 60 años, y Agustina Ferreira, de 22, protagonizó un accidente en el que también se vieron involucrados dos camiones. El vehículo se incendió y los cuerpos quedaron calcinados. Era una tragedia más que se sumaba a la lista, pero también la que encendió la mecha. Viendo que las respuestas no llegaban los vecinos comenzaron a cortar las rutas 91 y 11, y viernes 22 amaneció con una fuerte tensión, las colas de camiones se hicieron kilométricas y llegaron a los pueblos a la redonda. También colapsó la autopista Rosario Santa Fe. Fue una protesta histórica.
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El fatal accidente del 7 de abril de 2022 encendió la mecha de una gran protesta.
El viernes 29 de abril de ese año, la provincia presentó un proyecto formal para dar solución al problema. La propuesta se formalizó en una reunión en Puerto San Martín, donde estuvieron presentes el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, el administrador de Vialidad Provincial, Oscar Ceschi, entidades empresarias y gremiales, intendentes presidentes comunales de las localidades involucradas y representantes de los vecinos. El gobierno se comprometía así a licitar la construcción de una nueva ruta alternativa que sorteara las zonas urbanas y llegara al área de las terminales.
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La licitación llegó finalmente con la apertura, el 22 de noviembre, de las ofertas técnicas. Pero el proceso inflacionario que vive la Argentina y la sobreoferta por parte de las empresas Rovial SA y Vial Agro se llevaron puesto el proceso. Se anunció entonces un nuevo llamado para el 24 de marzo de 2023, al cual se presentaron las mismas empresas, pero ya con un presupuesto oficial de 4.400 millones de pesos, casi un 50 por ciento superior al del último llamado. En febrero se informó que en pocos días se adjudicarían las obras. Después, todo entró en un cono de sombras.
En la nota enviada a la ministra Frana, Fernando Dimase presa que "desde entonces ha reinado un absoluto silencio de las autoridades, en especia de su ministerio, que entiendo es el responsable principal de la realización de la obra".
