La eliminación de las restricciones cambiarias fue una de las promesas de campaña de Javier Milei y su incumplimiento es uno de los blancos preferidos de los reproches de muchos de los sectores económicos que lo acompañaron. Una dosis de pragmatismo llevó al ministro de Economía, Luis Caputo, a mantener el cepo instrumentado durante el último tramo del gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, los reclamos por “la unificación cambiaria” son comunes a los dueños de los dólares que le faltan al titular del Palacio de Hacienda: los exportadores y el Fondo Monetario Internacional. ¿Se pueden levantar abruptamente las regulaciones sin una crisis cambiaria y disparada inflacionaria? ¿Son el cepo extremo o la liberalización total de la cuenta capital las únicas opciones de política económica?
Los investigadores de Suramericana, la consultora que conduce el ex ministro de Economía Martín Guzmán y de Fundar presentaron recientemente una propuesta de “regulación prudente del flujo de capitales”, que contempla un camino alternativo. Con anclaje en la literatura económica y prácticas internacionales, el trabajo rescata la experiencia regulatoria instrumentada en Argentina tras la crisis de la convertibilidad. Ramiro Tosi, director de Suramericana y ex secretario de Finanzas de la Nación, destacó la importancia de un camino “gradual” de desregulación, que nunca debe ser absoluta. Este camino, apuntó, es parte de un necesario “reseteo” del plan económico.
- ¿Por qué el gobierno no puede cumplir con su promesa de salir del cepo?
- Las actuales regulaciones cambiarias se tomaron en un contexto de abrupta salida de capitales, en 2019, sobre el final de una experiencia fallida como fue la salida del cepo anterior. A fines de 2015, Macri levantó el cepo, volvió al mercado de deuda, tomó mucha deuda en muy poco tiempo y permitió que en el mercado local hubiese inversores extranjeros que pudieran comprar títulos en pesos. Cuando se empiezan a retirar del país y a pedir nuevamente sus dólares, el Central empezó a perder reservas muy rápidamente y el mismo gobierno que lo había sacado volvió a poner el cepo. La administración actual se encuentra con un conflicto para desarmar el cepo, que va más allá de no poder comprar más de u$s 200 e involucra, regulaciones a empresas, movimientos de capitales y de balanza comercial. Es todo un andamiaje normativo que funciona como una pieza de relojería y que se debe ir regulando con precisión. El gobierno postergó esa agenda para enfocarse en bajar la inflación.
- ¿Cómo se debería proceder para levantar el cepo minimizando las posibilidades de un brusco salto cambiario?
- En el trabajo hacemos una hoja de ruta de cómo entendemos ese proceso, que debe ser gradual. No puede ser de un día para el otro, como se hizo en el 2015, porque llevaría justamente a tomar un riesgo muy grande de salto cambiario. El tipo de cambio oficial se acercaría más al dólar financiero, más cerca de los $ 1.300, y generaría otra serie de problemas macroeconómicos, como una aceleración inflacionaria. Para evitar eso, hay que ir liberando gradualmente. En 2001 y 2002, a la salida de la convertibilidad, se dio un proceso de liberalización gradual, donde la gente, a medida que iba pasando el tiempo podía comprar cada vez más dólares hasta que llegó un momento en que se permitía hasta tres millones por mes. La idea es ir desarmando de a poco ese conjunto de restricciones mientras la economía vuelve a recuperar, sobre todo, capacidad y fortaleza en las cuentas externas. Si el Banco Central recompone su posición de reservas se puede ir flexibilizando en el tiempo ese acceso a las divisas para que no genere saltos cambiarios abruptos. La conclusión del trabajo es que hay que ir a un esquema que no sea ni un cepo muy férreo, como el que tenemos actualmente, ni la repetición de la experiencia del 2015, cuando se salió muy rápido y sin ningún tipo de regulación posterior.
- ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene la política económica en esta etapa para avanzar en ese sentido?
- Lo que más teme el gobierno es que el relajamiento de las restricciones haga saltar el tipo de cambio y complique la desaceleración inflacionaria. Por otra parte, desarmar el cepo también implica perder recursos fiscales, que hoy son importantes. El impuesto País, que se reducirá a partir de septiembre para algunas operaciones, se creó por ley al inicio de la gestión en el 2019 y es hoy el séptimo impuesto más importante en términos de la recaudación tributaria. En los primeros siete meses de 2024 recaudó algo así como el 6% del total, frente al 1% de los últimos dos o tres años. Hoy tiene un impacto no menor y obliga a hacer las cuentas para ver con qué se reemplazan esos ingresos.
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- ¿Cómo cambió la mirada sobre la regulación cambiaria a nivel internacional?
- Desde el 73 hasta mediados de los 90 la posición dominante era que el Estado no tenía que intervenir y debía dejar que los mercados, que se suponían que eran los más eficientes para tomar ese tipo de decisiones, autorregularan el desplazamiento de los flujos. A partir de la crisis que se desató primero en el sudeste asiático y después en los países latinoamericanos, quedó claro que si no se hace nada, se corre el riesgo de que el regreso de esos capitales a sus países de origen genere gran volatilidad en el tipo de cambio y problemas en las reservas. Eso tiene efectos macroeconómicos que esos inversores no toman en cuenta. A partir de ahí, en la academia se reconoce la necesidad de que haya algún tipo de regulación prudencial sobre la salida de los capitales y también a la entrada. Por ejemplo, poner algún tipo de encaje. Otro componente relevante para Argentina es la posición del Fondo Monetario Internacional. Justamente en 2018 ingresamos en un programa con el FMI, que fue renegociado en 2022. El organismo, en el marco de su programa con los países, da recomendaciones en términos de regulación de flujo de capitales. Como ocurrió con la academia, el Fondo, que en principio era mucho más amigo de una liberalización plena, hoy, a raíz de la experiencia, reconoce que no necesariamente es la mejor receta para todos los países. Y contempla algún tipo de regulación prudencial.
- ¿Esta fase del plan económico actual está llegando a un límite ?
- Se necesita una suerte de reseteo del plan económico, en el sentido de que los objetivos más inmediatos que se planteó el gobierno en diciembre, que era sacar a la economía de un escenario en el que la inflación estaba peligrosamente girando alrededor de los dos dígitos mensuales, se logró. Ahora va a ser difícil bajar la inflación del 4% porque ya empiezan a verse agotamientos en otros frentes, sobre todo en el plano cambiario. Este nivel de tipo de cambio ya no es atractivo para los exportadores, y el ajuste fiscal, que lo pagaron los jubilados, los empleados públicos, la obra pública y las provincias, empieza a tener límites. Como le pasa a los técnicos de fútbol, el gobierno va a tener que hacer algún cambio.
