En Rosario las cuotas de escuelas privadas en primaria pueden ir desde 3 mil pesos (religiosas de barrio con muchos alumnos por aula) a bastante más de 30 mil pesos por mes (con patronales empresariales o religiosas y con muy pocos alumnos por aula: un promedio de 20). Y al momento de retratar cómo se discuten o "pelean" los subsidios entre Educación y Economía hay que tener en claro que los porcentajes (100 por ciento, 80 por ciento, 60 por ciento, 66%, 40 por ciento) no corresponden a las escuelas, sino a los cargos. A mayor subsidio correspondería menor cuota pero eso no ocurre siempre así.
"Porque históricamente el subsidio de educación privada se manejó así, en absoluto silencio, podría hasta decirse que es procatólico sobre todo cuando se trata de colegios que dependen del Arzobispado, si la ministra quisiera estos datos debería pedírselos especialmente al director del Spep (hoy Rodolfo Fabucci)", dice el ex funcionario del Ministerio de Educación y de Economía de la provincia durante la gestión socialista, Pablo Olivares. El funcionario agregó que siempre fue curioso que un decreto de Gobernación o la resolución de un ministro tenga mucho más nivel de visibilidad que la de un órgano inferior como el Spep.
Pero además, para entender esta poca transparencia en relación a los dineros que otorga el Estado para los cargos, hay que saber que hay topes: un límite que sí visibiliza el Spep y que se puede ver en el cuadro "Cuotas máximas permitidas desde diciembre de 2021" en el subportal del Ministerio de Educación de Santa Fe.
El silencio en este caso no es salud. Al menos no para una educación y negocios privados que reciben dineros públicos.
Hay colegios que cuentan hasta con subsidios mixtos en sus cargos: por algunos reciben el 60%. Por otros, más o menos dinero, independientemente de cuántos cargos tienen financiados, dato que nunca se consigue saber públicamente.
"En general un ministro de Educación va a la discusión con su par de Economía con dos carpetas bajo el brazo pero fundamentalmente pelea al máximo por los cargos oficiales porque sabe que los privados -empresarios, arzobispado y pastores- hacen lobby por su parte con Gobernación y Economía de formas tan sutiles como eficaces", dijo Olivares.
Cómo se reparte el dinero
Saber que el presupuesto provincial aprobado para 2022 es de 850.445 millones de pesos y que de ese monto a Educación le corresponde un 19.5% (153 mil millones) no es complicado ya que las cifras son públicas. Tanto como las que indican que de esos dineros que el Estado destina a la cartera educativa, un 16,5% va a las escuelas oficiales y un 3,5% al pago de cargos de escuelas privadas dirigidas por organismos religiosos (católicos y evangélicos), empresariales y comunitarios; como también a la estructura del Servicio Provincial de Enseñanza Privada (Spep), dirección provincial con formato único en los ministerios de la provincia y encargado de la fiscalización de estos establecimientos educativos. Hasta allí todo bastante claro.
Pero históricamente el problema comienza cuando se pide la desagregación o apertura analítica de ese 3,5 por ciento que sostiene a la educación privada. Las respuestas no son públicas, los números tampoco. ¿Por qué?
"Hay una realidad en la administración pública donde a menor jerarquía de un acto administrativo hay menos publicidad y visibilidad. Un decreto es mucho más visible que una resolución de un ministro y la resolución de un funcionario intermedio es menos visible aún. Es cierto que cuanto menos jerarquía es quien emite el acto administrativo el asunto y la decisión es menos relevante. Pero con el Spep se da algo peculiar ya que es una norma de bajo rango jerárquico pero que definen destinos de muchos recursos. Esta realidad particular es lo que explica que no se publique qué recibe cada escuela como subsidio por cada cargo. Es un área estanca y supervisada de manera distinta a las escuelas oficiales donde las supervisiones se concursan. En privada el tema del control es más poroso porque los supervisores en su gran mayoría han tenido historia laboral con el supervisado", señaló.
En Santa Fe hay 849 escuelas privadas (y 65 anexos) entre ellas las parroquiales, que prestan servicios de oferta única en barrios o para sectores vulnerables de la población y son los que reciben un 100% de subsidios, esto implica que el Estado les paga el sueldo del personal escolar autorizado (docentes, porteros y directivos), pero de ellos dependen luego cómo solventan el resto de los gastos de limpieza y mantenimiento del edificio, ART y seguros.
Los padres, en general, no pueden pagar las cooperadoras y entonces las maestras se transforman en vendedoras de empanadas, pollos, pizza, organizadoras de rifas o en quienes "garronean": les piden una "mano" a los comerciantes del barrio y conocidos para poder brindar el servicio educativo. Son los conocidos colegios privados "pobres".
En otra vereda están los privados que cobran cuotas de varios dígitos, incluso hasta cinco. Reciben menos fondos públicos, es cierto, y así pueden aumentar las cuotas a los padres para costear el resto de sus gastos, pagar otros servicios docentes y ofrecer actividades programáticas tipo "amenities".
Es un espacio gris donde el colegio tiene el tope de cuota definido por el Spep pero el establecimiento se las ingenia para agregar componentes extras donde, en los hechos, los padres no puede decidir si adhieren o no a ese servicio extra.
Son colegios con tope alto de cuota, que no siempre respetan. Hasta podrían subsistir sin fondos oficiales. De hecho hay colegios bilingües o ligados al Opus Dei en el centro o en Funes que renunciaron a su aporte porque les convenía más al momento de liberar el precio de la cuota.
"Saben que en ese ámbito rige la ley de la oferta y la demanda y que cada padre vio desde el inicio que el colegio tiene una cola de otros padres en lista de espera deseosos de que se desocupe un lugar", agregó Olivares, quien considera que los padres deberían saber el porcentaje de subsidios en cargos que recibe el colegio, para "aumentar la transparencia y el control" administrativo.
En medio de estos dos grupos están los colegios de elite, no por su economía, sino por su oferta educativa y a veces son la única salida educativa en muchos pueblos. Reciben en general hasta el 80% de aporte estatal y claro, tienen tope.
Un problema federal
La discusión sobre cuántos subsidios reciben los colegios privados, cómo se decide su otorgamiento, y sobre todo qué controles existen sobre estas erogaciones no es privativa de Santa Fe, sino también del resto de los estados provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).
Especialistas, gremios y docentes aseguran que no existe en el sistema educativo organismo que pueda detectar subsidios mal asignados.
"Los controles siempre son difusos, en la Escuela Ceferino Namuncurá el año pasado debió intervenir el gobernador para que se regularizaran los manejos de fondos por parte de la dirección, manejada por una familia", dijo el secretario general del gremio que nuclea a los docentes particulares (Sadop), Martín Lucero.
El gremialista se refirió así a un caso que se visibilizó y publicó La Capital en octubre del año pasado, en la escuela ubicada en Presidente Perón 5038.
Educación tomó la decisión de reemplazar a tres personas de su cargo e iniciarles un sumario administrativo y disciplinario, tras las denuncias penales de docentes por malos tratos hacia la familia Alegre (directora del secundario; su marido, portero y el hijo de ambos, representante legal del primario).
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Para Lucero los controles administrativos y contables son difíciles de realizar porque no hay inspectores que los hagan.
"Las escuelas privadas recibían hasta hace poco tiempo más presupuesto que lo que reciben todas las comunas de Santa Fe juntas: es mucho dinero, y acá hay una ley vigente que dispone que hay que retirar el subsidio de las escuelas que se desprende de su personal pero eso no sucede, bajo el argumento de la 'libertad de enseñanza', pero tampoco hay escalafones y concursos. O sea uno no se puede meter con la enseñanza privada pero el Estado la financia casi en su totalidad".
Y algo más, Lucero se pregunta: "¿Cómo aumenta el subsidio? Porque cada vez que los docentes reclamamos en paritaria e incluso paramos, cada peso que aumenta no va a los trabajadores, va a la escuela. Entonces los dueños de las escuelas consiguen aumento por nuestra lucha tan criticada luego por ellos y algunos padres. Los empleadores lejos de enojarse por nuestras medidas de fuerza deberían aplaudirnos, pero no, y encima no tenemos derecho a saber cuánto recibe cada escuela, ojo, los padres tampoco lo saben".
La ley Nacional de Educación reconoce desde 2006 cuatro tipos de gestión: estatal, social, cooperativa y privada.
Las gestiones social y cooperativa deberían tener mayor protección estatal, pero esto no fue regulado (salvo en Neuquén). La norma apunta a "aportes a la gestión privada" (no de subsidios) y dice que son exclusivamente para financiar salarios docentes (no gastos corrientes ni infraestructura), aunque los salarios representan el mayor gasto. Y por ser consideradas entidades sin fines de lucro, las escuelas se benefician con exención impositiva en IVA y Ganancias y no pagan contribuciones patronales a sus docentes.
Hasta ahí datos conocidos, visibles: qué recibe cada escuela privada, un secreto para docentes, padres y gremios.
