A casi seis años del intempestivo cierre que dejó una treintena de trabajadores en la calle, la Justicia se dispone a rematar el único bien sustancioso de Triángulo Color. Se trata del histórico local de calle Corrientes al 1.900, donde funcionaba tanto la sucursal de la firma como su depósito.
Con un precio base de u$s 250.000 -o su equivalente en moneda nacional en el régimen de dólar solidario-, este miércoles se abrirán los sobres con las ofertas para el inmueble, de interés para constructoras e inmobiliarias. Según fuentes judiciales, hay expectativas que haya uno o varios candidatos, lo que sería clave para el pago de las indemnizaciones.
La empresa bajó sus persianas el 24 de noviembre de 2016, en una acción que sorprendió a los 36 empleados, que habían llegado a trabajar como cualquier otra jornada. La empresa venía acusando problemas incluso en ámbitos oficiales, pero definió el cierre de la noche a la mañana, lo que generó enojo en el sindicato mercantil.
Si bien se sucedieron algunas instancias intermedias, nunca hubo acuerdo entre la sociedad y los trabajadores, que no cobraron sus correspondientes indemnizaciones. A valores históricos, la deuda con ellos alcanza unos 25 millones de pesos, según indicaron desde el estudio jurídico que representa al 95% de los acreedores laborales.
"Tenemos expectativa que se va a vender el inmueble. Estamos hablando de unos 400 metros cuadrados en una arteria interesante, en pleno barrio Abasto", explicaron a La Capital, que viene siguiendo el conflicto desde el día del cierre.
Al momento del cierre, Triángulo Color tenía tres sucursales activas: la de calle Corrientes, una en Portal Rosario y otra en el Shopping del Siglo. Si bien había incorporado algunos dispositivos para adaptarse a los nuevos tiempos, la empresa nunca logró aggiornarse a la realidad de un negocio que cambió rotundamente desde principios del nuevo siglo.
La demanda laboral se ingresó en Tribunales a pocas jornadas de conocerse el cierre, mientras que semanas después la misma empresa solicitó su propia quiebra ante la Justicia provincial, lo que finalmente quedó firme hacia finales de 2017. El expediente quedó en manos del Juzgado de 1a. Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 8a. Nominación de Rosario, a cargo de Luciano Juárez.
En el año 2018, el magistrado procedió a la venta por sobre cerrado de un conjunto de bienes muebles, que si bien aportó dinero, resultaba exiguo para cumplimentar el pago de las indemnizaciones. Por ello las expectativas de los trabajadores están cifradas en que finalmente se pueda rematar el inmueble de calle Corrientes, sobre cuyo resultado tendrán prioridad los ex empleados.