El mes de diciembre en la historia reciente de Argentina suele encontrarse marcado por alta conflictividad social, cambios políticos y tensiones económicas. Y este 2022 no es la excepción. Los problemas contemporáneos giran alrededor de la deuda y se expresan en las tres dimensiones antedichas. En la agenda del gobierno figura al tope la aprobación de la tercera revisión del programa del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el giro de las divisas necesarias para que la Argentina afronte los pagos de su deuda con el organismo. Lo que se define en las oficinas de Washington mantiene expectantes a la Casa Rosada, el “mercado” y sectores empresariales. Mientras tanto, en la calle resuenan los ecos y consecuencias de estas decisiones.
El camino para la tercera revisión
Argentina firmó en marzo un acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI, para pagar el acuerdo previo firmado por Macri en 2018. El acuerdo obliga a auditorías trimestrales donde el organismo decide si aprobar las cuentas del país y desembolsar los fondos que luego cobrará por otra ventanilla. A fines de noviembre el gobierno nacional emprendió una serie de viajes y reuniones con el objetivo de obtener la aprobación de la tercera revisión. Visitas oficiales de funcionarios del FMI en Argentina (la denominada “Misión para la Argentina” que encabezó Luis Cubeddu) y de funcionarios argentinos en Washington. El 28 de noviembre viajaron el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein; el jefe de Asesores del Ministerio de Economía, Leonardo Madcur; el secretario de Finanzas, Eduardo Setti; el subsecretario de Presupuesto, Raúl Rigo; y el titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna. Resulta llamativa la presencia de este último funcionario y posiblemente asociada al pedido de garantías sobre la veracidad de las cifras.
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El presidente Alberto Fernández junto a la directora del FMI, Kristalina Georgieva, en Washington.
Fuente: Presidencia de la Nación
Ya el 16 de noviembre las partes se habían reunido en el marco de la cumbre del G20 en Bali. En esta ocasión participaron el presidente Alberto Fernández, el ministro de economía Sergio Massa, el canciller Santiago Cafiero y el embajador argentino en los Estados Unidos, Jorge Argüello, junto a la directora general del organismo, Kristalina Georgieva y otros funcionarios del Fondo. La reunión tuvo como tema principal el cumplimiento de los compromisos de Argentina con el FMI y, según enfatizaron desde el lado argentino, la discusión sobre los sobrecargos y los costos extraordinarios por la guerra en Ucrania. En esta reunión, el ministro Massa presentó un informe en el que se calcula el impacto de la guerra en Ucrania y las sanciones económicas. Según el documento, Argentina pagó por el aumento de energía, fertilizantes y fletes un monto adicional de 4.940 millones de dólares a lo largo del 2022. En la declaración final, el G20 incluyó un apartado sobre el papel del FMI en estos tiempos y el esfuerzo que se debe hacer “para que todos los países vulnerables se recuperen juntos y sean más fuertes”. En los puntos 32 y 33 del documento oficial, el G20 se hace eco del debate alrededor de los sobrecargos del FMI. Esta iniciativa no se corresponde a un reclamo argentino solamente, sino que también remite a una campaña internacional contra los sobrecargos. "Hay que revisar los sobrecargos que los países más endeudados están pagando. Son tasas muy altas que no tienen ninguna explicación lógica", había declarado el presidente Fernández antes de que los funcionarios viajaran a Washington.
El 2 de diciembre, el FMI anunció que el personal técnico del organismo y el gobierno argentino habían alcanzado un acuerdo en el marco de la tercera revisión. Este acuerdo se completó con la aprobación del Directorio del Fondo esta última semana. En la misma reunión se decidió no modificar su política de sobrecargos.
La aprobación da acceso a la Argentina a alrededor de 6.000 millones de dólares (el equivalente 4.500 millones de DEG), necesarios para poder hacer frente a los pagos del programa SBA. Recordemos que el país actualmente tiene firmados dos acuerdos con el FMI: el primero corresponde al Stand By (SBA) que firmó la presidencia de Mauricio Macri en junio de 2018 y el segundo es el de Facilidades Extendidas (EFF) signado en marzo de 2022 por el actual gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.
El diseño de ambos programas contempla que con los desembolsos del EFF se paguen los vencimientos correspondientes al SBA, como se puede observar en el siguiente gráfico:
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del FMI y el Ministerio de Economía de la Nación.
En el comunicado del FMI, los técnicos del organismo señalaron que “la prudente gestión macroeconómica y los esfuerzos para movilizar financiamiento externo están respaldando la estabilidad macroeconómica—se está restableciendo el orden fiscal, moderando la inflación, mejorando la balanza comercial y fortaleciendo la cobertura de reservas”. Asimismo, se reafirma que los objetivos fiscales y de reservas internacionales permanecerán intactos durante este año y el 2023, aunque se refieran a “riesgos externos e internos”. Uno de los ejes donde el Fondo pone el ojo es la acumulación de reservas. Según el texto del personal técnico, la Argentina deberá contar con reservas internacionales netas superiores a los 9.800 millones de dólares para finales de 2023. Esto se debe a que en el apretado cronograma de pagos y desembolsos, para el 2024 el país necesitaría de mayor cantidad de divisas para poder afrontar los vencimientos.
Acuerdo con el Club de París
Complementando lo anterior, a finales de octubre, el Club de París aprobó una nueva prórroga de los pagos que debería emprender la Argentina en el marco de la deuda oficial con los países miembros del grupo por un total de 1.972 millones de dólares. Esta reprogramación de los pagos da continuidad al acuerdo alcanzado por el entonces ministro de economía Axel Kicillof en 2014 y no implica una quita de deuda. Así se conforma un nuevo cronograma de pagos que incluye 13 cuotas semestrales, empezando en diciembre de 2022 y terminando en septiembre de 2028. La firma de este reperfilamiento se encuentra en estrecha relación con las negociaciones con el FMI. Muestra de esto es que en los días previos a la votación del Directorio del Fondo del nuevo acuerdo con la Argentina de marzo del 2022, el por entonces ministro Martín Guzmán se había reunido con el presidente del Club de París, Emmanuel Moulin, para poder renovar la reprogramación de los pagos de la deuda oficial y así obtener el visto bueno de los países miembro ante la decisión en Washington. Recientemente, en el comunicado del FMI sobre la tercera revisión se valora positivamente dicho “compromiso de pago” por parte de la Argentina tanto con el Club de París como con el propio Fondo. Este mecanismo se pudo observar también en la reestructuración de deuda con acreedores privados del 2020, donde el gobierno se comprometió con los fondos de inversión en renovar el programa con el FMI y continuar con el ciclo de endeudamiento. Es decir, hasta en las negociaciones en las que no participa, el FMI siempre está presente.
En búsqueda de más dólares (para pagar al Fondo)
De forma análoga a los entretelones previos a la segunda revisión, el gobierno volvió a anunciar un nuevo “dólar soja”. Esta devaluación teledirigida a los agroexportadores, representa un nuevo beneficio para un sector ya privilegiado en la economía argentina. Según el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, el gobierno espera recaudar 3.000 millones de dólares con esta medida. En paralelo, el gobierno nacional anotó como una mala noticia el anuncio de la empresa noruega Equinor. La multinacional había informado la cancelación de la llegada del buque BGP Prospector en el marco de la exploración y explotación petrolera offshore en la costa de Mar del Plata. El argumento que esgrimió la empresa remite a la cautelar que había dictado la justicia federal en febrero de este año en el contexto de una fuerte movilización ambientalista. Con los tiempos que caracteriza a la justicia argentina, el 3 de diciembre fue finalmente revocada la medida cautelar y fueron autorizadas las actividades de la multinacional en el mar argentino. Decisión que fue celebrada por la secretaría de Energía de la Nación, Flavia Royón y el Jefe de Asesores del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco.
Estas dos medidas se refieren a actividades extractivas que refuerzan el perfil de inserción primaria de la economía argentina en el mercado mundial. Además son señales elogiadas en Washington: en el mencionado comunicado de diciembre del FMI, el equipo técnico dictamina que “se necesitan esfuerzos continuos para fortalecer (...) el potencial exportador neto de los sectores estratégicos, particularmente en energía”. En esta línea se puede leer el anuncio que realizó el ministerio de Economía luego concretar un nuevo crédito de la CAF (la anteriormente conocida Corporación Andina de Fomento y ahora reconvertida en el “Banco latinoamericano de desarrollo”) por 540 millones dólares para el financiamiento del segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner asociada a la explotación de gas no convencional.
Otro banco regional de desarrollo del cual el gobierno argentino se nutre de divisas en el marco de la crisis es el BID. El organismo (también con sede en Washington) aprobó un nuevo préstamo al país por un monto de 500 millones de dólares. La carátula del préstamo multilateral se refiere a los objetivos de “mitigación y adaptación a los impactos del Cambio Climático”. El comunicado del ministerio de Economía lo anunció como un financiamiento que fortalecerá las reservas de nuestro país.
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Protesta contra las dictaduras en ciudad de México. Argentinos se manifiestan contra el último Golpe Militar y denuncian el crecimiento de la deuda externa.
Foto: Henry Romero / Reuters
El factor china
Otra de las fuentes de dólares de las que se nutre el gobierno nacional remite a las relaciones bilaterales con la República Popular China. Por un lado, a fines de noviembre fue anunciada la reanudación de las inversiones de la potencia asiática en las centrales hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic por un monto de 540 millones de dólares. Por otro lado, luego de la reunión bilateral de Alberto Fernández y Xi Jinping en el contexto de la cumbre del G20, se acordó la ampliación del swap de monedas. Este nuevo convenio le permite al BCRA disponer de 5.000 millones de dólares como reservas de libre disponibilidad.
Estos acuerdos complementan las negociaciones con la vieja arquitectura financiera internacional. Lejos de ser una fuente alternativa al financiamiento externo, o incluso un elemento de disputa, por ahora las divisas que provienen de China ponen como condición la firma del acuerdo con el FMI y con los acreedores privados.
El horizonte (con más deuda)
La aprobación de la tercera revisión del acuerdo no va a resolver el problema de la deuda ni en el corto ni en el mediano plazo. El apretado cronograma de pagos y la exigente combinación de los acuerdos de Macri (2018) y de Fernández (2022) con el FMI se combinan con los vencimientos con acreedores privados tras las reestructuraciones de 2020. A pesar de los esfuerzos por reordenar los pagos, la consultora Moodys avizora una cadena de eventuales defaults en las provincias (especialmente en Buenos Aires, Río Negro y Tierra del Fuego). Es decir, tres años de gestión para reponer la sostenibilidad de la deuda apenas lograron dar tiempo para caer en la misma trampa.
Para ganar el apoyo de los acreedores, el gobierno nacional continúa aplicando el ajuste -con el afán de cumplir con las metas del Fondo-, buscando todas las vías posibles para conseguir dólares. Para ello, renueva beneficios al sector agroexportador, apuesta al fracking y la explotación petrolera offshore y, más recientemente, a través de un nuevo blanqueo de capitales. En cuanto a este último punto, el gobierno se vale del acuerdo de intercambio de información fiscal y financiera con los Estados Unidos anunciado este 5 de diciembre en conferencia por el ministro Sergio Massa y el embajador estadounidense en Argentina, Mark Stanley.
Como se puede ver en el recorrido del último mes, el gobierno destina sus persistentes esfuerzos en garantizar las tareas que le demandan los acreedores, beneficiando en especial a quienes proveen de dólares para sostener esta dinámica. En la esquina contraria, y a pesar de las ahora lejanas promesas de campaña, los salarios no logran ganarle a la inflación. En la misma línea, el gobierno avanzó en la auditoría de programas sociales, que incluyó demoras en el cobro de los beneficios. Mientras de un lado se pasa la gorra juntando fondos para pagar, del otro se piden explicaciones para poder cobrar.
La nota fue coescrita por Castiglioni y Cantamutto:
(*) Lucas Castiglioni es licenciado en Relaciones Internacionales, docente en RRII en la Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN. Además, es miembro del GT CLACSO Crisis y Economía Mundial. También participa del boletín Tramas en Bahía Blanca.
Francisco Cantamutto es economista de la Universidad del Sur y doctor en Ciencias Sociales de FLACSO México. Trabaja como docente en la UNS e investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del CONICET.
