La embestida policial contra los manifestantes que desconcentraban el miércoles de la marcha de la CGT ante los Tribunales porteños fue toda una expresión de acción política. La motorizada de la Policía de la Ciudad fue directamente a surtir a palazos a personas que caminaban ya fuera de la movilización. Era tan elocuente la directiva que resultó inocultable hasta para el periodista de TN que respondió a los gritos al ser sorprendido al aire por la arremetida brutal y sin ningún motivo de los uniformados.
Casi al mismo tiempo que los canales porteños más diversos mostraban cómo cobraban todos los cronistas que estaban trabajando quedó claro que el ánimo del gobierno de Javier Milei es sofocar cualquier planteo de disidencia. La libertad es nuestra bandera siempre y cuando no se use para expresar disenso. La ley ómnibus que Milei mandó al Congreso con reformas estructurales profundas en el Estado, en los impuestos, en el sistema electoral, en las jubilaciones y que habilita privatizar a empresas estratégicas incluyó un inconcebible requisito para reuniones en el espacio público. En el caso de participar tres o más personas habrá que pedir autorización al Ministerio de Seguridad de la Nación con 48 horas de antelación. Quien no lo haga se expone a situaciones de represión penal o de arresto.
La debilidad legislativa de origen de Milei lo lleva a un programa cristalino de avanzar directamente contra el Congreso de la Nación. Se sostiene en su idea de que cualquier matiz a su programa político es una obstrucción a la voluntad popular. Su problema es que no lo votaron sólo a él. Los 329 legisladores nacionales fueron elegidos en el mismo proceso electoral donde él obtuvo el cargo de presidente. Pero solamente él tiene, a su juicio, mandato legítimo. Cualquiera que se oponga a lo que él quiere entonces está actuando desde el resentimiento o desde, como gusta decir, no desde el lugar de los argentinos de bien.
Su posición es la de obtener la suma del poder público. Su primera medida fue el paquetazo con el cual se propone derogar o alterar 364 leyes a través de un único DNU que interviene en cambios sustanciales de regulaciones tan sensibles como las del Código Civil o el Código Aduanero.
La ley ómnibus que este miércoles mandó para tratar en sesiones extraordinarias demanda explícitamente declarar “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025”. Pero marca que este período “podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de DOS (2) años”.
Decir esto es declarar la prescindencia del Parlamento argentino. Que pasaría a ser algo semejante a la Comisión de Asesoramiento Legislativo, la CAL, que inventó la dictadura de Jorge Rafael Videla, convirtiendo al edificio de la avenida Entre Ríos en un decorado. Lo que les pide Milei a los senadores y diputados es que sean sus títeres durante cuatro años o que se corran. Si esta meganorma se aprobara Milei tendría durante sus cuatro años de gobierno la facultad de decidir sobre todas las temáticas que sólo puede decidir el Parlamento. Será el Luis XIV argentino.
Lo significativo y a la vez ilustrativo del tiempo político es que no hay reacción de los legisladores. Apenas resoplidos de unas pocas voces aisladas. Durante una pregunta en el reciente debate presidencial sobre si estaba a favor de la democracia, Milei no pudo o no quiso contestar. Dos meses después, ya en la Casa Rosada, les reserva tres términos a los que se opongan a su radical transformación del modelo de acumulación nacional, y de sus regulaciones del sistema laboral, la seguridad social y el campo de la producción. O son resentidos, o son extorsionadores, o son coimeros.
El hombre a cargo de la Presidencia de la Nación no cree en la democracia. Manda a sustituir el Congreso hasta cambiando por decretos códigos esenciales del funcionamiento de lo público y disuelve el estado de reunión y de protesta que consagra la Constitución nacional. No es inimaginable que, si encuentra oposición de aquellos a los que concibe como fracasados, rencorosos o coimeros, busque cerrar el Congreso.
En el medio las regulaciones del mundo laboral y económico que implicaron luchas durísimas e históricas caen. Se suspende la formula de movilidad previsional. Se eliminan las Paso y se crea un sistema de elección de diputados nacionales por circunscripción uninominal que es un mecanismo a medida de su pretensión. Abre la privatización para 40 empresas públicas, algunas de capacidad estratégica como mineras o de hidrocarburos o de energía atómica, que ni el Chile de Pinochet quiso poner al margen del control estatal. Desregula los intereses y cobro de comisiones de tarjetas de crédito, cambia por completo las condiciones de alquiler de un inmueble con condiciones arbitrarias de plazos y rescisión de contratos en desmedro de la parte más frágil que es el inquilino y se flexibilizan en extremo las condiciones de contratación. Todo esto está en el mix del DNU de hace una semana y la ley ómnibus de este miércoles.
Los economistas rosarinos de MATE dicen que se habla de desregulación pero que las economías nunca dejan de regularse. El Estado no se retira sino que se hace muy presente para la organización de un mundo afín a los más fuertes. El programa de Milei es un programa de negocios. Pero es además un programa que, con la misma claridad que en la campaña electoral anunció lo que haría, anticipa que aplastará la disidencia.
Es el momento de saber dónde están los que, de verdad, defienden los valores republicanos. Se notó que muchos de los que lo hacían ahora se ponen una mordaza voluntaria. No le importaban ni las formas ni las rutinas de la democracia. Les importa el contenido de las medidas que el presidente quiere imponer de cualquier forma acusando a los disidentes de embestir contra el bien común. Es importante que referentes de prestigio de la política, de la Justicia, del campo sindical y del deporte, de las artes, de las letras sumen voces de advertencia y cuestionamiento. Y que no ahorren tiempo.
En la obra más explícitamente política de Shakespeare, Ricardo III va por la posesión de la Corona. Y pasa por encima de todo lo que se interpone en su camino. ¿Hay en Argentina un presidente que quiere ser rey? La pregunta no es intrascendente. Lo que es más relevante, sin embargo, es lo que con eso hagan las diversas y plurales partes de un país donde rige la división de poderes. Hasta ahora.
