En el último mes se ha ido acalorando, al igual que el país, las discusiones en torno a la agenda ambiental. Como dirían mis estudiantes, el debate, ¡se picó!.
Por Fabio Primo (*)
En el último mes se ha ido acalorando, al igual que el país, las discusiones en torno a la agenda ambiental. Como dirían mis estudiantes, el debate, ¡se picó!.
El Ministerio de Ambiente avanzó en la autorización para el inicio de actividades de exploración y explotación petrolera off shore en las costas del Mar Argentino. La publicación de esta medida en el Boletín Oficial dio lugar a una vehemente respuesta de la ONG Greenpeace, la cual realizó una denuncia en base al informe de impacto ambiental que desaconsejan la explotación offshore en la zona consignada. Tanto el informe realizado por la Universidad Nacional del Centro como la denuncia en redes sociales de la mencionada ONG han sido blanco de numerosas críticas y polémicas. De cualquier manera, la campaña logró el apoyo de otras organizaciones ambientales a nivel nacional, lo cual derivó en una serie de movilizaciones en las costas de Mar del Plata y Bahía Blanca, bautizadas con el nombre de Atlanticazo. Actualmente la justicia de Mar del Plata está interviniendo en el caso y muy probablemente derogue la autorización del poder ejecutivo.
Por supuesto, la emergencia de la discusión ambiental se inscribe en una historia más larga pero que acotamos al actual periodo de gobierno. Al poco tiempo de asumir la presidencia, Alberto Fernández ya se vio envuelto en un intenso conflicto ambiental con epicentro en la provincia de Mendoza. Hacia finales del 2019 el actual gobernador Rodolfo Suarez resolvió derogar la Ley Provincial 7722 con apoyo de la Legislatura, la cual regula la actividad minera en esa provincia y prohíbe expresamente el uso de sustancias químicas. La medida fue repudiada por la Asamblea en Defensa del Agua, que convocó a una gran movilización social hacia la ciudad capital y logró detener el proceso legislativo.
Los últimos dos años estuvieron marcados por una serie de incendios forestales que afectaron a más de 11 provincias. La expansión de los fuegos generó enormes daños en las provincias de Córdoba, Chubut y Neuquén, con frentes ígneos que produjeron enormes pérdidas en biodiversidad afectando profundamente la vida de los pueblos de la región. El conflicto más importante se dio en las provincias del Litoral, en particular los incendios en la zona del Pre Delta entrerriano, donde la población del área metropolitana de Rosario y alrededores se manifestó mediante importantes movilizaciones y cortes al puente Rosario-Victoria. A los reclamos por incendios se suman las peticiones para la sanción de una Ley de Humedales (que perdió estado parlamentario por tercera vez) para que brinde protección a los ecosistemas litoraleños. Las organizaciones ambientales de la región señalan el carácter intencional de los mismos, como mecanismo para ganar terreno para prácticas de ganadería extensiva, actividad que ha sido desplazada de la pampa húmeda por la expansión creciente del modelo de agronegocio, donde se suele privilegiar la producción de maíz, trigo y soja. Esta producción también ha sido foco de conflictos ambientales en contados pueblos de la región litoral pampeana, donde la adopción de perímetros para distanciar a las explotaciones rurales de las zonas urbanas gana cada vez más adeptos. El principal foco de tensión en las zonas rurales de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Corrientes y las provincias pampeanas es la utilización de pesticidas y compuestos fitosanitarios por medio de la pulverización o fumigaciones aéreas, las cuales son causante de enfermedades respiratorias y oncológicas.
Ya en los últimos meses del 2021, el principal conflicto fue el que se desarrolló en la provincia de Chubut. Este proceso de movilización contra la Ley de Zonificación Minera es de vital relevancia para la comprensión del actual debate que se está dando en otras regiones del país en torno a la aprobación de emprendimientos mineros, hidrocarburíferos y vinculados a la agricultura convencional. Esta serie de conflictos explican en parte la actual vitalidad que exhiben las asambleas ambientales en las provincias andinas y del sur del país. A través de casi 20 años, estas organizaciones han tendido puentes con espacios sindicales e institutos de investigación vinculados a Universidades o al mismo CONICET. Estas redes de solidaridad se vieron en acción en los recientes conflictos sucedidos en Chubut, cuando organizaciones de pescadores y sindicatos como el de Obreros Marítimos (SOMU), el de Portuarios (SUPA), el de Conductores Navales (SICONARA) y el de la Alimentación (STIA) se sumaron a los cortes de ruta, mientras tres Institutos de investigación nucleados en el Centro de Medicina Nuclear (CEMPA - CONICET) hicieron públicas sus declaraciones de apoyo a las organizaciones movilizadas y su rechazo a la Ley de Zonificación Minera. Como fuimos observando, en casi todo el territorio nacional existen organizaciones ambientales locales con una importante capacidad de movilización de recursos y redes para vetar socialmente proyectos productivos vinculados al sector primario, a la vez que efectos políticos del conflicto condicionan la agenda productiva nacional.
Un tópico común respecto al impulso de estas iniciativas productivas es la acusación de opacidad. En el caso de Mendoza en 2019 y Chubut a fines del año pasado nos encontramos con que los procesos institucionales para aprobarlos no fueron comunicados y que se realizaron sesiones parlamentarias en tiempo record, sin demasiada discusión pública. Habría que agregar el agravante que las fuerzas políticas en cuestión, tanto oficialistas como opositores, se habían comprometido a no darle impulso a estos proyectos. Esto fortaleció la consigna de que “No existe licencia social para el extractivismo” en estas provincias, acentuando un clima de desconfianza que se ve agravado por las dificultades que presenta el Estado nacional para contener los innumerables focos de incendio en casi todo país. Por parte de las asambleas ambientalistas involucradas en estos conflictos se manifiesta que los gobernadores no tienen legitimidad para impulsar proyectos productivos vinculados al sector primario. Si bien las movilizaciones populares plantean un desafío a las autoridades gubernamentales, estas fueron electas en procesos democráticos legítimos. La escalada de polarización entre las asambleas y las autoridades provinciales nos han llevado a vivir situaciones de extrema violencia, como las que se vivieron en Chubut las últimas semanas, donde frente a jornadas colmadas de movilizaciones hacia la capital provincial se dio como respuesta una dura represión policial, ante la cual los manifestantes atacaron e incendiaron edificios públicos.
Lo que subyace es un clima de desconfianza por parte de las organizaciones para con los estados provinciales, que muestran graves deficiencias a la hora de poder organizar dispositivos de control y regulación de las actividades extractivas. El Estado Nacional, por su parte, sí ha logrado producir instrumentos de regulación en otras áreas como comercio exterior o como lo muestra la actual campaña de vacunación. Vale preguntarse si no podrían crearse mecanismos de control más eficientes que generen mayores niveles de confianza ambiental en estas poblaciones.
En la cultura hindú, las vacas ocupan un lugar central para la religiosidad tradicional, considerados animales divinos que no deben ser perturbados, mucho menos ser asesinados. Para el resto del mundo este modismo se refiere a elementos que no pueden ser tocados o discutidos, que revisten de un carácter casi metafísico. Algo así sucede en el debate ambiental, donde se empieza a producir un escenario de polarización política en torno a estos conceptos. Esta discusión se ordena en la puja entre sectores más productivistas, que se ven representados en las decisiones del Ministro Matias Kulfas y diferentes colectivos ambientalistas que postulan la prohibición de toda actividad extractiva que pueda tener efectos perniciosos para el ambiente. Para los primeros, Argentina no puede prescindir ni de sus recursos mineros ni de sus – ¿posibles? – reservas hidrocarburíferas, sosteniendo que estas son fundamentales para el abastecimiento energético y metalífero del país, a la vez que pueden significar una importante fuente de empleo con salarios altos y que pueda promover el ingreso de las tan necesarias divisas extranjeras en un contexto donde las finanzas del país se encuentra acechadas por el fenómeno de la restricción externa y, el futuro incierto de las negociaciones con el FMI.
Desde la perspectiva ambiental se pondera el impacto de estas actividades sobre los ecosistemas y las economías regionales. El concepto político fuerte sobre el que se apoyan estos señalamientos es el de “extractivismo”, entendiéndolo como un sistema que cosifica la naturaleza, transformándola en un bien de cambio y fuente de ganancias para luego favorecer su extracción y comercialización en el mercado internacional por medio de mecanismos tecnológico productivos que dejan enormes pasivos ambientales. A su vez destacan el carácter “colonial” de estos emprendimientos donde el Estado Nacional es un socio minoritario a la vez que la porción más importante de la renta y los recursos producidos circulan hacia a otros países, en particular los países más desarrollados. Desgraciadamente, la forma y la intensidad con la que se ha dado este intercambio han llevado a una escalada donde parece imposible que la población pueda acceder a la información circulante a los fines de asumir una posición. Lejos de eso, vemos campañas en redes que incluyen fotos de jóvenes empetrolados - algo improbable dado que las plataformas se construirían a 300 km de la costa atlántica – contrapuestos con acusaciones de “paleoambientalismo”, dando a entender que las organizaciones ambientales “quieren volver a las cavernas” con su actitud prohibicionista. En este clima hostil donde se revolean de posicionamientos duros y vacas sagradas parece muy difícil que se habilite un debate social amplio y profundo sobre el tema de fondo: la transición ambiental y el modelo económico que tomará nuestro país en los años venideros.
Se suele decir que la política es el arte de lo posible, esto implica una dimensión de realismo, es decir los límites objetivos de la acción política en un marco de fuerzas en pugna que se ven tensada por la innovación y la capacidad creativa de intervenir en ella de manera de lograr propiciar transformaciones. De lo contrario todo permanecería igual así mismo a través del tiempo en una suerte de latencia. La historia nos enseña lo contrario, hay regularidad pero también hay cambio en las condiciones políticas. En este contexto, hay que advertir que las organizaciones ambientales locales son actores legítimos con una enorme productividad política, que merecen ser escuchadas y porque no, integradas a los proyectos productivos provinciales y nacionales. Lo contrario no parece haber dado muchos resultados. Por otro lado, la comunicación pública de los proyectos productivos deben ser manejados con mayores grados de transparencia. Las Consultas Populares parecen ser un buen instrumento para que estas discusiones dejen de estar sectorizadas y puedan dar lugar un debate más profundo en las diferentes provincias. Los años por venir son fundamentales.
Algunas interrogantes finales que entiendo deberían revisarse para poder avanzar ¿Cuál es el límite a las actividades extractivas? ¿Qué se está planificando para cuando esos recursos empiecen a mermar? ¿Es posible crear dispositivos estatales de control y regulación confiables? ¿Qué otras actividades productivas podrían generar empleos y las tan necesarias divisas extranjeras? Y agrego, ¿Cuál es la agenda social de las organizaciones ambientales? ¿Es legítimo prohibir toda actividad de explotación primaria? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Se puede hacer una transición sostenible desde lo ambiental sin minerales e hidrocarburos? ¿Existe, al fin y al cabo, la posibilidad de fomentar un proyecto nacional que pueda balancear las necesidades económicas con la protección de los ecosistemas? De cómo se responda a estos interrogantes, entiendo, dependerá el derrotero de esta puja y el futuro desarrollo económico del país.
(*) Fabio Primo, es profesor de Historia en la Facultad de Humanidades y Artes y coordinador del Observatorio de Ambiente de la Universidad de Rosario (UNR).
martes 21 de abril de 2026
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