La ordenanza que creó la repartición municipal cumple dos años. Luego de la capacitación al personal y la puesta en marcha de la oficina, en un año se emitieron más de 20 alertas sospechosas.
Por Lucas Ameriso
Se cumplen dos años de la ordenanza única en el país, que creó la Agencia Antilavado en Rosario. La oficina municipal no tiene antecedentes previos y en un año ya emitió más de 20 alertas de operaciones sospechosas que fueron remitidas a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para su análisis y derivación judicial en cada uno de los casos. De todos los rubros alcanzados por la norma, la construcción y el comercio fueron los más observados.
El pasado 11 de agosto se cumplieron dos años de la sanción de la ordenanza que puso en marcha una repartición municipal destinada a combatir el lavado de activos, en una ciudad jaqueada por el narcotráfico, la irrupción de bandas de alto poder de fuego y la comercialización de grandes cantidades de droga. Todo ello, puso bajo la lupa el escalón posterior a la generación de enormes cantidades de dinero ilícito: su pasaje o blanqueo a otras actividades comerciales lícitas.
Pero además de las alertas que reportaron los integrantes de la agencia local, desde su creación la repartición intervino en 26 causas judiciales, a partir de los requerimientos de información que realizaron los distintos organismos que realizaban investigaciones por posible lavado de activos. Muchas de ellas tuvieron como punto de arranque las alertas generadas por el Estado municipal y en otras se hicieron desde estructuras judiciales. Pero en ésta línea, las investigaciones recayeron en 179 personas humanas y otras 15 sobre personas jurídicas.
Y como ya se indicó, en paralelo, se reportaron más de 20 alertas sospechosas solicitando que se investigue en profundidad determinados trámites municipales. Además, la oficina intervino en algunos casos en los cuales se paralizaron dichos trámites o se denegaron determinadas solicitudes, como permisos de obras o habilitación de comercios.
Esta interrelación entre las alertas administrativas y los requerimientos de información de la Justicia y otros organismos federales, se viene retroalimentando ya que, por ejemplo, una alerta se transformó en un requerimiento de información y, en otro caso, éste se complementó con una alerta realizada.
Cuando se pone el microscopio sobre cada uno de los trámites subyacen tendencias y recurrencias. Esto implica que en casi un 60 por ciento de las observaciones corresponde a trámites de habilitación de comercios, mientras que el otro 40 por ciento a permisos de edificación. Este es el material de estudio y donde agencia puso el foco, ya que así está estipulado en el decreto de creación, el cual define rubros y montos a analizar.
María Paula Bruera es abogada y escribana. Y desde hace dos años está al frente de la Agencia Antilavado. La profesional se capacitó en procedimientos, protocolos y una completó una especialización en la materia en la Procuración del Tesoro. En la gestión municipal, estuvo a cargo de la Dirección General de Concesiones.
"Ya intervenimos en 700 trámites de nuestra incumbencia como habilitaciones de comercios, licencias de servicios públicos, permisos de obras, concesiones municipales. Miramos trámite por trámite y la documental exigible, de dónde sacan el dinero, cuánto esperan ganar , cuánto esperan invertir. Cuando los papeles nos dan indicios de un posible lavado de activos, en base a recomendaciones y protocolos internacionales, una vez que pusimos la lupa ahí lo giramos a la UIF para su análisis", indicó en diálogo con La Capital.
Detectar dinero negro no es tan fácil. Hay múltiples maniobras. Y los técnicos de la Agencia encontraron más de 20 situaciones sospechosas. Una matriz recurrente donde saltan las dudas son los fideicomisos para hacer un edificio, ya que no hay un registro de estos emprendimientos a donde acudir. Sólo aparece un administrador pero no está el patrimonio de las personas. Una "herramienta" muy requerida para quienes buscan blanquear fondos. Por eso ir a corroborar la solvencia de quienes aportan, el origen del dinero y ver si están en condiciones son una de las tareas que realiza la oficina. Son una figura diferente a las sociedades que deben inscribirse en el Registro Público de Comercio. Los fideicomisos recién aparecen cuando un escribano la afecta a un terreno para hacer un edificio.
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"Más de 20 alertas pueden parecer poco, pero no teníamos antecedentes ni en la ciudad ni en otras localidades del país. Ahora se entrecruzan datos con toda la información a nivel nacional, contadores, bancos y la sumatoria se deriva. Luego la UIF decide si hay pruebas para avanzar o descarta. Nosotros decimos que puede haber una maniobra, es decir que colaboramos en la prevención", señaló Bruera.
En el caso de los comercios, la mirada está posada en las actividades que manejan mucho efectivo, como bares, restaurantes. "Es complejo comprobar si la inversión que un empresario dice que va a hacer es tal, y si lo que manifiestan que van a ganar es así. Entre otras cosas, porque es difícil comprobar cuanta gente concurrió al bar y cuanto ganaron. Es algo muy dinámico y fácil de adulterar", remarcó la abogada para aclarar que no se debe generalizar en ninguno de los rubros citados.
Pero aún resta mucho por hacer. Por ejemplo la inclusión en la exigencia de documental habilitante para rubros como distribuidoras de alimentos, bebidas, logística y transporte de mercaderías. Ahora la información está toda concentrada en la Agencia (permisos, catastro, domicilios, perfil digital, tributación). "Si hay hipótesis delictual se emite el alerta, que insisto no es relación directa de la comprobación de un delito", indicó Bruera.
En el desarrollo de esta oficina se han paralizado trámites en curso, o se han requerido más datos, pero muchas veces se autoriza a iniciar expedientes ya que se formaliza lo exigido. Luego la lupa sigue en el resto de la tramitación.
Por esto, entre los objetivos de la ordenanza antilavado están los de clasificar, analizar, y poner a disposición la información recabada dentro de las bases, plataformas y sistemas municipales
La colaboración que se brinda a los organismos de prevención y persecución de delitos complejos y lavado de activos responde en forma y contenido a los convenios firmados con UIF y MPF (Ministerio Público Fiscal).
En relación a UIF se reforzó el procedimiento para presentar alertas sospechosas, o como lo denomina el organismo “Denuncias Voluntarias”. La instalación de la delegación en Rosario facilitó el vínculo entre Agencia y el organismo municipal, como así también las presentaciones ya que éstas se reciben en soporte papel.
Con respecto a cómo se solicita la información, se realiza de manera amplia, generalmente incluyendo varios rubros y todos otros detalles de de interés que surjan de la base de datos.
Desde la creación de la agencia se establecieron nuevos criterios y rubros sobre los que la agencia tendrá mayor control.
De acuerdo a la ordenanza, la Agencia intervendrá, a partir de cierto monto, sobre permisos de habilitación, transferencias y cambios o anexos de rubros en los siguientes emprendimientos: venta o alquiler de vehículos, motos o embarcaciones, armerías; casas de juego, apuestas o casinos cuando la inversión supere los 20 millones de pesos, espectáculos públicos (tanto boliches como shows en vivo siempre que el plan de inversión supere los 20 millones de pesos); hoteles, hotel y alojamientos transitorios cuando se superen los 40 millones de pesos; estacionamientos y cocheras; guarderías náuticas, cuando la inversión supere los 80 millones de pesos; restaurantes y bares (cuando la inversión supere los 40 millones de pesos o se realicen cambios sucesivos de titularidad); entidades financieras, agencias de viajes, licencias de taxis y remises (cuando se adquiera o transfiera la titularidad de más de dos chapas).
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