Devaluación, dolarización, aumento de tarifas y recortes del gasto público. Eliminación de subsidios, transferencias a las provincias y de la obra pública. Demolición, dinamita y “orden”, traducido en clave de combate a la protesta social. Esa es la secuencia de las propuestas económicas que los precandidatos más competitivos de la oposición presentaron en las últimas semanas en distintos auditorios del círculo rojo, como el Foro Llao Llao y la Sociedad Rural Argentina.
Con la inflación picando el seso del año electoral, los shocks de estabilización reinan en las góndolas del mercado de planes económicos. Ninguno viene sin precuela de megacrisis económica y social, asociada a fuertes transferencias de ingreso entre sectores. Fue Wendy Sherman, la enviada política de Joe Biden a la Argentina, quien lo resumió: “A veces hay que atravesar algo de dolor para llegar al lugar correcto”. Ese dolor parece prescripto para muchos aunque no para todos, algo que seguro saben en las mesas examinadoras por las que desfilaron los políticos en las últimas semanas.
El tenor del sacrificio se puede medir en la intensidad con la que se busca que la crisis explote antes de las elecciones. El mercado cambiario y financiero es el primer campo de batalla, al que se bombardea con rumores sobre devaluación o eventuales reperfilamientos de la deuda en pesos. Pero la novedad de este ciclo s que las propias propuestas económicas expuestas frente a los foros corporativos parecen erigirse como acelerador de esa crisis.
Es lo que señaló el titular de la consultora PxQ, Emanuel Alvarez Agis, respecto de la propuesta de dolarización que llevó el precandidato de Libertad Avanza, Javier Milei, a los foros ruralistas y del Llao Llao. A su juicio, la sola propuesta apuesta a incentivar una corrida contra el peso y contra el sistema financiero antes del cambio de gobierno.
El economista neoliberal subrayó en el foro barilochense su propuesta dolarizadora, aunque reconoció que “es difícil de estimar” a qué cotización se canjearían los pesos por la moneda norteamericana. Distintas consultoras económicas publicaron sus propios cálculos. La consultora 1816 estimó que el tipo de cambio de conversión para rescatar el pasivo del Banco Central es de $ 9.944 si se usan las reservas netas. Es decir, 25 veces más alto que el actual. De otra manera, los pesos valdrían 25 veces menos a la hora del canje.
Esa exigencia cedería, sigue la consultora, si se obtuvieran préstamos por u$s 40 mil millones, el equivalente a algo menos que la deuda tomada con el FMI por Mauricio Macri. “Si en cambio se obtuviera un préstamo de u$s 20 mil millones, el tipo de cambio financiero pasaría de $ 400 a $ 800”, señala el informe.
Se concluye allí que, sin ese auxilio extraordinario, “no es posible una dolarización ordenada y deben asumirse las distintas consecuencias”, que van desde la pulverización del salario hasta un incumplimiento de la deuda en pesos.
El think tank también alerta que asegurar que habrá una dolarización de la economía podría generar “una especie de profecía autocumplida” en la que los tenedores de pesos intentar deshacerse de ellos, generan “una licuación masiva de stocks”.
La consultora LP Consulting también realizó su estimación, en base a un nivel de reservas netas de u$s 1.800 millones contra una base monetaria de $ 5 billones y un stock de Leliqs de $ 12 billones. “Esto implica que la dolarización debería hacerse a un tipo de cambio equivalente a casi $ 10.000 por dólar”, concluyó, para luego señalar que “hay que resignarse a asumir que para dolarizar se necesita un salto devaluatorio muy traumático”.
La consultora advirtió, además, que “la dolarización no garantiza que el sector público deje de ser crónicamente deficitario”. De hecho, a su juicio, “la indisciplina fiscal fue la principal causa que provocó la caída de la convertibilidad”.
Las propuestas que los referentes del núcleo duro de la oposición expusieron en las mesas examinadoras del círculo rojo abundaron, precisamente, en programas radicalizados de recorte del gasto público.
Milei aseguró que en caso de ser electo eliminará rápidamente 13 puntos del gasto en el primer año de gestión. Prometió eliminar la obra pública, las transferencias a las provincias y los subsidios económicos. También dijo que cerrará todas las empresas públicas. Este recorte deberá ser mayúsculo toda vez que promete suprimir fuentes de ingresos fiscales, como las retenciones.
La precandidata de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich compitió con el economista neoliberal en prometer “un cambio de régimen”, que incluye una reducción de dos dígitos porcentuales en el gasto, el recorte de planes sociales, la suba de tarifas de servicios públicos, el fin de las retenciones y la “unificaciòn” del tipo de cambio, es decir, una mayor devaluación. En el mismo auditorio en el que el ex presidente Mauricio Macri llamó a “dinamitar casi todo”, la ex ministra de Trabajo de la Alianza llamó a “demoler el régimen económico de los últimos 20 años”.
Y, fiel a la herencia, prometió arrancar con los mismos primeros pasos de la anterior gestión macrista al augurar el “retiro inmediato del cepo cambiario”.
De hecho, más allá del renovado valor que el mercado de la opinión política concedió en la actualidad a estas propuestas, no son novedosas. Son versiones más o menos radicalizadas de programas ya ensayados a mediados de los 70, en toda la década del 90 y en el cuatrienio de 2016 a 2019.