Si bien los acuerdos de paz del año 1992 pusieron fin a 12 años de guerra civil en El Salvador, la violencia no cesó, el país más pequeño del continente fue sistemáticamente sacudido por olas de enfrentamientos callejeros y homicidios cruentos producto de las pandillas conocidas como Las Maras. Estas organizaciones delictivas comenzaron a desmembrar la autoridad estatal e imponer su propia ley a sangre y fuego. En este contexto, en 2019, gana las elecciones generales un dirigente político de apenas 37 años, el particular Nayib Bukele se transformó en el presidente más joven de la historia de su país con una promesa harto conocida, eliminar la violencia de las calles.
La construcción política de Bukele es de una particularidad pocas veces vista, su agenda pública se traduce casi directamente de sus publicaciones en Twitter y en su carácter de outsider electoral logró reformas institucionales inéditas. Tanto así, que desde marzo de este año, El Salvador entró en estado de excepción para llevar adelante “la guerra contra las pandillas”. Bukele, se convirtió en el líder de una cruzada que, no exenta de oposiciones, alcanzó un número de detenciones dignas de la ficción.
El gobierno afirma que durante 77 de los 227 días que rigen el estado de ”guerra”, la tasa de homicidios cayó a cero. Es decir, durante dos meses y medio, según cifras oficiales, no se registró ningún homicidio en uno de los países más violentos del continente. En repetidas apariciones, el mandatario salvadoreño se jacta de tener a los convictos hacinados en cárceles y durmiendo en el piso. A través de presentaciones televisivas instó a las pandillas a frenar los asesinatos callejeros si quieren que la ración de comida se siga sirviendo en las cárceles.
Aún así, el mandatario sostiene que se debe redoblar el esfuerzo para que “este cáncer social sea extirpado de nuestra nación”. Hace pocos días, durante la celebración del Día de los Muertos, envió a convictos a destruir alrededor de 80 lápidas que tenían relación con las pandillas para, según él, “destruir sus símbolos y su memoria” y evitar que esos lugares se transforman en sitios de culto.
https://twitter.com/nayibbukele/status/1589416806032506880
El estado de excepción no es otra cosa que la suspensión de las garantías constitucionales, en El Salvador alcanza, entre otras acciones, las detenciones arbitrarias, la realización de juicios sin la presencia de los reos y con jueces “sin rostro” que se acompaña con la eliminación del máximo de prisión preventiva de 2 años.
También quedó en suspenso la libertad de asociación y el derecho de defensa e inviolabilidad de la correspondencia, y quedó sin efecto la prohibición de la intervención de las telecomunicaciones sin autorización judicial, y se extendió el plazo de detención administrativa a 15 días, cuando en tiempos normales es de 72 horas. También se prohíbe de forma terminante cualquier simbología mara y las penas por erigirlas se elevaron a 15 años de prisión. A su vez, Bukele pidió que se proteja a las Fuerzas Armadas y a la Policía contra injurias de quienes protegen a las pandillas.
La medida fue solicitada al Congreso por el presidente desde su cuenta de Twitter el sábado 26 de marzo y fue aprobada al día siguiente con los votos de 67 diputados de un total de 84 durante una sesión extraordinaria.
La policía salvadoreña detuvo a más de 50.000 personas desde marzo cuando la medida entró en vigencia. La guerra contra las pandillas se implementa luego de que en dos días se produjeran 87 homicidios vinculados a diversos grupos criminales. Los opositores apuntan a que el mandatario había pactado condiciones con las maras que las mismas quebraron y eso desató la acción estatal. Sea como fuere, las autoridades avanzan con firmeza en un rumbo que acaricia el estado dictatorial pero que logra resultados sobresalientes.
Organizaciones humanitarias como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la diplomacia de los estados unidos, denuncian que las detenciones se están realizando de forma violenta, con la aplicación del marco legal de forma arbitraria, detenciones fundadas en llamados anónimas y que la información oficial resulta poco verosímil.
Desde la oposición salvadoreña continúan acusando a Bukele de haber pactado de modo extraoficial con las maras la reducción de los homicidios a cambio de beneficios que no especifican de forma clara.
Mientras tanto el ejecutivo encargó la construcción de la Mega Cárcel de San Vicente, la cual se estima estará lista a fin de este año y cuenta con capacidad de albergar hasta 40.000 personas. Las autoridades sostienen que Las Maras, Salvatrucha y Barrio 18, entre otras pandillas, tienen cerca de 70.000 integrantes en el país por lo que necesitarán mayor capacidad penitenciaria.
Bukele es un dirigente difícil de digerir para el resto de los mandatarios de la región. Es un verdadero evento inesperado, un cisne negro en Centroamérica que acumula un 86 por ciento de imagen positiva en su país y busca transformar a El Salvador en una estado ejemplar en el combate contra el delito, aunque solo el tiempo mostrará el verdadero perfil del mandatario, y la efectiva democrática de sus políticas.
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