Un proyecto ingresado al Concejo de Villa Gobernador Gálvez, que prohíbe el expendio de combustible a los motociclistas que circulen sin casco y a las motos que no tengan patente, generó la reacción de los estacioneros y del gremio que nuclea a sus empleados, los que no quieren ponerse "en el rol de policías". Tal protesta, al mismo tiempo, dejó atónitos a los concejales, quienes consideran absolutamente razonable que los vehículos deban estar identificados para poder seguir circulando, y proponen a su vez "algún tipo de apoyo de los inspectores municipales" para que la norma se aplique. "Si alguien va a cargar a una GNC y no tiene la oblea al día, no le cargan, tan simple como eso", comparó un edil.
Al respecto, el Concejo será escenario hoy de una reunión con los estacioneros y empleados para que expongan sus reticencias, pero el proyecto lleva la firma de los nueve concejales.
El proyecto prohíbe textualmente "el expendio de combustibles o aditivos a los conductores de motovehículos que no exhiban dicho elemento al momento de la compra. La prohibición se extenderá sobre todo vehículo que no cuente con su correspondiente chapa patente", dice. Y establece sanciones, primero en dinero, y luego la clausura, a quienes la desoigan.
La idea fue llevada al cuerpo por un particular, el abogado Martín Gini, y surgió sobre todo de las marchas por seguridad que se fueron realizando en la ciudad a partir de la muerte de Gladys Balbini, de 65 años, quien fuera apuñalada en plena calle.
Entre otros argumentos, Gini manifiesta la necesidad de elaborar políticas activas frente a la problemática de los accidentes de tránsito, pero va más allá: habla de la "creciente ola de robos" y recuerda que "la mayoría de estos ilícitos se cometen al mando de motocicletas", por lo que "es de vital importancia que se encuentren identificados". Y estima que "una de las medidas, más allá de la sanción mediante multas y secuestros, es la concientización diaria que se puede realizar en ocasión de cargar combustible".
Carlos Dolce, el concejal que recibió el proyecto y se los propuso a todos sus pares, recordó que Gini mantuvo una reunión en el cuerpo, donde explicó los alcances de la idea. Lo hizo acompañado por Facundo Arribas, uno de los hijos de Gladys Balbino, quien apoyó también el proyecto. "Los dos explicaron la importancia de esto, dijeron que no era la solución a la inseguridad pero sí un aporte desde la ciudadanía. Esta idea, y eso se vio en las marchas, ya había tenido aceptación de la gente, y caló hondo entre los concejales", le dijo Dolce a este diario.
Reacción. Enterado del proyecto, el Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garajes, Plantas y Lavaderos Automáticos (Soesgpyla) y la Cámara de Estaciones de Servicios, Garajes y Afines de Rosario (Cesgar), manifestaron su rechazo. "Se pretende poner en práctica una iniciativa donde los trabajadores tendrán que ponerse en rol de policías", señaló Ismael Marcón, secretario general de Soesgpyla. Además de considerar que a los empleados "no les corresponde" negarse a cargar nafta, habló de "las consecuencias que eso puede traer, como actos de violencia". En la misma sintonía, el presidente de la Cesgar, Marcelo Herrero, habló del "terrible error que conlleva esta iniciativa", la que "más allá de ser jurídicamente cuestionable, implica riesgos para la integridad física del personal y comerciantes". Para Herrero, la idea "equivoca el camino y traslada la responsabilidad del Estado a los ciudadanos".
Frente a esto, Dolce no sólo argumentó que esta medida rige, al menos parcialmente, en otros lugares, y comparó la ordenanza con la prohibición de expender GNC a quienes no llevan oblea, algo que los empleados de esas estaciones hacen sin resistencia. "Además, estamos hablando del aporte que cada uno puede hacer desde su lugar, y también se pueden hacer convenios con el municipio para ver de qué manera pueden participar los inspectores", dijo.
No obstante, la iniciativa tiene aún forme de proyecto y la discusión recién empieza.
