Por el caso Zacarías, la Justicia citó como testigo a un funcionario

El Juzgado Federal Nº3 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros, citó a prestar declaración testimonial a Eduardo Ros, actual funcionario del Ministerio de Salud de la provincia y candidato a concejal de San Lorenzo, en una causa por lavado de activos que involucra a Delfín Zacarías, procesado por narcotráfico.

La citación a Ros se enmarca en un desprendimiento de la causa contra el llamado Clan Zacarías por tráfico de estupefacientes. Este proceso se inició por lavado de dinero, con participación de la Unidad de Información Financiera (UIF), y tiene varios imputados que ya están siendo convocados por el juez a indagatoria, confirmaron a La Capital fuentes judiciales.

En este caso se investiga la compra de numerosos inmuebles en distintas localidades de la región por parte de la familia Zacarías, y sobre todo la construcción de un imponente gimnasio en la zona sur de San Lorenzo, para lo cual se logró oportunamente una modificación del uso del suelo por parte del Concejo Municipal de San Lorenzo, cuando era presidido por Ros. Aunque no fue confirmado oficialmente, también sería citada a testimonial una ex funcionaria del municipio de San Lorenzo, de apellido Alves.

La causa por lavado lleva ya varios años de investigación, e involucra a una cantidad importante de personas. No obstante, en el caso de Ros, secretario de Participación Social en Salud de la provincia, su declaración será testimonial y no presume su participación en ningún ilícito, aunque el juez pueda luego modificar su situación procesal. Pero la sola citación está generando un fuerte ruido en la política sanlorencina.

El jueves 5 de septiembre de 2013, fuerzas federales irrumpieron en varias localidades de la región en lo que se dio en llamar "Operación Flipper" (por la famosa serie de TV protagonizada por un delfín que así se llamaba). Ese día, más de 300 kilos de cocaína y pasta base, armas y precursores químicos, fueron secuestrados en una casa de Funes tras una serie de allanamientos en los que detuvieron a 12 personas, entre ellos, al sindicado líder de la banda: Delfín Zacarías. Hoy todo su grupo familiar está detenido y a disposición de la Justicia.

Pero antes de que los Zacarías estuvieran en la mira de los investigadores (nacionales y provinciales), el Concejo Municipal de esa ciudad ya se había hecho eco, en 2011, de las sospechas que pesaban sobre algunas operaciones inmobiliarias del grupo. El 21 de febrero de 2011, el oficialismo había logrado por cuatro votos contra tres que se aprobara un pedido de excepción para construir un inmueble de un valor varias veces millonario, en manos de Flavia Zacarías, hija de Delfín.

Entre las numerosas propiedades adquiridas por la familia sobresalía una ubicada en Congreso y Vélez Sarsfield, de San Lorenzo: un edificio destinado a gimnasio con otras dependencias. A mediados de 2010, algunos concejales tomaron conocimiento de la construcción irregular de ese edificio, que no tenía permiso de edificación y se levantaba en una zona donde no estaban permitidas estructuras de esas características.

Pocos días después ingresó al Concejo una solicitud de excepción de la ordenanza para construir el edificio. El pedido implicaba un incremento en el factor de ocupación del 138 por ciento; es decir, de 2.500 metros cuadrados cubiertos permitidos a 6 mil y no resultaba razonable para algunos concejales, pero cuatro ediles oficialistas votaron a favor de otorgarla, contra tres que se opusieron y una ausente.