El gobierno de Javier Milei enfrentará este miércoles su primera prueba con la movilización prevista en las calles de la Ciudad de Buenos Aires, que implicará la primera aplicación en la práctica del protocolo para evitar cortes anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Se trata de la marcha que realizarán más de 250 organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicales, estudiantiles y ambientalistas desde el Congreso a la Plaza de Mayo con motivo de un nuevo aniversario del estallido social que en 2001 derivó en la renuncia del entonces presidente radical Fernando de la Rúa.
La manifestación fue ratificada un día después de que Bullrich anunciara la implementación de un protocolo “para el mantenimiento del orden público” con el fin de asegurar, en el caso de protestas y bloqueos, la libre circulación en calles, caminos y rutas.
La medida fue rechazada por dirigentes políticos y organizaciones locales e internacionales, entre ellas el Relator Especial de Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Clément Nyaletsossi Voule.
“Estoy recibiendo informes muy preocupantes sobre un anuncio presidencial que criminaliza la protesta pacífica y otorga poder ilimitado a las fuerzas del orden para el uso de la fuerza. Silenciar voces disidentes no es la respuesta para resolver las crisis sociales”, expresó el funcionario de la ONU en su cuenta personal de la red social X.
El sábado, la ministra Bullrich consideró, en declaraciones radiales, que las organizaciones sociales que se movilizarán el miércoles “pueden manifestar todo lo que quieran, pero no cortar las vías de circulación”.
La funcionaria indicó que “las cuatro fuerzas federales” podrán intervenir “si hay un delito flagrante” durante las manifestaciones en la vía pública y que el nuevo protocolo incluirá la identificación de quienes corten arterias, la aplicación de las leyes que contemplan hasta penas de prisión y el cobro de los gastos que demande la intervención de las fuerzas de seguridad a las organizaciones que violen la normativa.
“La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple”, dijo Bullrich en una conferencia de prensa llevada a cabo el jueves pasado.
Pese al anuncio oficial, las organizaciones sociales resolvieron movilizarse este miércoles bajo las consignas “Abajo el plan motosierra de ajuste de Milei y el FMI”; “No al protocolo de Bullrich. Ni represión ni criminalización” y “Por un paro activo nacional y un plan de lucha”, señaló un comunicado difundido desde el Polo Obrero.
El referente de esa agrupación, Eduardo Belliboni, adelantó que “una serie de abogados se van a reunir para elaborar una presentación judicial” en contra del protocolo anunciado por el gobierno.
“Veremos si tiene la forma de un hábeas corpus o de recursos preventivos para evitar que (Patricia) Bullrich lleve adelante lo que para nosotros es un delito: prohibir las movilizaciones populares”, remarcó el dirigente.
Las organizaciones sociales consideraron que la ministra de Seguridad “le faltó el respeto a la Constitución Nacional cuando se arrogó el poder de eliminar el derecho a protestar”, añadió Belliboni, quien convocó para pasado mañana, a las 19, a una conferencia de prensa para dar más información sobre la movilización.
El referente del Polo Obrero, en tanto, adelantó que los abogados de las organizaciones convocantes “estarán en todas las estaciones ferroviarias” el día de la protesta para “evitar arbitrariedades contra la población civil que tiene todo el derecho a manifestarse. Para nosotros _consideró acerca del anuncio del protocolo_ se lanzó una amenaza de estado de sitio”.
“Estamos en un momento difícil del país y necesitamos que todos colaboren”, instó Bullrich, y opinó que la “vive desde hace 30 años en una situación de total y absoluto desorden, donde no se respeta la ley. Nosotros estamos decididos a respetarla, porque la ley y el orden generan libertad y la libertad genera progreso”, indicó la ministra.
Y agregó: “Todos hemos vivido años de piquetes en nuestro país. Esto es algo que arruina la economía, a las familias, genera una situación de desigualdad de la gente. Por ejemplo, si alguien vive en el sur (bonaerense) y va a buscar un trabajo, tiene que cruzar el puente Pueyrredón, tiene menos posibilidades de conseguir ese trabajo que alguien que vive en el norte. Esto genera una situación de total y absoluto desorden”, evaluó la funcionaria.
Bullrich remarcó que Milei “lo dijo clarito el día de la asunción: «El que corta no cobra el plan». Es decir, que yo le aviso a todas las personas, que el que corta no cobra el plan. Es una situación en la que lo que estamos buscando es orden”.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) adelantó que pedirá la “derogación por vía judicial” del protocolo de seguridad, que se trata, analizó, de “una remake recargada del que (Bullrich) presentó al mes de asumir el mismo cargo en el gobierno de Mauricio Macri y que nunca fue utilizado por ser manifiestamente ilegal”.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y el Consejo Federal de Mecanismos Locales instaron, por su parte, al Ministerio de Seguridad a “rever el protocolo” y ratificaron la “plena disposición para trabajar con las autoridades competentes en la adopción de directrices para el uso racional de la fuerza por parte de los agentes públicos”, consignaron en un comunicado.
También se opuso al protocolo la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, que recordó que “las peores tragedias” de la historia argentina “han llegado de la mano de las políticas represivas”.
En un sentido similar se expresaron la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que exigió su “inmediata derogación” del protocolo, y el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), que remarcó que “se persigue” a las organizaciones al destacar que “cortar las calles no es delito”.
En tanto, resuena de fondo el cruce que mantuvieron los diputados nacionales del PTS/Frente de Izquierda Myriam Bregman y Nicolás del Caño con su par José Luis Espert (Avanza Libertad), quien en redes sociales respondió con la frase “cárcel o bala” a las críticas sobre la nueva normativa de seguridad.
