Por Mariano D'Arrigo
El robo en la Casa Gris ocurrió en 2017 en una oficina de la planta baja.
Entre tormenta y tormenta, un momento de calma. La decisión de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe de abrir la feria para analizar el planteo de la comisión bicameral de Acuerdos sobre el amparo que presentó Marcelo Sain en el fuero laboral y una serie de jornadas febriles dominadas por el cierre de listas generaron un impasse en el conflicto abierto entre los tres poderes del Estado de la provincia, que promete nuevos episodios.
Hace diez días, el máximo tribunal de Santa Fe aceptó un pedido del presidente de la comisión bicameral de Acuerdos, Fabián Bastía, para que la Corte derive el caso de Sain de la Justicia laboral al fuero contencioso administrativo.
El origen de esta solicitud es un fallo de la jueza laboral Paula Calace Vigo, que ordenó a la Legislatura suspender el proceso disciplinario contra Sain. En esa causa, el Fiscal de Estado de la provincia, Rubén Weder, recibió por decreto del gobernador Omar Perotti la orden de allanarse al pedido de Sain, que justamente litiga contra la provincia.
En la oposición cuestionan a la jueza laboral pero apuntan los cañones a la Casa Gris: cuestionan que que el jefe de los abogados de la provincia se haya allanado al pedido del ex ministro de Seguridad sin consultar a la Legislatura, el blanco de la denuncia de Sain.
“Acá lo que estamos discutiendo es el forzamiento institucional”, señala Bastía. Y agrega: “La gran pregunta es qué hay detrás del vínculo entre Perotti y Sain que lleve a todo esto”.
El presidente de la comisión de Acuerdos, Fabián Bastía, apunta hacia el gobernador
En la primera plana del Partido Socialista creen que el conflicto expresa las internas del peronismo. “El gobierno de la provincia atraviesa una enorme inestabilidad interna, conviven facciones que van a competir electoralmente y trasladaron esa tensión a las instituciones”, alerta una voz clave del partido de la rosa.
“El gobierno provincial lleva el tema a una cuestión de ganadores y perdedores, pero omite la respuesta a los problemas de fondo: si hay incompatibilidad, si hubo inteligencia paraoficial, son cuestiones gravísimas que el gobernador tiene que responder”, remarcan desde el búnker socialista.
En el gobierno quieren dar vuelta de página. “Es un tema agotado, la intervención que tuvo el Ejecutivo respecto de la situación clausura una etapa del tema, más allá de las definiciones que pueda tomar la Legislatura”, indica el secretario de Gobierno, Oscar Urruty.
En el Poder Legislativo se muestran expectantes con la decisión del máximo tribunal de la provincia y aseguran que esperarán al fallo para avanzar con el proceso disciplinario contra Sain.
“Nosotros podíamos actuar, pero vamos a ser prudentes”, sostiene Bastía. Pero subraya: “Es necesario que la Legislatura pueda cumplir su rol, que se puedan tratar los proyectos que tiene que tratar, que la comisión de Acuerdos pueda avanzar con pliegos de jueces y evaluar la conducta de Sain”.
En medio de la tensión institucional, y también de que la política entró en zona de definiciones electorales, ambas Cámaras suspendieron su sesión: el Senado se reunió por última vez el 8 de julio y Diputados el 1 de julio.
"No hay duda del impacto en el vínculo entre la Legislatura y el Ejecutivo, se ve en la falta de diálogo y en la pérdida de la confianza”, alerta Bastía.
En el bloque socialista matizan, e identifican dos sectores en el gobierno: uno, que busca la confrontación; otro, que busca dialogar pese a las diferencias.
El diputado provincial Ricardo Olivera expresa inquietud por el escenario institucional, pero se muestra optimista. “Esto de una forma u otra se va a resolver, las crisis preocupan, pero sirven para reformular”, afirma el presidente del PJ santafesino.
El hecho que todos valoran es la reunión que tuvieron el miércoles el ministro de Seguridad, Jorge Lagna, con la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Oficialistas y opositores coinciden en que el encuentro fue productivo y sirvió para acercar posiciones sobre los proyectos de reforma policial ingresados a fines del año pasado.
“Parece que la política santafesina fuera una batalla campal y no es así”, dicen desde la bancada del PS.
Para el peronismo las iniciativas prioritarias son las leyes de seguridad y el paquete sobre conectividad. Si el diálogo avanza en las comisiones podrían llegar al recinto.
“A veces la sesión termina siendo el resultado de acuerdos que se van dando en las comisiones, sesionar sin acuerdo no es bueno”, plantea Olivera.
De todos modos, la pax no parece destinada a durar: Bastía confirma que impulsarán en el transcurso del invierno el juicio político contra Weder.
Más que el resultado en sí —se deberían reunir dos terceras partes de los miembros presentes de Diputados para que el trámite avance al Senado— les interesa “saber quién está de un lado y del otro”. “Desde nuestro espacio vamos a plantear situaciones que pongan en evidencia a cada uno: políticamente negociamos todo, pero en lo institucional nada”, adelanta el titular de Acuerdos, que pertenece al sector que lidera Maximiliano Pullaro.
Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, a cargo de la causa sobre juego clandestino
En el Poder Judicial siguen con atención la pulseada entre los poderes. En el Ministerio Público de Acusación, el ámbito en el que orbita el Organismo de Investigaciones, deslizan que Sain se convirtió en un actor “indigerible” para los distintos sectores en conflicto, pero consideran que la salida del criminólogo es condición necesaria, pero no suficiente, para que se regenere la institucionalidad de la provincia.
Otra causa que inquieta a los principales jugadores institucionales de la provincia es la investigación sobre juego clandestino que tienen en sus manos Luis Schiappa Pietra y Matías Edery y por la que ya cayeron el ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal y su segundo, Gustavo Ponce Asahad.
En el MPA leen que el fallo de la Corte Suprema en el caso Spelta sobre el régimen disciplinario de los fiscales —en el que el máximo tribunal cambió el criterio que había aplicado diez años antes en el caso Bassó— expresa un alineamiento de la mayoría de los ministros con el Senado, y podría anticipar la decisión si la controversia por los fueros del senador Armando Traferri llega al vértice del Poder Judicial santafesino.
>> Leer más: Juego ilegal: Traferri puede ser citado a audiencia
Un integrante ubicado en un lugar clave del MPA considera que después de la reforma del proceso de enjuiciamiento penal el choque entre los fiscales y el resto del entramado político-institucional de la provincia era casi inevitable. A su entender, confrontan dos lógicas: la falta de padrinazgo político de los fiscales y el carácter público de las actuaciones del nuevo sistema penal, por un lado, versus la opacidad de los otros tres poderes, por el otro.
La Fiscalía pudo probar que Jorge Menegozzi fue "partícipe necesario" en una causa por bienes apropiados y desguasados durante la dictadura y parte de la democracia
Por Matías Petisce
Por Martín Stoianovich
Por Hernán Cabrera
Por Hernán Cabrera
Por Javier Felcaro
Por Florencia O’Keeffe