El gobierno provincial de Gustavo Bordet, por intermedio de la Secretaría de Ambiente que conduce Daniela García, dispuso el cese de actividades de canteras de arenas silíceas, ubicadas en los departamentos Islas del Ibicuy y Gualeguaychú, que no contaban con los certificados de aptitud ambiental para explotar este recurso natural.
En el marco de una audiencia de conciliación desarrollada el 29 de abril en el juzgado Federal de Gualeguaychú, se llegó a un consenso para prohibir a las empresas que no tengan el Certificado de Aptitud Ambiental otorgado por la Secretaría de Ambiente de la provincia extraer de arena silícea de la provincia de Entre Ríos por 45 días.
La medida afecta a nueve canteras y cuatro plantas de lavado de arenas silíceas que desplegaban su actividad en la zona sur de la provincia sin contar con las autorizaciones correspondientes.
Se aclaró desde provincia que "habían finalizado el plazo de habilitación para la explotación de este tipo de áridos" y se había intimado a las empresas a cumplimentar las exigencias que establecen las normativas para este tipo de producciones extractivas. Por ende, la Secretaría decidió el "cese preventivo" de estas actividades hasta que concluyan los informes técnicos.
De estas nueve, tres poseen informe técnicos favorables y se encuentran en proceso administrativo de certificación (dos para renovación y una en la etapa de participación ciudadana).
La arena del sur entrerriano sale en camiones con destino al yacimiento hidrocarburífero de Vaca Muerta, en Neuquén, donde se usa para extraer gas no convencional mediante el procedimiento de fracking.
El Fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes, comentó que Entre Ríos “se ha convertido en proveedora de arena para las producciones petrolíferas de Vaca Muerta, que en estos últimos años se ha ido intensificando".
El fiscal detalló que las areneras y todas las canteras necesitan dos tipos de habilitación. Por un lado, la de la Secretaría de Minería como establecimiento minero, habilitado para la extracción de arena; pero, además, se necesitan Certificados de Aptitud Ambiental del trabajo a realizar, que otorga a Secretaría de Ambiente.
En ese marco, Rodríguez Signes se refirió al amparo presentado por el abogado Ricardo José Luciano en representación de Carlos Humberto Cadopp, y explicó que el Juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, citó al gobierno provincial a una audiencia de conciliación previa a dictar la medida cautelar solicitada por el ciudadano.
Rodríguez Signes indicó que en esa audiencia, desde la provincia propuso un plazo para revisar todas las autorizaciones que tienen las areneras para sus actividades, “y el juez resolvió favorablemente". Y agregó: “Lo que se pactó fue un plazo en el cual se regularizara la situación”.
La propuesta del gobierno provincia, avalada por el magistrado, fue que "todos los que están en esta actividad regularicen su situación", para lo que tienen 45 días.
La hipótesis surgió tras el hallazgo de armas de guerra en una casa quinta de Roldán vinculada a la banda Los Menores. El ministro Pablo Cococcioni confirmó que, a partir del informe, se reforzó la custodia y se modificaron los traslados del mandatario
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