El nuevo directorio de Vicentin pidió una reunión con la comisión de diputados provinciales que sigue el concurso preventivo de acreedores del gigante agroexportador —que se concretará el 2 de diciembre próximo—, de la mano de fuertes reproches a la labor que viene desplegando ese cuerpo especial. Pese al guiño favorable a la cita, en la Cámara baja rechazaron las críticas, a las que vincularon con la estrategia diseñada por la flamante conducción de la empresa en default para recuperar la confianza perdida en el último año.
En una nota enviada el miércoles pasado al presidente de la comisión, el diputado justicialista Luis Rubeo, la cúpula de Vicentin objetó parte del tercer informe sobre el estado de situación de la cerealera —presentado ese día— por considerar que “incurre en consideraciones y juicios de valor que no surgen de fuente objetiva alguna”.
Para la firma, el documento formalizado por los legisladores infiere “la comisión de delitos muy graves que, a la fecha, no tienen imputación formulada en ningún juzgado Civil ni Penal interviniente”.
El último dossier emitido por el cuerpo especial de la Cámara baja había reflejado que, entre fines de 2019 y principios de 2020, desaparecieron 1.000 millones de dólares de Vicentin. Y, al respecto, sostuvo que “hubo una actitud ex profeso de vaciamiento de la compañía”.
En la misiva remitida a Rubeo, Vicentin también estimó que “no es conveniente ni procedente que una comisión de información y seguimiento se arrogue facultades de una comisión investigadora o, peor aún, acusadora”.
Reacción
La réplica no se hizo esperar y llegó en boca del diputado Carlos Del Frade (Frente Social y Popular, FSP): “Que respondan dónde está la plata. Los directivos de Vicentin siguen presentándose como víctimas, con soberbia y sin dar explicaciones”.
El legislador también adelantó a La Capital que solicitará que la audiencia del cuerpo especial con los directivos de la firma “sea pública” dado el peso de los temas a discutir.
A mediados de octubre, la asamblea de accionistas de Vicentin —en concurso preventivo desde febrero— alumbró un nuevo directorio con la pretensión de emitir señales de confianza hacia los acreedores y el mercado en general. Y aprobó el balance 2019, una pieza clave para el armado del rompecabezas que configura la debacle de la agroexportadora.
Omar Scarel (contador de Vicentin desde hace 30 años), Daniel Foschiatti (Servipack) y Estanislao Bougain (abogado) terminaron al frente del triunvirato que ahora procura refrescar la fachada de una cerealera cercada por las dudas del mercado, en paralelo a la incertidumbre laboral que sigue generando su crítica situación.
En ese contexto, Diego Guelar, ex embajador argentino en China durante el gobierno de Mauricio Macri, se sumó como asesor para vincular a Vicentin con la realidad macroeconómica.
La constitución del nuevo directorio coincidió con el avance de los acreedores —en especial los internacionales—, como también de las investigaciones judiciales abiertas en Estados Unidos y en Rosario por el default de la firma.
Además, la aprobación del balance 2019 a manos de la asamblea de accionistas entonó al Banco Nación (BNA), uno de los principales acreedores, a avanzar con una denuncia penal a Vicentin y sus directivos.
Respecto del concurso preventivo, y a pedido de la sindicatura, el juez Civil y Comercial Nº 2 de Reconquista, Fabián Lorenzini, prorrogó hasta el 4 de diciembre el plazo para la presentación de los informes individuales.
