El pedido de juicio político al ministro de Seguridad santafesino, Marcelo Sain, tendrá el jueves próximo ingreso formal a la comisión de la Cámara baja provincial encargada de pilotear la etapa inicial de un proceso que, según la lupa del mayoritario Frente Progresista (FPCyS), podría pasar de la hipótesis a la realidad. Aunque en ese y otros espacios opositores también depositan las expectativas en los futuros movimientos de la Casa Gris, ya que consideran conveniente que el gobernador Omar Perotti propicie la salida del controvertido funcionario antes que pagar costos superiores.
El planteo contra Sain, formalizado el miércoles pasado ante la Cámara baja por la diputada nacional por Santa Fe Lucila Lehmann y su par provincial electo Sebastián Julierac Pinasco, llegará el jueves (ayer no hubo sesión) a la comisión de Juicio Político del cuerpo. El detonante fue la viralización de un audio en el que el titular de Seguridad critica y descalifica a la policía.
Los referentes de la Coalición Cívica (CC) solicitaron para Sain el “juicio político y eventual destitución por mal desempeño en sus funciones y delito cometido en ejercicio de estas”. La comisión es presidida por el frentista Joaquín Blanco y la completan sus pares Clara García, Pablo Farías, Marlén Espíndola y Maximiliano Pullaro; Matilde Bruera y Oscar Cachi Martínez, por el PJ; Julián Galdeano (radical en Juntos por el Cambio, JxC) y Nicolás Mayoraz (Vida y Familia).
Entre las bancas del Frente Progresista deslizaron a La Capital sobre el áspero debate en puerta: “Vamos a estudiar bien el pedido de juicio político. Lo que hizo Sain puede encuadrar en ese marco y el hecho de que el planteo corra por cuenta de una diputada nacional, le otorga un peso mayor”. En la coalición opositora advirtieron también que “hay muchos (legisladores) de punta contra el ministro” y, en ese sentido, aventuraron con que un mea culpa público, o directamente su salida del gabinete de Perotti, actuarían como dique de contención.
En la oposición también recordaron que es posible suspender al funcionario en el marco del proceso, aunque consideraron que esa instancia “resultaría muy nociva” para las áreas dependientes de la cartera de Seguridad.
Para el oficialismo en Diputadas y Diputados, está claro que el avance del juicio político a Sain dependerá del ímpetu frentista. No obstante, machacaron con que la acusación “no da” y forma parte de una “operación política contra alguien que investigó como nunca antes” en territorio santafesino.
De todos modos, el bloque oficialista también deberá hace ajustes: esta semana, el diputado provincial Luis Rubeo pidió públicamente la eyección de Sain. Y Martínez es otro referente del PJ que viene objetando al funcionario.
En Juntos por el Cambio también lucieron expectantes: tras recordar que “desde un principio” solicitaron la renuncia de Sain, enfatizaron que ese camino resulta más viable que llevar al ministro a un juicio político. “Termina todo embarrado. Además, es vox populi que (el funcionario) está a punto de irse. Entonces, encarar el proceso sería darle una sobrevida”, evaluaron en voz baja.
Pasos a seguir
Según la Carta Magna provincial, la acusación no tomará forma sin previa averiguación de la comisión de Juicio Político de los hechos denunciados, con citación y audiencia del inculpado y declaración correspondiente. La causa debe ser formada por las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara baja.
Si la comisión o, en su defecto, la Cámara legislativa no se expidiesen tras 90 días hábiles dentro de los períodos ordinarios de sesiones o de prórroga, caducarán las actuaciones y el pedido de juicio político.
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La Cámara baja será epicentro de un intenso debate en torno a Sain.
De resultar admitida la acusación, Diputados designará una comisión para sostenerla ante el Senado. Finalmente, la Cámara alta tendrá a su cargo el juzgamiento del denunciado.
En tanto, no pocos advirtieron acerca de que la petición contra Sain alude al mal desempeño de sus funciones, un concepto difuso en la doctrina jurídica y constitucional. Condimento que podría sazonar el inminente debate.
En 1990, el entonces vicegobernador Antonio Vanrell enfrentó un juicio político tras el cual fue destituido por la compra irregular de juguetes por más de 1.000.000 de dólares.
