En una sesión cargada de tensión política, la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría insistir con la ley de emergencia en discapacidad, desafiando el veto que había impuesto el presidente Javier Milei. El proyecto, que obtuvo 172 votos a favor, 73 en contra y dos abstenciones —una de ellas de María Eugenia Vidal—, contó con el respaldo no solo de los bloques opositores sino también de legisladores que hasta hace poco integraban las filas de La Libertad Avanza.
La norma, que busca reforzar las pensiones y prestaciones vinculadas a la discapacidad, venía siendo impulsada por organizaciones sociales y familiares, con fuerte apoyo en la calle a través de marchas y manifestaciones.
El resultado representa un nuevo golpe para la administración libertaria, que ve tambalear uno de sus principales escudos políticos en el Congreso. Milei había defendido el veto como parte central de su programa económico y exhibía hasta ahora la disciplina de “los 87 héroes”, como denominó a su bloque oficialista. Sin embargo, las tensiones internas y los “heridos” que dejó el reciente cierre de listas nacionales terminaron debilitando ese muro legislativo.
El debate no termina acá. La pulseada se traslada ahora al Senado, donde el gobierno enfrentará un panorama todavía más complicado para sostener su rechazo a la norma.
Debate sobre discapacidad
El oficialismo no logró frenar el debate para tratar la ley de emergencia en discapacidad que fue vetada por el presidente Javier Milei. Un total de 166 diputados votó de modo afirmativo y propició que se abra la discusión para revertir la decisión del jefe de Estado.
“Qué alegría que hayamos podido habilitar... que nadie se mueva porque después de eso depende que lo podamos votar y los familiares están esperándonos para que hagamos realidad esa necesidad”, celebró la diputada Vilma Ripoll, del Frente de Izquierda.
Luego habló Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos), quien consideró que “el sistema de protección por discapacidad está atrapado en una red de normas confusas y una burocracia paralizante con organismos superpuestos”.
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“Han pasado cosas gravísimas, como haber pasado de 76.000 beneficiarios a más de 1.000.000; en algunas provincias lo cobra el 8% de la población y en algunas localidades llega al 40%, sin que guerras ni epidemias lo justifiquen. Esto alimenta la sospecha de un uso clientelar y de un nivel significativo de corrupción, que erosiona la confianza pública en el sistema”, apuntó el legislador, quien señaló que la norma en discusión, declarando la emergencia en discapacidad, “es una muy mala propuesta, pero también es muy mala la actitud del Poder Ejecutivo de no proceder a la corrección de los valores de los aranceles para la asistencia”.
Más contundente fue Christian Castillo (Frente de Izquierda): “El que vote en contra de los discapacitados va a recibir el escarnio público en cada una de las localidades del país, porque todo este colectivo está totalmente movilizado. La trascendencia de este voto es mostrar que por una vez en este Congreso se va a escuchar el clamor popular”.
La sesión de Diputados en vivo
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