Por Celia Arena (*)
El martes 21 de marzo, luego de un extenso concurso donde cada postulante debió demostrar sus habilidades y fortalezas, el gobernador Omar Perotti remitió a la Legislatura los doce pliegos que, en su conjunto, conducirán los destinos del sistema penal acusatorio de la provincia de Santa Fe. Siete cargos que cubrir en el Ministerio Público de la Acusación y cinco en el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal.
Desde el comienzo de este proceso de selección de las autoridades superiores, el mandato del gobernador a quienes conformamos el equipo avocado a llevarlo adelante fue el de administrarlo con el cuidado y la responsabilidad que los múltiples intereses que confluyen en el proceso requieren, de modo que el objetivo superior quede a resguardo: velar por el único interés de garantizar, para los próximos años, la buena administración de justicia y la eficacia de la investigación, persecución y castigo del delito. Y también que en esa tarea el Estado no corra de la escena a las víctimas, a quienes se debe garantizar su participación. Con esos lineamientos, para este equipo de trabajo el horizonte siempre estuvo claro: las santafesinas y los santafesinos necesitamos un sistema judicial que, particularmente en su faz penal, esté alineado con las exigencias que plantea una coyuntura —que aunque actual tiene su origen en, por lo menos, desde hace más de una década— donde el delito se complejiza en algunas regiones y se torna cada vez más violento y, por lo tanto, requiere una política criminal acorde.
El imperativo es la profundización en la eficacia persecutoria y en la inteligencia criminal. La política que desde el Poder Ejecutivo se viene llevando adelante con inversión en tecnología y recursos humanos, en infraestructura y en capacidades investigativas, debe ir a la par con las demás agencias estatales para que su formulación se transforme en una verdadera política de Estado. Sólo así se protegen los intereses generales de la sociedad.
Ahora es el turno de la Asamblea Legislativa que debe estudiar y debatir los acuerdos que requiere la Constitución para formalizar estas designaciones. Nuestro trabajo culminó y el balance es positivo.
En primer lugar, porque pudimos llevar adelante un concurso transparente, con un jurado integrado por hombres y mujeres, en paridad, provenientes de diferentes ámbitos vinculados a la justicia: Colegio de Magistrados, Justicia Federal, Colegios de Abogados y Universidades Públicas. Pero además un concurso cuya etapa de entrevista y oposición fue, por primera vez, transmitida en directo para que cada persona que tuviera interés en llevar adelante un control ciudadano acceda sin obstáculo alguno.
Esta decisión del gobernador de transmitir en directo cada concurso obedeció a su compromiso con la transparencia en el manejo de la cosa pública y de la democracia en todas las instituciones. No es menor si nos detenemos a pensar que el destino del sistema penal acusatorio que, en definitiva, es el sistema por el cual el Estado persigue el delito, está perfilando su rumbo para los próximos seis años. La posibilidad de la ciudadanía de informarse de primera mano al respecto es un postulado de republicanismo serio que hicimos propio.
Es de destacar que el trabajo del cuerpo evaluador fue ejemplar. Tanto es así que ninguna impugnación fue realizada en su labor. Nadie, de los y las postulantes, objetó el criterio de evaluación y sus resultados. Y, una vez cumplido, se remitieron las ternas para, de allí, conformar los pliegos a enviar.
Aquí comenzó otro trabajo del Poder Ejecutivo donde, con el gobernador a la cabeza, se repasaron todas las entrevistas, los planes de trabajo y se ponderó no sólo la trayectoria de cada postulante sino que también se prestó especial consideración a la visión de futuro que todos y todas proponían. Hay que dejar en claro que cada postulante que integraba las ternas mostró credenciales más que suficientes para acceder a los cargos, lo que habla muy bien del nivel de compromiso y formación que tenemos en la provincia de Santa Fe y de dónde se encuentra la vara con relación a su calidad institucional.
En esta visión de futuro, determinante para la decisión, se buscó a aquellas personas que decididamente piensan en un Ministerio Público de la Acusación y un Servicio Público de la Defensa Penal que debe asumir nuevos desafíos que son requeridos por la ciudadanía. Claro está que uno de ellos es la persecución del delito complejo y aquellos vinculados a la narcocriminalidad con mayor profundidad y en articulación con la Justicia Federal, según sus competencias. También buscamos que se asuma el protagonismo que el sistema penal requiere en sus cabezas de mando, con máxima actividad institucional, a la vez que se debe alejar de las tentaciones del fotismo político. Tanto el MPA como el SPPDP son órganos de la organización política pero no pueden ni deben acercarse a la política partidaria.
En todo eso entendemos está, entonces, lo que expresan los pliegos remitidos. Y aquí también se da otra novedad: por primera vez ambas cabezas del sistema acusatorio podrían quedar en manos de mujeres de inobjetable capacidad técnica, es decir de las doctoras Cecilia Vranicich (MPA) y Estrella Moreno Robinson (SPPDP).
Conscientes de la responsabilidad histórica que nos tocó asumir en este desafío somos, fundamentalmente, un gobierno que entiende que la política criminal se delinea y ejecuta con los mejores hombres y mujeres, con los estándares internacionales y con los principios y directrices que nos impone la Constitución. Sabemos que, en ellos, contamos con el compromiso de transitar un camino de superación, de mejora constante, de consolidación de lo que hasta el día de hoy se ha formado y de corrección en aquellos puntos donde la experiencia demostró que existe cierta debilidad como así también, en algunos casos, actitudes de deslegitimación social. Porque entendemos que la construcción institucional y, particularmente de la justicia, es una novela encadenada donde cada uno escribe su página sin borrar las anteriores y sabiendo que otras personas escribirán las siguientes. A eso lo llamamos política de Estado y a eso, además, fuimos llamados por la ciudadanía.
(*) Ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe