Una de las fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, María Isabel Chorobik de Mariani, solicitó ayer que el ex dictador Jorge Rafael Videla sea trasladado de inmediato a una cárcel común y que, en el futuro juicio oral, se lo condene a 50 años de prisión.
Con el patrocinio del abogado Alejo Ramos Padilla, la dirigente de Abuelas efectuó la petición y requirió que pase a la etapa del juicio oral y público la causa en la que Videla está procesado por la implementación de un "plan sistemático para la apropiación de bebés" durante la última dictadura militar.
A esos fines Chicha (como es conocida Mariani), acompañada por otras Abuelas de Plaza de Mayo, nietos y dirigentes de organismos de derechos humanos, se entrevistaron ayer con el juez federal Norberto Oyarbide, interinamente a cargo del Juzgado Federal Nº7 en el que, años atrás, el ex juez Adolfo Bagnasco procesó a Videla y otros jerarcas militares.
"No me explico cómo puede ser que aquellos que han participado en el secuestro sistemático de nuestros nietos y otros delitos aberrantes y han pretendido y pretenden lograr la impunidad puedan ser beneficiarios con esta excepción", dijo la mujer.
En ese sentido añadió que "los peligros no son pocos y ya hemos señalado cómo se organizaron (los represores) para lograr su impunidad y que aquellos que perpetraron estos delitos siguen contando con vínculos determinados en círculos que poder", se sostiene en el escrito presentado a Oyarbide.
Ramos Padilla recordó otros casos en los cuales se "revocó el arresto domiciliario a otros procesados por delitos de lesa humanidad" y sostuvo que "no pueden existir diferencias ni privilegios a favor del reo Jorge Rafael Videla", en virtud del principio constitucional de "igualdad ante la ley".
Chicha de Mariani afirmó que "aún intentamos recuperar a nuestros nietos, mientras que quien ha implementado el sistemático robo de bebés, ocultando el paradero de ellos continúa generando dolor y angustia y es beneficiado con esta excepción que contraría el más elemental sentido de justicia".
"Muchas de nosotras ya han fallecido sin obtener una mínima respuesta judicial, mientras que el genocida Jorge Rafael Videla continúa en su casa amparado en elucubraciones jurídicas inadecuadas y contrarias a los más elementales principios de justicia que se han utilizado desde los estrados judiciales para mantener la impunidad".
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