Pullaro se sube al ring de la investigación sobre espionaje

La causa que investiga presunto espionaje ilegal desde el Ministerio de Seguridad promete nuevos rounds de polémica, confrontación y confusión política. Y ello porque este viernes la Justicia le permitió subir al ring a una contraparte de peso: el diputado provincial y ex ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro.

La investigación tiene en el ojo de atención al también ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, un viejo amigo ( “persona más capacitada del país”, lo elogió antes de abandonar el cargo en 2019 en una radio de Rosario) que devino en un adversario de fuste. Ambos se vienen sacando chispas desde la sospecha de que se políticos, empresarios, jueces y periodistas fueron espiados de manera ilegal y ello terminaría en una investigación del MPA con la provincia como querellante y haciendo, además por su parte, un sumario de investigación.

Aunque días atrás el fiscal de Estado le dijo a la mayoría de los diputados provinciales que lo visto hasta ahora en su propia pesquisa administrativa lo conduce a la presunción personal de que no existió tal comisión delictual. En esa reunión algunos diputados, Carlos De Frade por caso, más allá de ratificar su solidaridad, le dijo a Pullaro que presumir espionaje ilegal no significaba que estuviera probado que lo hubieran espiado desde la misma cartera que poco tiempo antes él mismo conducía.

Para entonces Pullaro ya había sido anoticiado de que podría figurar entre los espiados durante la gestión de su sucesor y ex amigo. A Sain lo trajeron a la provincia durante las gestiones del socialismo para hacerse cargo de la oficina de investigación del MPA, cargo de ganó por concurso y del que tomó licencia para asumir como ministro de Seguridad, sucediendo a Pullaro, cuando Omar Perotti hizo lo propio en 2019 con Miguel Lifschitz en la Casa Gris.

Desde aquellos elogios del radical, el deterioro de la relación fue pública. En febrero pasado, Sain -quien fue eyectado del MPA suspendido por la Legislatura y hoy revista en el Ministerio de Seguridad de la Nación- acusó a Pullaro de haber sido él quien armó el sistema de recaudación de datos personales que configurarían el supuesto espionaje ilegal del que poco se conoce. Hace muy poco se levantó el secreto de sumario sobre la investigación y aún así los fiscales que la llevan adelante se oponen a ello.

La causa trastrocó en un verdadero trailer de misterio. Hubo un allanamiento al Ministerio para secuestrar pruebas, se habla de pruebas alteradas, fueron despedidos los funcionarios que había ungido Sain, la provincia inicio un sumario y luego se sumó a la causa pidiendo ser querellante, la Legislatura interpeló el Fiscal de Estado.

En el medio, se reveló que sobre Pullaro (quien en medio de todo el escándalo no deja de elevar su perfil en la atención mediática) habrían pesado planes para secuestrarle sus hijos de parte de un narco que está siendo juzgado, por lo que el comité nacional de la UCR, el partido en que milita, pidió al gobierno y Justicia santafesina que garantice la seguridad del legislador y su familia.

Pullaro y Sain se vienen sacando chispas desde la sospecha de que se políticos, empresarios, jueces y periodistas fueron espiados de manera ilegal Pullaro y Sain se vienen sacando chispas desde la sospecha de que se políticos, empresarios, jueces y periodistas fueron espiados de manera ilegal

Este viernes, en un audiencia rápida y sencilla, la jueza penal, Susan Luna, comunicó que aceptaba sumar a Pullaro como querellante tal como había pedido su abogado , Pablo Cococcioni. El trámite realizado en los tribunales de la capital provincial es casi de rutina y en la audiencia también estuvieron los fiscales del caso, Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández, el fiscal de Estado Rubén Weder, que ya es querellante, y los defensores Juan Lewis, Augusto Martínez y Nicolás Mosconi (de la defensa pública).

Frente a ellos la magistrada comunicó su favor al pedido y denegatorio del rechazo de los fiscales.

En su fallo, la jueza sostuvo que no hay ningún motivo para que Pullaro no sea admitido como parte de la investigación, tal como pidieron los abogados de un grupo de ex funcionarios que se opusieron a que el diputado sea querellante.

Juan Lewis, abogado de cinco de los ex funcionarios acusados en Santa Fe de espionaje ilegal, sostiene que no se han ventilado hasta el momento “precisiones fácticas” que coloquen a Pullaro como víctima del caso. “Un artículo periodístico no puede ser pretendido como argumento para constituirse como querellante”, dijo el también ex ministro de la gestión del socialista Antonio Bonfatti para desacreditar la fuente que el radical habría usado para afirmar que figuraba en una lista de supuestos espiados.

Va de suyo que el abogado de Sain; Hernán Martínez, se opuso calificando de prematura la decisión de la jueza Luna y la inclusión del antecesor de su defendido como querellante en la causa “porque podría resultar que termine imputado”.

Martínez sostiene la hipótesis que sostuviera públicamente Sain en cuanto a que el sistema para recopilar datos sobre ciertas personas fue armado por Pullaro “y eso se sabrá cuando se terminen los peritajes sobre las bases de datos que usó su gestión en el Ministerio para crear perfiles de investigación” y pidió, con toda intencionalidad, “que la justicia no se deje usar con fines políticos para crear un eventual candidatura”.

La hipótesis que sostiene la defensa de Sain es que Pullaro sobreactúa “una suerte victimización” en busca de incrementar su notoriedad social con fines electoralistas de cara a los comicios del año que viene.

El MPA no habla de espionaje sino de “perfilamientos” un medio por el cual la cartera de Seguridad traza una suerte de seguimiento de determinados objetivos que pueden ser o son de interés.

Cuando se ordenó allanar las oficinas del Ministerio, el MPA se llevó computadoras y documentación para determinar la existencia de órdenes de perfilamiento a personas que no eran objeto de investigación y, por ende, de allí surgiría que podrían haber sido espiados ilegalmente sin orden de un juez.

La versión surgida en las últimas sobre presunta alteración de alguna de esas pruebas motivó que en la tarde de este viernes el MPA emitiera un comunicado de prensa. Así de sensibles están los ánimos en torno a la causa. Dice textualmente el órgano fiscal:

"A raíz de que en las últimas horas se hizo pública información relacionada a una investigación a una asociación ilícita que tramita en la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1, se informa que:

* Todos los dispositivos, material y documentación legalmente secuestrados en el marco de esa investigación, están correctamente preservados. En tal sentido, se respetó la cadena de custodia.

* Todas las diligencias ordenadas se realizaron con previa notificación a las partes intervinientes en el proceso y fueron llevadas a cabo con el correspondiente control de los abogados defensores y/o delegados técnicos de las personas investigadas. Lo mismo ocurrió con la pericia que trascendió en las últimas horas, la cual, además, fue filmada y fotografiada mientras era concretada. De la filmación del acto se advierte la presencia del dispositivo de almacenamiento en el lugar correspondiente de la computadora examinada”.