Piden garantizar transparencia en la designación de nuevas autoridades del MPA

Al tiempo que despunta la carrera por la nueva conducción del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en Santa Fe, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del organismo solicitó al gobernador Omar Perotti y a los otros dos poderes de la provincia “un mecanismo que garantice transparencia, publicidad, excelencia, celeridad y paridad y perspectiva de género" del proceso por venir.

A principios de septiembre próximo, la Secretaría de Justicia provincial abrirá la inscripción a los concursos para cubrir los cargos máximos en el MPA, que vencen en abril de 2023.

Resta definir las fechas de inscripción y la modalidad del concurso, y crece la expectativa por las sucesiones del fiscal general, Jorge Baclini, y la titular del Servicio Público de la Defensa, Jaquelina Balangione (cargos sin reelección). Lo propio ocurrirá con la Fiscalías Regionales y la Auditoría General de Gestión.

En ese sentido, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPA solicitó, a través de un comunicado, “un mecanismo que garantice transparencia, publicidad, excelencia, celeridad y paridad y perspectiva de género“ en el proceso.

También cuestionó que en el MPA haya existido una “etapa de deslegitimación interna y pública, fruto de las acciones de autoridades seleccionadas sin ningún rigor técnico o moral”.

Por ese motivo, la entidad pidió “sensibilizar a las autoridades superiores de la provincia sobre la importancia medular de que el proceso de designación y selección sea orientado con absoluta seriedad técnica y con una profunda generosidad política”.

Puntos clave

La asociación, que preside la fiscal Gisela Paolicelli, destacó los puntos a considerar para que la designación de autoridades del MPA tenga legitimidad institucional, técnica y social:

Publicidad suficiente y debidamente anticipada de las condiciones de postulación y de los criterios y mecanismos que habrán de utilizarse para realizar el proceso de selección. Y de todos los documentos que integren el trámite administrativo y de los perfiles de los postulantes.

Excelencia técnica: integración de los tribunales de evaluación con profesionales y referentes de reconocida trayectoria nacional, como profesores/as titulares o eméritos/as de universidades nacionales en materias pertinentes a la función, procuradores/as y fiscales/las generales o ex procuradores/as o fiscales/las generales de provincias o de la Nación, referentes de organizaciones de la sociedad civil de reconocida trayectoria en las temáticas afines e integrantes o ex integrantes de organismos internacionales involucrados en la temática del sistema de justicia penal.

Participación de los integrantes del MPA: "Una vez más, postulamos el reclamo de los fiscales para que se nos brinde participación en los procesos de selección de autoridades de la institución, por intermedio de las asociaciones que nos nuclean", planteó.

Paridad y perspectiva de género. Debería garantizarse la paridad y la perspectiva de género, tanto en la integración de los tribunales de evaluación, como en los criterios de selección de las personas elegidas para ocupar cargos.

Transparencia y razonabilidad. Las calificaciones de los antecedentes y de las pruebas de oposición deberían realizarse y documentarse de forma separada y específica, con un detalle particularizado de los puntajes asignados, evitando confundir la calificación técnica con la discrecionalidad política en las instancias de selección.

Evaluación de las/los candidatas/tos sobre la base de la presentación y defensa de un plan de gestión y de orientación político criminal. No resulta aceptable que, como ha ocurrido en oportunidades anteriores, la prueba de oposición consista en una entrevista más o menos carente de sistemática, sobre conocimientos jurídicos generales. La selección de estas autoridades debería realizarse sobre la base de un plan de trabajo que incluya pautas de gestión y de política criminal. Esos planes, además, deberían contener objetivos claros, medibles y evaluables, y ser puestos a disposición de la comunidad y del escrutinio público.

Publicidad de las instancias orales de oposición. Las instancias de oposición deberían ser videotransmitidas a través de plataformas online, garantizando la máxima publicidad y transparencia.

Utilización de la discrecionalidad política y participación ciudadana. Una vez seleccionados/das las personas cuyo pliego haya de ser enviado a la Legislatura para su aprobación debería generarse una instancia de audiencias públicas generales, con posibilidad de participación de la sociedad civil, en las que las personas cuyo pliego se promueva respondan a las inquietudes de la comunidad.

En los últimos años, los señalamientos sobre afinidades partidarias de los fiscales detonaron discusiones acerca del funcionamiento del MPA.