Por Javier Felcaro
Foto: Archivo / La Capital.
Perotti busca definir con todo el arco político un plan de acción frente a una ola de inseguridad sin dique, sobre todo en el sur santafesino.
La convocatoria del mandatario santafesino, Omar Perotti, a los equipos técnicos en seguridad —un problema que tensa tanto la gestión como la campaña que despunta— de todos los precandidatos a gobernador que competirán en los próximos comicios para consensuar un plan de acción arrancará, finalmente, a mediados de junio. Es que la Casa Gris resolvió tonificar las tratativas sentando también a la mesa a referentes del Poder Judicial provincial.
Bordeando la mitad de mayo pasado, Perotti llamó a los equipos técnicos de los precandidatos a sucederlo para acordar un plan destinado a enfrentar la problemática que inquieta en mayor proporción a los santafesinos.
La tarea recayó, del lado del Ejecutivo, en los ministros Celia Arena (Gobierno) y Claudio Brilloni (Seguridad). En paralelo, la convocatoria se hizo extensiva a las universidades e instituciones intermedias, al tiempo que fueron activados los contactos informales.
Sin embargo, los funcionarios pospusieron la búsqueda de puntos de coincidencias en torno a un eventual plan de trabajo frente a la crisis de inseguridad hasta la oficialización de las trece precandidaturas a la Gobernación, que se concretó el miércoles, por parte del Tribunal Electoral Provincial (TEP).
Aunque, posiblemente acicateado por los reparos esgrimidos tanto por opositores como por dirigentes oficialistas, el gobierno decidió incorporar al debate a la Justicia y al Ministerio Público de la Acusación (MPA), según deslizaron a La Capital en los pasillos de la Casa Gris.
El MPA viene de estrenar la conducción de María Cecilia Vranicich, quien de inmediato ordenó —en modo barajar y dar de nuevo— la intervención de su Organismo de Investigaciones, el área que analiza el entramado de la violencia en territorio santafesino y asiste a los fiscales en las pesquisas de los delitos complejos.
Acerca del llamamiento de Perotti, para algunos sectores de la oposición resulta tardío y persigue meramente el objetivo de correr la problemática de la inseguridad de la puja electoral. No obstante, el gobernador replicó a esas voces (que igual darán el presente en la convocatoria) con el déficit de gestión experimentado durante los doce años de gestión del Frente Progresista.
Pero la ola de violencia también golpea a la nueva coalición opositora Unidos para Cambiar Santa Fe: en el marco de una competitiva interna por la Gobernación, la radical Carolina Losada aludió al pasado de su correligionario Maximiliano Pullaro como ministro de Seguridad provincial (de 2015 a 2019).
“Tiene mucho que hablar y explicar respecto de lo que hizo en su momento”, afirmó la senadora nacional sobre el diputado santafesino, para luego subrayar: “No soy la candidata del narcotráfico”.
En la vereda del oficialismo, en tanto, el rossismo y —principalmente— el Movimiento Evita también advirtieron que la búsqueda de consenso para frenar la inseguridad está desfasada en el tiempo.
Incluso en el Evita, como consecuencia del reciente asesinato a balazos del militante rosarino Ariel Leguizamón y posterior incendio intencional de la casa de su cuñada, Eduardo Toniolli (diputado nacional y precandidato a gobernador) aseveró: “Es inadmisible que, con el presupuesto con el que cuenta la cartera de Seguridad, no haya políticas serias de cuidado de los familiares de las víctimas, hostigados por las mafias para que no denuncien”.
Toda eventual transición en materia de seguridad que pueda llegar a acordarse en Santa Fe luce condicionada por una estadística que, en lo inmediato, refleja el cierre de mayo con un asesinato por día en el departamento Rosario (con junio ya en marcha, suman 135 crímenes a lo largo de 2023).
Paralelamente, la Legislatura provincial tiene pendiente la sanción de la nueva emergencia en seguridad pedida por Perotti a principios de año.
En abril, Diputados había ampliado la ley de emergencia (remitida con media sanción por la Cámara alta) y, desde ese momento, quedó en la columna del debe en el Senado.
La Cámara baja había modificado la emergencia en seguridad extendiendo su duración hasta 2025, con posibilidad de prórroga, y asignando más fondos para las áreas de investigación criminal.
“Continuamos esperando el tratamiento de la emergencia con las modificaciones realizadas en Diputados. Dijimos que sería una pérdida de tiempo no avanzar rápido. Pero el PJ (mayoría en el cuerpo) sigue rechazando nuestra propuesta: una ley que vaya más allá del actual gobierno”, se lamentaron —en voz baja— entre las bancas no peronistas.
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