El presidente electo Javier Milei confirmó sus intenciones de privatizar la Televisión Pública, Radio Nacional y la agencia nacional de noticias Télam.
El presidente electo Javier Milei confirmó sus intenciones de privatizar la Televisión Pública, Radio Nacional y la agencia nacional de noticias Télam.
“Consideramos que la Televisión Pública se ha convertido en un mecanismo de propaganda. Durante la campaña, el 75% del tiempo que se habló de nuestro espacio se hizo de una manera muy negativa, abonando la campaña sucia, la campaña del miedo”, planteó en una entrevista concedida al periodista Eduardo Feinmann en radio Mitre.
“No adhiero a esas prácticas de tener un Ministerio de Propaganda encubierto: tiene que ser privatizado. Lo mismo con Radio Nacional. Todo lo que pueda estar en manos del sector privado, va a estar en manos del sector privado”, remarcó. “¿Y la agencia Télam?”, quiso saber Feinmann. “Absolutamente”, fue la respuesta de Milei.
La diputada nacional electa por La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, ya había anticipado a mediados de noviembre la idea de La Libertad Avanza de privatizar los medios de comunicación estatales. “Vamos a cerrar la TV Pública, vamos a privatizar la TV Pública. Los medios públicos se van a privatizar, así que procurá ser una buena trabajadora”, dijo en aquel momento.
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En respuesta, los trabajadores de la TV Pública emitieron un comunicado donde condenaron esas afirmaciones. “Repudiamos la amenaza vertida por Lilia Lemoine al equipo periodístico de TVP Noticias que le realizó la entrevista”, manifestaron en su cuenta de la red social X, antiguamente conocida como Twitter.
Desde la Defensoría del Público también destacaron, en su momento, el rol de los medios públicos “en la construcción de una sociedad democrática y plural que prioriza el derecho a la comunicación, la expresión y la participación de todas las voces”. Resaltaron que el “derecho a la comunicación es un bien social. Las actividades realizadas por los servicios de comunicación audiovisual son de interés público y fundamentales para el desarrollo sociocultural de la población”.
“Cualquier intento de desconocer la legislación vigente atenta contra la democracia y la participación ciudadana”, afirmó la Defensoría.
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