Congreso. Moreau, presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, volvió a citar al procurador.
El procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, fue citado por la Comisión de Inteligencia del Congreso nacional para que dé explicaciones sobre la mesa judicial armada durante la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal. Sin embargo, se excusó de asistir hoy a la cita y pidió responder por escrito. Ante eso, la bicameral volvió a convocarlo para el 27 de enero próximo.
Conte Grand fue citado tras la difusión de las imágenes de una reunión de 2017 en la que exfuncionarios de la gestión de Vidal _uno de ellos propiciando formar una Gestapo_, ex directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y empresarios analizaban estrategias para armar causas judiciales contra referentes del sindicales.
Después de que el funcionario bonaerense se excusara e asistir y ofreciera responder por escrito, el presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, Leopoldo Moreau, volvió a citarlo para el jueves 27 de enero a las 12.
“Su comparecencia responde a la posibilidad a dar respuesta a requerimientos de carácter político-institucional que los legisladores de la subcomisión de investigación parlamentaria convocada con motivo de una denuncia solicitaron realizarle”, le respondió Moreau a Conte Grand.
Para Moreau, la respuesta de Conte Grand “limita el ejercicio de las facultades parlamentarias propias”, de la Comisión Bicameral.
El audio de la filmación de la reunión de 2017 reveló que algunos de los asistentes aludían a la colaboración asegurada de una fiscal y de la Procuración General con el objetivo de perjudicar a sindicalistas.
El jueves pasado, el comisario bonaerense Hernán Cassasa confirmó a los legisladores de ese cuerpo que son de su autoría los audios en los que menciona el accionar de la “mesa judicial” macrista y en los cuales se detalla quiénes eran los funcionarios que la integraban.
Cassasa, que ostentaba el grado de subcomisario en 2017, declaró ante los miembros de ese grupo de trabajo, integrado por los diputados oficialistas Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, y el legislador de Juntos por el Cambio (JxC) Miguel Angel Bazze.
Tailhade remarcó además que el ex presidente entregó teléfonos encriptados “a alrededor de 150 personas, muchas de las cuales no tenían absolutamente nada que ver ni con la AFI ni con el propio gobierno nacional como, por ejemplo, Daniel Angelici, Nicolás Caputo, el abogado personal de Macri, parte del equipo de Vidal y la propia exgobernadora”.
Por otra parte, el diputado miembro de la Bicameral dijo que “los 23 gremios que fueron intervenidos por la gestión macrista” pueden denunciar ante ese grupo parlamentario “si la AFI participó eventualmente del armado de alguna causa contra ellos o en procedimientos que hayan terminado con una intervención”.
Hasta el momento, la comisión cuenta con denuncias de Uocra de La Plata, el sindicato de Fleteros, el sindicato de Astilleros Río Santiago y de Camioneros, entre otros, según detalló el diputado.
Mientras tanto, la Justicia empezó a orientar hacia el expresidente Mauricio Macri la investigación sobre el accionar de la mesa judicial bonaerense.
Es que el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó a la Secretaría General de la Presidencia que informe si en el registro de visitas del 2017, tanto a la Casa Rosada como a la Quinta de Olivos, figura el nombre de Vidal o de alguno de los asistentes a la reunión realizada ese año en la sede porteña del Banco Provincia, que originó la investigación.
La filmación de ese encuentro, en el que -de acuerdo con los audios- se analizó cómo armar causas judiciales para perseguir a gremialistas en la provincia de Buenos Aires, motivó primero una denuncia penal presentada por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), a cargo de la interventora Cristina Camaño, y luego, la imputación de todos los asistentes: exfuncionarios de Vidal, de la propia AFI y empresarios bonaerenses.
Ahora el magistrado quiere saber si alguno de ellos visitó la Casa Rosada o la Quinta de Olivos entre mayo y el 31 de diciembre del 2017, detallaron las fuentes, que indicaron que Kreplak dispuso otras medidas.
